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Un diputado provincial denunció que algunas cámaras de proveedores mineros podrían condicionar el acceso a registros y contrataciones en Catamarca. El caso plantea una alarma sobre posibles intermediaciones indebidas y la fragmentación de la representación empresarial: si existieran pagos para habilitar gestiones o negocios, quedarían en riesgo las oportunidades de todo el sector.
miércoles 14 de octubre de 2026 | 0:00hs.
Francisco Monti cuestionó las intermediaciones de las cámaras de proveedores mineros y reclamó mayor transparencia en el acceso a las contrataciones.
El diputado catamarqueño Francisco Monti cuestionó públicamente el poder que, según su denuncia, tendrían algunas cámaras de proveedores mineros para condicionar el ingreso de empresas a las contrataciones.
Sus declaraciones ocuparon la portada de El Ancasti del 14 de octubre y abrieron interrogantes sobre la transparencia de los mecanismos de representación y acceso a los negocios.
Monti aseguró haber recibido quejas de Belén, Tinogasta, Andalgalá y Santa María. De acuerdo con su planteo, algunas conducciones podrían definir quiénes ingresarían a los registros de proveedores y, por esa vía, quiénes estarían en condiciones de competir por contratos.
Se trata de afirmaciones que deberían investigarse, con documentación y derecho a respuesta de las entidades involucradas.
El punto central es el Registro Provincial de Proveedores de Empresas Mineras (REPEM) y el esquema de contratación local identificado como 70-30. Monti cuestionó que la pertenencia o aceptación por una cámara pueda convertirse, de hecho, en una condición para competir y propuso una inscripción pública y directa, sin intermediaciones privadas.
Posibles peajes
Las denuncias abren además una discusión particularmente sensible: la posibilidad de que se estuvieran generalizando los llamados “peajes” por gestiones o intermediaciones vinculadas al acceso a oportunidades mineras. No hay en los antecedentes examinados pruebas suficientes para afirmar que esos pagos se realicen o que constituyan una práctica extendida.
Para sostenerlo sería indispensable identificar operaciones, responsables, testimonios y documentación verificable.
Si se confirmara que se exigieran pagos o contraprestaciones indebidas para acercar proveedores a registros, reuniones o contratos, el daño sería mucho más profundo que una disputa entre dirigentes. Esos mecanismos podrían distorsionar la competencia, excluir a empresas capacitadas, encarecer contrataciones y comprometer la confianza de las operadoras y los inversores.
La sola posibilidad de que una organización que debería representar a sus asociados pudiera estar actuando como intermediaria obligatoria es grave y merece controles. A ello se suma el canibalismo entre cámaras: las rivalidades por interlocución, protagonismo y espacios de poder podrían bloquear consorcios, debilitar reclamos legítimos y hacer perder oportunidades en una etapa clave de inversiones.
Referencias institucionales
Dentro de un panorama heterogéneo, la Cámara Argentina de Proveedores Mineros (CAPMIN) ofrece una referencia de articulación nacional. Su participación con empresas en PDAC 2026 y sus iniciativas vinculadas a un registro federal muestran una agenda orientada a vinculación, desarrollo empresario y acceso a nuevos mercados.
En San Juan, la Cámara de Proveedores Interdepartamentales Mineros (CAPRIMSA), también ha sostenido posiciones públicas sobre transparencia en contrataciones, compre local y defensa de las pymes. Participó de una mesa federal de CAME y llevó los planteos de sus asociados a ámbitos institucionales de alcance nacional.
Estos antecedentes permiten destacar a CAPMIN y CAPRIMSA como experiencias con acciones públicas comprobables, sin convertirlas en una certificación automática de desempeño ni descalificar en bloque a otras cámaras. La seriedad de la representación se acredita con padrones transparentes, servicios a los socios, resultados y rendición de cuentas.
Oportunidades en riesgo
La minería de cobre, litio y oro proyecta una demanda creciente de transporte, construcción, mantenimiento, ingeniería y servicios especializados. Pero la sola existencia de proyectos no asegura contratos locales: las empresas necesitan capacidad técnica, financiamiento, cumplimiento de estándares y acceso abierto a la información comercial.
El desafío es especialmente sensible en provincias que buscan capturar parte de las nuevas inversiones. Una cadena de proveedores dividida negocia peor frente a operadoras con áreas de compras profesionalizadas y puede desperdiciar oportunidades de asociarse para responder a contratos de mayor complejidad.
Lo que estaría en juego no sería únicamente la credibilidad de una cámara, sino la capacidad de la minería para convertir inversiones en empleo y empresas competitivas. Las denuncias de Catamarca obligan a preguntar si las entidades facilitarían el acceso al mercado o si, eventualmente, alguna podría utilizar su influencia para restringirlo.
La salida exige registros abiertos, criterios de contratación publicados, reglas de incorporación no discriminatorias, mecanismos de reclamo independientes y cámaras evaluadas por beneficios concretos a sus asociados. También requiere que las empresas mineras difundan licitaciones y expliquen sus procesos de homologación.
Nada de lo denunciado debería presentarse como delito comprobado ni como una conducta atribuible a todas las cámaras. Correspondería aportar pruebas y, de existir indicios concretos, activar las investigaciones pertinentes.
Pero incluso la posibilidad de que se cobraran “peajes” por gestiones empresariales constituye una señal de alarma: si se confirmara, se estarían destruyendo oportunidades para miles de proveedores que necesitan reglas abiertas y competencia leal.
Minería & Desarrollo