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La Cámara Federal de Casación Penal habilitó la revisión del cierre de la causa contra el exsecretario de Minería de la Nación, oriundo de San Juan, por las presuntas omisiones de control vinculadas al incidente de Veladero de 2015. El máximo tribunal todavía no resolvió si el proceso debe continuar.
miércoles 21 de octubre de 2026 | 0:00hs.
El sanjuanino Jorge Mayoral, quien estuvo al frente de la Secretaría de Minería de la Nación durante los gobiernos kirchneristas, vuelve a quedar bajo atención judicial por el incidente ocurrido en Veladero en septiembre de 2015.
La Cámara Federal de Casación Penal declaró admisible un recurso extraordinario de la Fiscalía contra el sobreseimiento del exfuncionario y de Beatriz Domingorena, exsubsecretaria de Control y Fiscalización Ambiental.
La decisión lleva el expediente a la Corte Suprema, pero no revoca por sí misma los sobreseimientos ni determina responsabilidades penales.
El proceso se inició a partir de cuestionamientos a la fiscalización estatal del manejo de sustancias peligrosas en Veladero, luego del incidente que involucró una solución con cianuro en septiembre de 2015.
Mayoral y las obligaciones de control
En 2018, el juez federal Sebastián Casanello procesó a Mayoral en una investigación que buscó establecer si las autoridades nacionales habían omitido deberes vinculados con el control ambiental de la actividad.
Entre los aspectos examinados figuró la situación del Certificado Ambiental Anual de la operación y el alcance de la información que debían recibir los organismos competentes.
La defensa del exsecretario rechazó las acusaciones y discutió tanto la identificación de sus obligaciones concretas como la atribución de una eventual responsabilidad por el incidente.
La distinción resulta central porque los controles sobre las operaciones mineras involucran atribuciones provinciales y nacionales diferentes, que no pueden confundirse al analizar una imputación penal.
Una década sin definición
La causa contra los exfuncionarios avanzó sin llegar a una sentencia de juicio sobre el fondo de las acusaciones y terminó con una declaración de extinción de la acción penal por el tiempo transcurrido.
La Fiscalía objetó el cierre del expediente y llevó la controversia a Casación, que ahora abrió la vía para el examen de la Corte Suprema.
El dato jurídico más importante es que el sobreseimiento cuestionado no equivale a una absolución dictada después de un debate oral que haya descartado los hechos investigados.
La Corte deberá pronunciarse sobre la continuidad de la causa y los criterios aplicados al plazo razonable del proceso, no sobre una culpabilidad ya demostrada.
Qué significa para San Juan
El regreso del nombre de Mayoral al debate público alcanza a uno de los sanjuaninos con mayor protagonismo en la política minera nacional durante más de una década.
El expediente vuelve a plantear qué responsabilidades concretas corresponden a cada nivel del Estado cuando se investigan posibles fallas de fiscalización en proyectos mineros.
Para una provincia con operaciones en marcha y nuevas inversiones proyectadas, la claridad de las competencias y la eficacia de los controles son condiciones indispensables de confianza pública y previsibilidad institucional.
La demora judicial también deja una advertencia: cuando las investigaciones se extienden durante años sin una decisión definitiva, el esclarecimiento de los hechos y la responsabilidad de los involucrados quedan sometidos a una incertidumbre difícil de resolver.
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