The Chinese translation is being made; the original is shown for now.
Puntos clave
- Tragedia: Dos trabajadores mineros murieron atrapados en mina de Pachuca tras horas de labores de rescate
- Regulación deficiente: Marco regulatorio de seguridad sin dientes suficientes para prevenir tragedias en minas pequeñas y medianas
- Patrón sistémico: STPS documenta año tras año tasas de mortalidad laboral minera sin mejora sostenida en el sector
- Impacto México: Hidalgo histórico productor de plata, oro y zinc enfrenta crisis de supervisión y cultura de seguridad industrial inexistente
| Tipo de regulación | Estándares de seguridad industrial en minas de pequeña esca… |
| Entidad | Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) |
| Vigencia | Regulación insuficiente vigente |
Dos trabajadores mineros murieron atrapados en el interior de una mina en Pachuca, Hidalgo, después de un accidente que requirió horas de labores de rescate antes de que los equipos de emergencia pudieran recuperar sus cuerpos. El incidente reaviva una discusión que el sector minero mexicano ha postergado demasiado tiempo: las condiciones de seguridad en operaciones de mediana y pequeña escala que operan bajo un marco regulatorio que, en los hechos, no tiene los dientes suficientes para prevenir estas tragedias.
Pachuca: historia minera, deuda pendiente en seguridad
Hidalgo no es un estado minero menor. Pachuca lleva cinco siglos de actividad extractiva — plata, oro, zinc — y fue durante el período colonial la capital minera del mundo conocido. Hoy la entidad sigue activa, aunque lejos de los volúmenes de Sonora o Zacatecas. Lo que no ha cambiado con la misma velocidad que la producción son los estándares operativos en minas de pequeña escala, donde la supervisión es esporádica y la cultura de seguridad industrial, en muchos casos, inexistente.
El accidente en Pachuca no es un evento aislado. Es parte de un patrón que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) documenta año tras año sin que los índices de mortalidad laboral minera mejoren de forma sostenida. Según datos de la propia STPS, el sector minero-metalúrgico registra consistentemente tasas de accidentalidad por encima del promedio industrial nacional. Los eventos fatales en minas subterráneas de mediana escala — la categoría más probable para una operación en la periferia de Pachuca — representan una fracción del total de accidentes, pero concentran la mayoría de las muertes.
Cada muerte en una mina subterránea activa tres vectores simultáneos: el impacto humano inmediato sobre las familias, la paralización operativa por inspección, y el escrutinio regulatorio que inevitablemente aterriza sobre el concesionario. Los tres son costosos. Ninguno debería ser necesario si el sistema de prevención funcionara.
El marco regulatorio que no alcanza
México cuenta con un andamiaje normativo en materia de seguridad minera que, sobre el papel, es razonablemente completo. La NOM-023-STPS-2012 establece los requisitos de seguridad para minas subterráneas. El Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo fija las obligaciones generales del patrón. La STPS tiene atribuciones de inspección y sanción. El problema no es la ausencia de normas: es la capacidad real de vigilancia en un país con 249 minas activas más el universo de operaciones artesanales e informales que operan en los márgenes del sistema de concesiones.
La reforma minera de 2023, impulsada durante la administración anterior, concentró su energía en la estructura de concesiones, los derechos de exploración y la participación del SGM. No tocó de forma sustantiva el régimen de seguridad operativa. La Reforma fue, en ese sentido, una reforma de propiedad y renta, no de condiciones laborales. El resultado práctico es que un concesionario puede cumplir con todos los nuevos requisitos de la Ley Minera y seguir operando con sistemas de ventilación insuficientes o protocolos de emergencia que existen solo en papel.
El gobierno de Claudia Sheinbaum ha mostrado un pragmatismo notable con el sector que la administración López Obrador nunca tuvo. La reducción del backlog de permisos en Zacatecas — de 25 expedientes a 5 en 2025 — y el Plan México-EUA de Minerales Críticos firmado en febrero de 2026 son señales reales de apertura. Pero esa misma apertura regulatoria tiene una contracara: si se reduce la fricción para operar, hay que aumentar proporcionalmenente la exigencia en seguridad. Sin ese equilibrio, se facilita la entrada a operadores que no están listos para las responsabilidades que una mina subterránea implica.
El costo económico de ignorar la prevención
Un accidente fatal en mina subterránea activa una cadena de consecuencias económicas que los concesionarios pequeños raramente calculan con anticipación. La paralización operativa por inspección de la STPS puede durar semanas. Las sanciones administrativas, aunque históricamente bajas en México, se incrementaron con las reformas reglamentarias de 2022. Las demandas civiles de las familias de los trabajadores fallecidos generan pasivos contingentes difíciles de provisionar en operaciones de baja capitalización.
Para las empresas más grandes, el impacto reputacional agrega otra dimensión. Los fondos de inversión con criterios ESG — que hoy representan una fracción creciente del capital disponible para financiar proyectos mineros en el TSX y en la bolsa de Nueva York — monitorizan los registros de seguridad con una atención que hace diez años no existía. Un accidente en una mina pequeña en Hidalgo no mueve directamente el precio de Grupo México o Peñoles, pero contribuye a la percepción de riesgo país que termina afectando el costo de capital de toda la industria mexicana.
La minería generó US$17,500 millones en valor de producción durante 2024, según el Informe Anual de CAMIMEX, y emplea directamente a más de 400,000 trabajadores en el país. Cada uno de esos empleados tiene una expectativa razonable de volver a casa al final del turno. La métrica más importante de la industria no es el precio del oro ni el índice Fraser — es la tasa de mortalidad laboral. Y en esa métrica, México todavía no ha llegado a donde debería estar.
Hidalgo y el universo de minas que nadie mira
El accidente en Pachuca no involucra a ninguna de las grandes operaciones que concentran la cobertura financiera del sector. No es Buenavista del Cobre, no es Peñasquito, no es Juanicipio. Es una mina en la periferia del mapa mediático de la industria — exactamente el tipo de operación donde los accidentes ocurren con más frecuencia y donde la respuesta del Estado es más lenta.
Hidalgo tiene una superficie minera históricamente concesionada que incluye decenas de operaciones activas e intermitentes, muchas de ellas con métodos de extracción que no han cambiado significativamente en décadas. La supervisión de estas operaciones cae entre los intersticios de tres burocracias: la STPS supervisa las condiciones laborales, la Secretaría de Economía administra las concesiones, y SEMARNAT tiene jurisdicción ambiental. En los hechos, ninguna tiene el mandato claro ni la capacidad técnica para inspeccionar sistemáticamente el universo de pequeñas minas activas en el estado.
El SGM, que desde la reforma de 2023 tiene un rol más activo en la exploración, no tiene competencias de supervisión de seguridad operativa. CAMIMEX, bajo la presidencia de Pedro Rivero, ha insistido en la mesa de trabajo con el gobierno en que la seguridad laboral requiere una estrategia diferenciada entre la gran minería corporativa y las operaciones de menor escala. La distinción es válida. Lo que no ha ocurrido todavía es que esa distinción se traduzca en un programa de intervención concreto, financiado y con metas medibles.
Lo que el gobierno debe hacer ahora
El accidente en Pachuca le da al gobierno de Sheinbaum una oportunidad que sería un error desperdiciar. El pragmatismo que ha mostrado con el sector — reduciendo burocracia y abriendo espacio a la inversión privada — necesita un complemento que hoy falta: un programa nacional de seguridad minera con enfoque específico en minas subterráneas de pequeña escala.
Ese programa requiere tres cosas que hoy no existen de forma articulada. Primero, un registro actualizado y georeferenciado de todas las operaciones subterráneas activas en el país, incluyendo las que operan bajo concesiones antiguas con poca o nula actividad de reporte. Segundo, un protocolo de inspección preventiva — no reactiva — con periodicidad mínima obligatoria y capacidad técnica de la STPS para ejecutarlo. Tercero, estándares de certificación de planes de emergencia que sean requisito exigible para mantener la concesión activa, no solo para obtenerla.
Ninguna de esas tres medidas requiere una nueva ley. La facultad regulatoria existe. Lo que falta es la decisión política de usarla — y la presión suficiente de la industria organizada para que el gobierno la ejerza antes del próximo accidente.
Dos trabajadores murieron en Pachuca. Sus nombres todavía no circulan en los reportes del sector. Eso también es parte del problema.