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Una reforma integral del régimen de la Ley 24.196 elimina avisos previos, digitaliza el recupero del IVA, crea un registro único por proyecto y reemplaza autorizaciones de importación por declaraciones juradas. GEMERA sostiene que el nuevo esquema puede liberar capital para nuevas campañas de perforación.
La exploración minera argentina entra en una nueva etapa administrativa.
Un paquete de ocho normas dictadas entre julio de 2025 y octubre de 2026 modificó procedimientos centrales de la Ley 24.196 de Inversiones Mineras y avanzó sobre uno de los reclamos históricos de las empresas exploradoras: reducir los tiempos y la carga burocrática asociados con los beneficios fiscales.
El cambio más sensible aparece en la devolución del IVA vinculado con tareas de exploración.
La legislación mantiene el requisito de que transcurran 12 períodos fiscales desde el momento en que el crédito resultó computable, pero una vez iniciado el pedido se fijan ahora plazos máximos para su evaluación administrativa.
La Secretaría de Minería contará con hasta 30 días hábiles administrativos para evaluar la pertinencia técnica de la solicitud.
ARCA tendrá luego un plazo que tampoco podrá superar los 30 días hábiles, siempre que el expediente esté completo y no existan requerimientos pendientes.
El recupero del IVA pasa al sistema digital
Hasta ahora, las empresas señalaban que el recupero del impuesto podía transformarse en un problema financiero durante la etapa de exploración.
En ese período todavía no existe producción comercial ni ingresos provenientes de la mina, pero sí fuertes desembolsos en perforaciones, geología, geofísica, laboratorios, ensayos y servicios especializados.
El IVA pagado sobre esos gastos puede convertirse entonces en capital inmovilizado.
El nuevo esquema incorpora la tramitación al Sistema Integral de Recupero (SIR) de ARCA y articula las presentaciones con la plataforma de Trámites a Distancia (TAD).
La reforma también simplifica la documentación exigida.
El Decreto 482/2026 establece que, para la evaluación del crédito fiscal, la documentación debe concentrarse en facturas, comprobantes de pago y los elementos necesarios para acreditar que los bienes y servicios están directamente vinculados con las actividades exploratorias.
Ya no será obligatorio avisar antes de explorar
Otra modificación importante es la eliminación de la obligación de notificar previamente el comienzo de determinados trabajos exploratorios.
El Gobierno justificó el cambio como parte de una simplificación del régimen vigente desde hace más de tres décadas.
El Decreto 482/2026 establece expresamente la supresión de ese aviso previo y limita la posibilidad de requerir documentación adicional a aquella estrictamente necesaria para verificar el crédito fiscal solicitado.
Para las compañías, esto implica reducir pasos administrativos antes de iniciar campañas en terreno.
El control, sin embargo, no desaparece.
Las empresas deberán continuar acreditando la titularidad de los derechos mineros, contar con la aprobación ambiental correspondiente y demostrar que los gastos incluidos en el pedido tienen relación directa con el proyecto explorado.
Un registro único para ordenar cada proyecto
La reforma creó además el Registro de Inversiones Mineras (RIM).
El nuevo sistema identifica a cada beneficiario mediante su CUIT y asigna códigos específicos a los proyectos declarados.
Todas las gestiones vinculadas con el régimen deberán realizarse de manera digital a través de TAD.
La modificación busca dejar atrás un esquema centrado exclusivamente en la empresa y pasar a una trazabilidad más precisa por proyecto.
Cada desarrollo deberá informar su etapa, características técnicas, plan de inversiones y derechos mineros asociados.
La normativa también permite actualizar, modificar o incorporar proyectos dentro del registro sin volver a iniciar todo el procedimiento de inscripción de la empresa.
Importaciones mineras con declaración jurada
El segundo gran cambio alcanza a las importaciones realizadas con el beneficio del artículo 21 de la Ley 24.196.
Ese artículo permite importar determinados bienes de capital, equipos, partes, repuestos e insumos destinados a la minería con exención de derechos y otros gravámenes.
Hasta ahora, el procedimiento estaba apoyado en autorizaciones administrativas previas.
La Resolución 73/2026 reemplazó ese modelo por una declaración jurada digital de destino minero, que se integra con la Ventanilla Única de Comercio Exterior Argentino —VUCEA— y el Sistema Informático Malvina.
La autoridad minera debe remitir la declaración a Aduana en un plazo máximo de cinco días hábiles administrativos.
El enfoque cambia así de un control principalmente previo a otro basado en declaración jurada, trazabilidad electrónica y fiscalización posterior.
Bienes usados y reacondicionados también entran en el régimen
La nueva reglamentación incorporó además precisiones para importar bienes usados o reacondicionados.
Un equipo reacondicionado deberá acreditar que fue sometido a un proceso de restauración, reconstrucción o remanufactura que restituya sustancialmente sus condiciones de funcionamiento y seguridad.
La certificación podrá provenir del fabricante original, una entidad técnicamente idónea o un profesional independiente habilitado.
La medida puede ampliar las alternativas disponibles para proyectos que necesitan maquinaria especializada pero no necesariamente equipamiento nuevo.
También se establecen mecanismos de seguimiento sobre el destino posterior de esos bienes.
El control se traslada hacia la trazabilidad
La simplificación no significa ausencia de fiscalización.
La reforma intenta modificar el momento en que se realiza.
En importaciones, la declaración jurada queda asociada electrónicamente al despacho y Aduana puede compartir la información con la Secretaría de Minería para controlar el destino de los bienes.
La autoridad nacional también puede delegar determinadas tareas de fiscalización en los organismos mineros provinciales.
La lógica es acelerar el acceso al beneficio sin renunciar a controles posteriores.
El Seguro Ambiental suma una nueva alternativa
Otro cambio alcanza al tratamiento de las obligaciones ambientales dentro del régimen.
La Resolución 68/2026 adecuó los procedimientos para contemplar la presentación de un Seguro Ambiental Obligatorio como mecanismo válido dentro del esquema previsto por la Ley 24.196.
Para las empresas alcanzadas, el objetivo es evitar duplicaciones entre obligaciones ambientales y previsiones contables.
GEMERA considera que esta posibilidad puede reducir fondos inmovilizados y mejorar la liquidez disponible para las operaciones.
La estabilidad fiscal también gana procedimientos más claros
El paquete normativo actualiza además aspectos relacionados con la estabilidad fiscal prevista por la Ley de Inversiones Mineras.
Esa estabilidad está vinculada con la presentación del estudio de factibilidad técnico-económica y constituye una de las herramientas centrales para los proyectos que comienzan a pasar desde la exploración hacia el desarrollo.
En emprendimientos que pueden demandar miles de millones de dólares y décadas de vida útil, conocer con anticipación el marco tributario aplicable es una variable decisiva para conseguir financiamiento.
La reforma busca ordenar la documentación y los procedimientos necesarios para acceder y mantener esos beneficios.
Ocho normas para reorganizar un régimen de más de 30 años
La actualización no surge de una única resolución.
El nuevo esquema se fue construyendo desde julio de 2025.
El Decreto 449/2025 modificó distintos artículos de la Ley 24.196, entre ellos disposiciones relacionadas con información geológica y obligaciones de los beneficiarios.
El Decreto 482/2026 reemplazó gran parte de la reglamentación general vigente desde 1993 y redefinió los procedimientos de IVA, importaciones y registros.
A ellos se sumaron las resoluciones conjuntas y específicas que incorporaron el recupero al SIR, regularon la evaluación técnica, crearon el RIM y establecieron el nuevo mecanismo de importación.
Finalmente, la Resolución General ARCA 5909/2026 incorporó formalmente la declaración jurada de destino minero a la VUCEA.
GEMERA apunta al capital que vuelve al terreno
El Grupo de Empresas Mineras Exploradoras de la República Argentina recibió positivamente los cambios.
Su presidente, Michael Meding, resumió el argumento del sector al señalar que el dinero demorado administrativamente es capital que no puede destinarse a nuevas perforaciones.
La entidad estima que Argentina invierte actualmente cerca de US$400 millones anuales en exploración y plantea como objetivo superar los US$1.000 millones para aprovechar el potencial geológico disponible.
La discusión no es menor.
Una campaña diamantina intensiva puede demandar millones de dólares antes de saber siquiera si existe un depósito económicamente viable.
En esa etapa, disponer nuevamente del IVA puede definir cuánto se perfora y cuánto tiempo puede mantenerse activa una campaña.
Una transición antes del nuevo sistema
El cambio de procedimiento obliga ahora a adaptar sistemas internos de empresas, proveedores y despachantes.
La Secretaría de Minería dispuso una interrupción temporal de las nuevas solicitudes de importación bajo el artículo 21 entre el 13 y el 16 de octubre para adecuar el trámite digital.
El nuevo procedimiento mediante Declaración Jurada de Destino Minero será habilitado desde el 19 de octubre.
La declaración quedará integrada electrónicamente a la VUCEA y vinculada con el Sistema Informático Malvina utilizado por Aduana.
La exploración busca ganar tiempo
En minería, reducir tiempos administrativos puede tener un impacto directo sobre el terreno.
Los proyectos exploratorios necesitan financiar campañas sucesivas sin generar todavía ingresos propios.
Por eso, cualquier capital que permanezca inmovilizado durante meses compite con metros de perforación, estudios geofísicos o nuevos blancos de exploración.
La reforma no cambia el beneficio establecido por la Ley 24.196 ni elimina sus controles. Cambia la forma de administrarlo: menos autorizaciones previas, más trámites digitales, plazos definidos y fiscalización apoyada en trazabilidad. Para las exploradoras, la prueba será comprobar si esa simplificación consigue que el dinero vuelva efectivamente más rápido al terreno y se transforme en nuevas perforaciones.