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El Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) destacó el anuncio del Gobierno de reducir en 40% la tramitología del sector minero, mediante la eliminación de 27 permisos y la simplificación de otros 14. Sin embargo, advirtió que estas medidas deben traducirse en procedimientos más eficientes y predecibles que permitan acelerar las inversiones y facilitar el desarrollo de nuevos proyectos mineros en el país, sostuvo Roberto Maldonado, vicepresidente del IIMP, quien señaló que la simplificación administrativa representa una señal positiva para fortalecer la competitividad del Perú, especialmente en un escenario internacional favorable para los minerales.
En una columna del Semáforo Minero, el representante gremial explicó que los proyectos mineros requieren inversiones de largo plazo, por lo que las demoras en los procedimientos administrativos postergan oportunidades de producción, generación de empleo, contratación de proveedores y mayores recursos económicos para las regiones.
En ese sentido, enfatizó que el país necesita convertir su potencial geológico en proyectos concretos, mediante un marco regulatorio que facilite la inversión responsable, sin descuidar el cumplimiento de los estándares ambientales y técnicos.
Maldonado también señaló que los esfuerzos para agilizar las inversiones deben complementarse con una solución definitiva para la pequeña minería y la minería artesanal.
Al respecto, consideró que la propuesta de una nueva Ley MAPE y la creación del Fondo de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Formape) representan una oportunidad para establecer una ruta de formalización viable, con requisitos y plazos claros.
Asimismo, sostuvo que el anunciado cierre del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), previsto para el 31 de diciembre de este año, debe dar paso a un sistema que permita avanzar hacia la legalidad a quienes realmente buscan formalizar sus actividades.
El vicepresidente del IIMP remarcó que este proceso debe garantizar el cumplimiento efectivo de las obligaciones ambientales, técnicas, laborales y de seguridad, diferenciando a los pequeños productores que buscan incorporarse a la formalidad de las organizaciones vinculadas a la minería ilegal.
Por otro lado, Maldonado advirtió que la expansión de la minería ilegal representa una amenaza para el desarrollo de importantes proyectos de inversión en el país.
Según un análisis del Instituto Peruano de Economía (IPE), proyectos como Michiquillay, en Cajamarca, y Los Chancas y Haquira, en Apurímac, figuran entre las iniciativas afectadas por esta actividad ilícita. En conjunto, estos proyectos representan inversiones superiores a los US$ 12.000 millones.
Frente a este escenario, el representante del IIMP subrayó la necesidad de que el Estado recupere el control de los territorios afectados por la minería ilegal, garantice la seguridad de las comunidades y proteja el desarrollo de las inversiones formales.
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