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Puntos clave
- Cartera de inversión: US$ 105.000 millones en proyectos mineros estructurados en tres pilares: cobre, litio y minerales críticos
- Producción esperada: Duplicar la producción minera chilena de US$ 55 mil millones anuales (2024) antes de 2034
- Posición global: Chile mantiene el 27% de la producción mundial de cobre con 5,8 millones de toneladas métricas anuales
- Desafío Codelco: La empresa estatal enfrenta crisis de producción que requiere modernización urgente de infraestructura
| Mineral | cobre, litio, minerales críticos |
| Inversión | US$ 105.000 millones |
| Región | Chile, Pacífico Sur |
US$ 105.000 millones en diez años. Esa es la apuesta que el gobierno chileno puso sobre la mesa en IMARC 2026 ante inversionistas y operadores de todo el mundo — la cartera minera más ambiciosa que el país ha presentado en su historia reciente, estructurada sobre tres pilares: cobre, litio y minerales críticos. El subsecretario de Minería, Álvaro González, fue explícito: el objetivo no es acumular potencial en el papel, sino convertirlo en producción concreta antes de 2034.
Una cartera que redefine el horizonte de inversión en el Pacífico Sur
Los US$ 105.000 millones no son una proyección de deseos. Son el agregado de proyectos en distintas etapas — desde prefactibilidad hasta construcción avanzada — que el gobierno chileno identificó, estructuró y presentó con nombre y apellido ante la comunidad inversora global. La cifra equivale a casi dos veces el valor de la producción minera chilena de 2024, estimada en alrededor de US$ 55.000 millones. Esto es, en términos prácticos, duplicar el sector en una década.
Para Chile, que ya produce el 27% del cobre mundial con aproximadamente 5,8 millones de toneladas métricas al año, la escala de esta cartera tiene una lectura doble. Por un lado, reconoce que la infraestructura productiva actual envejece y que Codelco — la mayor productora estatal de cobre del planeta — lleva varios años en una crisis de producción que la propia empresa ha reconocido públicamente. Por el otro, proyecta que el país tiene músculo geológico para sostener su liderazgo global si logra destrabar los cuellos de botella regulatorios y de financiamiento que han frenado decisiones de inversión en los últimos cinco años.
La presentación en IMARC no fue casual. El International Mining and Resources Conference concentra capital institucional, bancas de inversión especializadas y directorios de las grandes mineras globales. Elegir ese foro para desplegar la cartera indica que Chile busca competir activamente por capital en un momento en que Perú, Argentina y Ecuador también presionan al mercado con sus propias agendas de desarrollo.
Cobre, litio y críticos: tres velocidades, tres lógicas de riesgo
La cartera no es homogénea. Dentro de los US$ 105.000 millones conviven proyectos con rentabilidades y perfiles de riesgo radicalmente distintos, y entender esa diferencia es clave para saber qué porción de esa cifra se materializará realmente antes de 2034.
El cobre sigue siendo el núcleo. Proyectos como la expansión subterránea de Los Bronces de Anglo American — con una inversión estimada en más de US$ 3.000 millones — y el ramp-up de Quebrada Blanca Phase 2 de Teck representan el segmento más maduro de la cartera. Son activos con estudios de factibilidad completos, financiamiento parcial comprometido y operadores con musculatura para ejecutar. El riesgo principal aquí no es técnico: es hídrico y regulatorio.
El litio opera en otra dimensión. El partnership entre SQM y Codelco, formalizado en 2025, reconfiguró la estructura de la industria en el Salar de Atacama y creó un nuevo modelo de gobernanza que el gobierno presenta como estabilidad para futuros operadores. Sin embargo, la demanda global de litio sigue bajo presión de precios — el carbonato cotiza muy por debajo de los picos de 2022 — y cualquier proyecto nuevo de litio en Chile necesita demostrar costos operativos que compitan con Australia y Argentina. No todos los proyectos en cartera pueden hacerlo.
Los minerales críticos — cobre refinado, cobalto, manganeso, tierras raras en menor escala — son el segmento con mayor narrativa política pero menor desarrollo técnico. Chile los posiciona como parte de su oferta para cadenas de valor de la transición energética, pero la mayor parte de estos proyectos sigue en etapas tempranas. Son la promesa de la cartera, no su columna vertebral.
Las medidas para acelerar: el fondo de la cuestión
El anuncio de González en IMARC no se limitó a presentar la cartera. El gobierno acompañó la cifra con un paquete de medidas orientadas a acelerar la toma de decisiones de inversión. Los detalles específicos de ese paquete aún se procesan en la industria, pero la señal política es clara: con el presidente Kast, Chile apostó por un giro pro-mercado que busca revertir la percepción de incertidumbre regulatoria que se instaló durante el período constituyente.
Esa percepción tuvo costos concretos. Entre 2021 y 2023, varios proyectos de mediana envergadura postergaron sus decisiones de construcción o trasladaron exploraciones hacia Perú y Argentina. El royalty minero de 2024 — con su estructura progresiva sobre margen operacional — generó controversia inicial, pero el mercado lo asimiló mejor de lo esperado una vez que los parámetros quedaron claros. La certeza jurídica, aunque sea en torno a reglas complejas, vale más para un inversionista institucional que la ambigüedad de reglas simples.
El nudo más difícil sigue siendo el agua. Más del 70% de los proyectos nuevos en el norte de Chile — donde se concentra el grueso de la cartera cuprífera — depende de desalinización. Eso agrega entre US$ 0,05 y US$ 0,12 por libra de cobre al costo operativo, según el tipo de proyecto y la distancia de bombeo desde la costa hasta los yacimientos en altura. Para operaciones con All-In Sustaining Costs ya ajustados, ese diferencial puede ser la diferencia entre un proyecto bancable y uno archivado. El gobierno no puede resolver la geografía, pero sí puede agilizar los permisos ambientales para infraestructura hídrica — y eso es exactamente lo que la industria espera ver en los próximos meses.
Codelco: el elefante en la sala
Ninguna discusión sobre la cartera minera chilena puede ignorar a Codelco. La estatal produce alrededor de 1,5 millones de toneladas de cobre al año — una fracción de lo que producía hace una década — y enfrenta un ciclo intensivo de inversión en sus minas más antiguas: El Teniente, Chuquicamata subterránea y Radomiro Tomic, entre otros. Esos proyectos de sostenimiento consumen capital que, de otra manera, podría destinarse a nuevos desarrollos.
La paradoja de Codelco es estructural: necesita invertir para no perder producción, pero al invertir para no perder producción, dificulta su capacidad de crecer. El gobierno chileno ha gestionado esa tensión inyectando capital vía aportes del fisco, pero la magnitud del desafío sigue siendo enorme. Si Codelco no estabiliza su producción antes de 2027, parte del optimismo detrás de los US$ 105.000 millones pierde coherencia — porque la infraestructura base del sistema eléctrico, hídrico y logístico del norte depende en gran medida de que Codelco siga operando a escala.
El contexto regional: competencia por capital
Chile no presenta esta cartera en el vacío. Perú — tercer productor mundial de plata y décimo de cobre — lleva dos años intentando recomponer la confianza inversora tras una ola de conflictos sociales que bloqueó proyectos como Conga y tensó el entorno de Las Bambas. Argentina activó el RIGI en 2024 para atraer inversión en litio y cobre con beneficios fiscales agresivos vigentes hasta 2027. Ecuador avanza en Mirador y Fruta del Norte con operadores chinos y canadienses.
En ese mapa, Chile tiene ventajas estructurales que ningún competidor regional iguala: infraestructura minera consolidada, sistema judicial predecible, acceso a financiamiento internacional y un capital humano técnico que tardó décadas en construirse. Pero tiene también desventajas que la cartera no resuelve por sí sola: costos operativos entre los más altos de la región, tensiones con comunidades indígenas en el norte y una burocracia de permisos que, aun con mejoras, sigue siendo más lenta que la de Australia o Canadá.
US$ 105.000 millones hacia 2034 es un número que exige ser tomado en serio — no como promesa, sino como desafío de ejecución. Chile tiene la geología, tiene los operadores y tiene, desde 2025, un gobierno dispuesto a defender esa agenda ante el capital global. Lo que falta es demostrar que el aparato institucional puede convertir esa voluntad política en permisos firmados, concesiones entregadas y palas en la tierra. Los inversionistas en IMARC escucharon el número. Ahora esperan el cronograma.