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El máximo tribunal resolvió que el Juzgado de Minas salteño continúe con la causa que enfrenta a Lithium S Corporation y Marhen Lithium por trabajos de exploración en un área atravesada por una controversia territorial. El fallo no determina la titularidad de los derechos mineros ni resuelve los límites entre las provincias, pero establece dónde deberá tramitarse el litigio.
lunes 09 de noviembre de 2026 | 0:00hs.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que la Justicia de Salta deberá continuar interviniendo en una disputa por derechos mineros que enfrenta a Lithium S Corporation S.A. y Marhen Lithium S.A., en un área vinculada con una controversia territorial entre Salta y Catamarca. La decisión del máximo tribunal, fechada el 5 de noviembre, definió qué juzgado deberá tramitar el expediente, aunque dejó sin resolver el conflicto de fondo entre las compañías.
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La disputa se originó a partir de trabajos de perforación que Marhen Lithium realizaba en un sector donde Lithium S Corporation invoca derechos sobre la propiedad minera Tabariogrande, ubicada en territorio salteño según los antecedentes judiciales. La primera empresa denunció que las actividades se desarrollaban dentro de su concesión sin autorización y solicitó la intervención del Juzgado de Minas de Salta.
Ese tribunal hizo lugar al planteo y ordenó suspender las perforaciones y los trabajos asociados. También dispuso que Marhen Lithium y otras personas involucradas retiraran construcciones, equipos, campamentos, vehículos e instalaciones del área en un plazo de 30 días desde la notificación de la medida.
Marhen, en cambio, sostuvo que los derechos invocados correspondían a concesiones ubicadas en Catamarca. La compañía planteó ante la Justicia provincial que era titular de las minas Tati, Tati I y Tati II, en el departamento Antofagasta de la Sierra, y que contaba con permisos otorgados por las autoridades mineras catamarqueñas.
La controversia derivó en un conflicto de competencia entre el Juzgado de Minas de Salta y el Juzgado Civil, Comercial y de Familia de la Tercera Circunscripción Judicial de Belén, en Catamarca. Ambos tribunales se consideraron habilitados para intervenir, por lo que el expediente llegó a la Corte Suprema para determinar dónde debía continuar.
Por qué la Corte eligió a la Justicia salteña
El máximo tribunal, integrado en esta resolución por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, adoptó los fundamentos del dictamen de la procuradora fiscal Laura Monti y dispuso que la causa permanezca en el Juzgado de Minas de Salta.
El criterio aplicado fue el de la intervención judicial inicial: ante la existencia de dos tribunales que se consideran competentes, el expediente debe continuar en aquel que actuó primero. En este caso, esa intervención correspondió a la Justicia salteña, que había recibido la denuncia de Lithium S Corporation y dictado las primeras medidas sobre los trabajos mineros.
La resolución también estableció que debía comunicarse lo decidido al juzgado de Belén para que dejara de intervenir en el expediente.
Sin embargo, el dictamen fiscal introdujo una distinción importante respecto de la controversia territorial. La procuradora señaló que la delimitación de los límites entre provincias es una atribución del Congreso Nacional, conforme al artículo 75, inciso 15, de la Constitución Nacional, y que no corresponde resolver esa cuestión dentro de este proceso judicial.
Por ese motivo, la Corte se limitó a determinar qué tribunal debe tramitar el conflicto entre las empresas. No estableció si Tabariogrande pertenece definitivamente a la jurisdicción reclamada por Lithium S, si los derechos invocados por Marhen sobre Tati, Tati I y Tati II prevalecen sobre los de la otra compañía, ni si los permisos provinciales cuestionados son válidos.
Un conflicto que expone los riesgos de superposición de derechos mineros
Más allá de la cuestión procesal, el caso vuelve a poner sobre la mesa un problema relevante para la actividad minera: la seguridad jurídica de las concesiones y autorizaciones cuando existen controversias sobre la jurisdicción territorial de un área.
La situación enfrenta dos posiciones respaldadas por antecedentes administrativos diferentes. Por un lado, Lithium S Corporation sostiene que los trabajos de perforación ingresaron en una propiedad minera bajo su concesión en Salta. Por otro, Marhen Lithium invoca derechos sobre minas registradas en Catamarca y permisos otorgados por esa provincia.
La intervención de dos autoridades judiciales provinciales y la existencia de medidas que alcanzan directamente a las tareas de exploración muestran las consecuencias que puede tener una superposición de reclamos sobre la actividad en terreno.
Para las empresas mineras, este tipo de controversias no se limita a una discusión registral. La incertidumbre sobre la titularidad de los derechos, el alcance territorial de las concesiones y la autoridad competente puede condicionar la continuidad de las campañas, la movilización de equipos y la planificación de inversiones.
En este caso, la orden de suspender las perforaciones y retirar instalaciones ya había sido dictada por el juzgado salteño antes de que la Corte resolviera el conflicto de competencia. La decisión del máximo tribunal permite que el litigio avance ante una única jurisdicción, pero todavía no despeja las dudas sobre los derechos que invoca cada compañía.
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El fallo, por lo tanto, representa un avance en la definición del procedimiento judicial, aunque no constituye una resolución definitiva sobre la disputa minera. La controversia sobre las concesiones y los permisos deberá ser examinada en el expediente que continuará en Salta, mientras que cualquier definición sobre los límites interprovinciales seguirá un ámbito institucional diferente.
M&D con información de Salta Mining