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Antamina firmó un nuevo contrato de estabilidad y otros cinco acuerdos de este tipo se encuentran en trámite, con la expectativa de concretarse antes de finalizar el año, informó Luis Carlos Rodrigo, socio decano de Rodrigo, Elías & Medrano Abogados, durante su exposición en el Jueves Minero organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).
“Hoy, me es grato anunciarles que se ha firmado el nuevo contrato de estabilidad de Antamina porque está haciendo una expansión importante, va a hacer que su vida útil se extienda por mucho tiempo, y eso va de la mano con otros cinco contratos de estabilidad que ya están siendo procesados y que esperemos se hayan firmado antes de fin de año”, mencionó ante el auditorio del IIMP.
El abogado señaló que estos instrumentos son relevantes para respaldar las inversiones y expansiones de operaciones existentes, al ofrecer previsibilidad frente a posibles cambios normativos durante el desarrollo de proyectos que requieren grandes desembolsos de capital y plazos prolongados de ejecución.
“Los contratos de estabilidad no dan beneficios tributarios, dan seguridad jurídica, dan predictibilidad, y eso lo buscan los inversionistas”, sostuvo Rodrigo, quien explicó que estos acuerdos permiten mantener determinadas condiciones administrativas, tributarias y cambiarias durante el periodo establecido contractualmente.
Rodrigo también alertó sobre los cuestionamientos al sistema de concesiones mineras y la posibilidad de reducir de 30 a 15 años el plazo vinculado a la caducidad de concesiones sin actividad.
“Entre las demoras regulatorias, entre los problemas sociales, entre los problemas políticos, es absolutamente imposible que eso ocurra”, afirmó al referirse al tiempo que demandaría desarrollar un proyecto minero y ponerlo en operación en un plazo de 15 años.
En ese sentido, sostuvo que el país necesita preservar los elementos centrales de su marco jurídico minero, aunque reconoció que existen aspectos que pueden mejorarse. “Las concesiones, las obligaciones y deberes como concesionario, los contratos de estabilidad, son cosas que no podemos permitir que cambien”, señaló.
El expositor recordó que las reformas normativas de 1900, 1950 y la década de 1990 acompañaron distintas etapas de expansión de la inversión minera en el país. Según explicó, la seguridad sobre los derechos mineros y la evolución de las estructuras contractuales contribuyeron a facilitar la exploración, el financiamiento y el desarrollo de grandes operaciones.
Ordenar los permisos
Rodrigo señaló que otro de los principales desafíos identificados es la cantidad y superposición de autorizaciones que debe gestionar un proyecto minero antes de iniciar operaciones. De acuerdo con el abogado, un proyecto de gran envergadura puede enfrentar alrededor de 400 permisos, autorizaciones y licencias, cuya tramitación no siempre sigue una secuencia clara.
“Nadie pretende que se relajen los estándares, ni que se reduzcan las obligaciones en sí mismas, sino que haya claridad”, enfatizó. Como ejemplo, mencionó las dificultades que se generan cuando la obtención de una autorización depende de otra que, a su vez, requiere un permiso previo, situación que puede prolongar los plazos de ejecución.
A su juicio, resolver estas interferencias permitiría reducir los tiempos entre los estudios de factibilidad y el inicio de la producción, sin disminuir las exigencias ambientales ni las demás obligaciones aplicables a la actividad minera.
“Si eso se corrige y reduce los tiempos para obtener del estudio de factibilidad a la producción, realmente tenemos un [potencial de crecimiento de la inversión] en el Perú”, indicó, al referirse a las oportunidades que tendría el país para desarrollar su cartera de proyectos cupríferos.
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