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Las cámaras empresariales rechazaron las acusaciones del diputado Francisco Monti, quien cuestionó su rol en el acceso a las contrataciones y calificó a algunos dirigentes como “jeques”. Le reclamaron que identifique irregularidades concretas y presente pruebas, mientras crece el debate por el sistema de proveedores locales.
La discusión por el compre local minero en Catamarca escaló a un enfrentamiento abierto entre las cámaras de proveedores y el diputado provincial Francisco Monti.
Organizaciones empresariales de distintos departamentos salieron a responder públicamente al legislador después de que éste cuestionara el sistema de acceso a las contrataciones mineras y utilizara el término “jeques” para referirse a dirigentes de cámaras del sector.
Monti sostuvo públicamente que algunos emprendedores deben atravesar intermediaciones para ingresar al mercado minero y afirmó que determinados dirigentes funcionan como “amos y señores” de ese sistema.
Las cámaras rechazaron esas afirmaciones y le exigieron que, si conoce irregularidades, identifique los casos, los mecanismos cuestionados y aporte elementos para que puedan ser investigados.
El conflicto abre una discusión más profunda: cómo garantizar que las grandes inversiones mineras se traduzcan en oportunidades para empresas catamarqueñas sin generar barreras artificiales ni debilitar los controles técnicos y administrativos necesarios para trabajar con la industria.
Las cámaras rechazaron la acusación de los “jeques”
El pronunciamiento fue difundido por la Cámara Provincial de Proveedores Mineros de Catamarca (CAPPROMIN) junto con organizaciones departamentales.
El documento cuestiona particularmente el lenguaje utilizado por Monti.
Para las entidades empresariales, caracterizar a dirigentes de cámaras como “jeques” no contribuye a discutir seriamente cómo se accede a los contratos mineros.
Las organizaciones sostienen que detrás del sector existen empresas que realizan inversiones, incorporan equipamiento, capacitan personal y deben cumplir requisitos técnicos, laborales, impositivos y de seguridad antes de convertirse en proveedoras de una operación minera.
El comunicado define las declaraciones como generalizaciones que, a criterio de las cámaras, terminan poniendo bajo sospecha a todo el sistema sin distinguir situaciones concretas.
Qué había dicho Monti
El diputado había cuestionado públicamente el funcionamiento de las cámaras y el mecanismo mediante el cual proveedores locales acceden a oportunidades comerciales.
Según Monti, algunos emprendedores encuentran dificultades para ingresar al mercado minero y deben recurrir a entidades intermedias para lograr reconocimiento como proveedores.
En ese contexto utilizó la expresión “jeques” y afirmó que algunos dirigentes serían quienes “parten y reparten” dentro del esquema de contrataciones.
Esas afirmaciones forman parte de la posición política del legislador y no constituyen, por sí mismas, una comprobación de irregularidades.
Hasta ahora, las cámaras reclaman precisamente que cualquier denuncia se acompañe con datos y casos verificables.
Monti presentó un proyecto para eliminar intermediaciones
El conflicto no se limita a declaraciones públicas.
Monti presentó en la Cámara de Diputados de Catamarca el proyecto de ley 613/2026, cuyo objeto es garantizar que toda persona humana o jurídica que reúna las condiciones de proveedor local pueda acceder de manera libre y sin intermediación a la provisión de obras, bienes, insumos y servicios para empresas mineras.
La iniciativa plantea un registro digital, público y gratuito, con inscripción simplificada y controles estatales posteriores.
Según la presentación difundida del proyecto, la propuesta no busca eliminar el esquema que prioriza proveedores catamarqueños, sino modificar la forma en que éstos ingresan al sistema y evitar que la pertenencia a una cámara o el aval de terceros se convierta en una condición de acceso.
Ahí aparece el centro real de la discusión.
No se debate únicamente cuánto deben comprar localmente las mineras, sino quién define qué empresa puede ser considerada proveedor y bajo qué requisitos.
Las cámaras dicen que no administran el registro estatal
Uno de los puntos centrales de la respuesta empresarial es diferenciar el rol de las cámaras del rol del Estado.
Las entidades sostienen que su función es representar a sus asociados, difundir oportunidades comerciales, acompañar procesos de profesionalización y generar vínculos con las operadoras.
El registro y la fiscalización, remarcan, corresponden a la administración pública.
Las cámaras admiten que puede discutirse una simplificación de trámites y mecanismos de inscripción, pero plantean que eso no debe confundirse con eliminar controles sobre capacidad operativa, cumplimiento fiscal, seguridad o experiencia.
Trabajar para una operación minera requiere habitualmente estándares más exigentes que los de una contratación comercial convencional.
El desafío de pasar de pyme local a proveedor minero
Ese punto explica parte de la tensión.
Una empresa puede estar formalmente constituida y operar correctamente en el mercado general, pero eso no significa necesariamente que esté preparada para prestar servicios dentro de una mina.
Las operadoras suelen exigir seguros, capacitación específica, protocolos de seguridad, capacidad financiera, certificaciones, trazabilidad de personal y condiciones particulares para vehículos, maquinaria o procesos industriales.
Para una pyme pequeña, cumplir todos esos requisitos puede convertirse en una barrera real.
Las cámaras argumentan que parte de su función consiste precisamente en ayudar a las empresas a atravesar ese proceso.
El planteo de Monti, en cambio, pone el foco en evitar que ese acompañamiento se transforme en una intermediación obligatoria.
Una invitación que las cámaras dicen que no fue respondida
En el comunicado, las organizaciones aseguraron que habían invitado previamente al diputado a mantener una reunión en sus oficinas de la capital provincial.
El objetivo, según explicaron, era discutir directamente el funcionamiento del sistema y despejar dudas sobre las contrataciones.
Las entidades sostienen que la invitación fue entregada, pero que hasta el momento del pronunciamiento no habían recibido respuesta.
El planteo fue luego reforzado públicamente por el presidente de CAPPROMIN, Manuel Gómez Bello, quien rechazó las acusaciones y desafió al legislador a presentar pruebas concretas.
“Si tiene pruebas, que las muestre”
Gómez Bello fue más allá del comunicado institucional.
El dirigente sostuvo que las afirmaciones sobre el funcionamiento de las cámaras deben ser respaldadas con elementos concretos y cuestionó que se generalicen supuestas irregularidades sin identificar responsables.
La posición de las entidades puede resumirse en una premisa: las cámaras pueden ser auditadas y cuestionadas, pero las acusaciones deben diferenciar hechos comprobados de sospechas o denuncias políticas.
Esa distinción será importante si el debate avanza dentro de la Legislatura.
El compre local está en el centro de la discusión
Detrás del enfrentamiento aparece uno de los debates más importantes de la minería catamarqueña.
Las inversiones previstas para los próximos años pueden movilizar miles de millones de dólares.
Pero una parte significativa del impacto económico dependerá de cuánto de ese gasto termine efectivamente en empresas, trabajadores y servicios radicados en la provincia.
Las cámaras defienden los mecanismos que priorizan proveedores locales.
Monti sostiene que ese objetivo debe mantenerse, pero con un acceso más abierto y sin intermediarios privados.
Ambas posiciones coinciden así en un punto general —aumentar la participación catamarqueña—, aunque difieren sobre cómo debe administrarse el sistema.
Los proveedores también reconocen problemas pendientes
La respuesta empresarial no sostiene que el esquema actual sea perfecto.
Las cámaras reconocieron que persisten dificultades vinculadas con financiamiento, plazos de pago, acceso a licitaciones, competitividad y distribución territorial de las oportunidades.
También existen reclamos de proveedores que consideran que el aumento de las inversiones todavía no se refleja de forma suficiente en nuevos contratos locales.
Ese escenario explica por qué el debate ganó intensidad.
Cuando aparecen proyectos multimillonarios, crece también la expectativa de las pequeñas y medianas empresas por participar.
Transparencia y controles, las dos caras del problema
Una apertura del registro puede facilitar el ingreso de nuevos jugadores.
Pero la discusión no termina ahí.
Las mineras necesitan proveedores capaces de cumplir requisitos de seguridad, calidad, solvencia y capacidad operativa.
El desafío consiste entonces en evitar dos extremos.
Por un lado, que aparezcan filtros informales o intermediaciones capaces de excluir arbitrariamente a empresas.
Por otro, que una simplificación administrativa elimine controles necesarios para operar dentro de una industria de alta exigencia técnica.
El equilibrio entre ambas cuestiones será uno de los temas centrales cuando el proyecto de Monti comience a discutirse.
Las cámaras piden que las denuncias pasen de las palabras a los hechos
El comunicado cierra con una exigencia concreta.
Si existen empresas impedidas injustamente de trabajar, procedimientos irregulares o mecanismos de selección cuestionables, las cámaras reclaman que esos casos sean individualizados y puestos a disposición de las autoridades competentes.
Al mismo tiempo, ratifican su defensa de la contratación local, la transparencia y la igualdad de oportunidades.
La discusión que abrió Monti supera ahora el cruce político. Catamarca deberá definir cómo garantizar que cualquier empresa local con capacidad real pueda competir por contratos mineros, sin intermediaciones indebidas, pero también sin bajar los estándares que exige una industria donde seguridad, solvencia y cumplimiento técnico son condiciones esenciales.