The Chinese translation is being made; the original is shown for now.
El municipio teme que sus pedidos de obras de protección no hayan sido suficientemente atendidos por la Provincia, mientras la Junta de Riego advierte que las crecientes amenazan con superar las defensas en distintos sectores. Los vecinos también reclaman explicaciones sobre las intervenciones realizadas, los recursos utilizados y las empresas contratadas. El Ejecutivo municipal solicitó facultades extraordinarias para enfrentar una situación que podría agravarse durante el verano.
viernes 13 de noviembre de 2026 | 0:00hs.
La Municipalidad de Calingasta elevó al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para declarar la emergencia climática, aluvional, habitacional, social, hídrico-sanitaria y de infraestructura vial en todo el departamento, en medio de crecientes que ya afectaron caminos, accesos mineros y sectores poblados.
La iniciativa ingresó el 11 de noviembre de 2026 mediante la Nota N.º 187/2026, expediente N.º 11267, letra D, y representa un reconocimiento formal de la gravedad de la situación que enfrenta el departamento ante el aumento de los caudales y la posibilidad de nuevas crecidas.
Detrás de la decisión aparece una preocupación que desde el municipio transmitieron a Minería & Desarrollo: el temor de que los reiterados pedidos de defensas hidráulicas y obras preventivas no hayan sido considerados con la urgencia necesaria por las autoridades provinciales.
Advertencias desde agosto
El presidente de la Junta de Riego de Calingasta, Horacio Rubilar, advirtió este viernes 13 de noviembre que el aumento del caudal estaba poniendo a prueba las defensas y los desvíos construidos para proteger las zonas pobladas, por lo que reclamó reforzar las estructuras existentes y mantener una vigilancia permanente de los ríos.
El dirigente estimó que durante la última semana el volumen de agua pudo haberse triplicado o cuadruplicado, mientras el río Castaño también registraba un crecimiento importante.
Rubilar recordó que el 4 de agosto habían solicitado formalmente el reencauzamiento del río hacia sectores alejados de las poblaciones, después de evaluar el importante volumen de nieve acumulado durante el invierno y los riesgos que representaría su posterior derretimiento.
Los planteos continuaron durante septiembre, con solicitudes de estudios y obras que, según los representantes de los regantes, no recibieron todas las respuestas técnicas y formales reclamadas.
El dirigente reconoció que la Provincia realizó intervenciones y agradeció la participación del gobernador Marcelo Orrego y del ministro de Infraestructura, Fernando Perea, pero insistió en que resulta necesario acelerar los trabajos y mejorar las defensas existentes.
Defensas cuestionadas
Uno de los cuestionamientos más concretos formulados por la Junta de Riego se relaciona con las características técnicas de las obras de contención, especialmente con la cantidad y el tamaño de las rocas utilizadas para reforzar los márgenes de los cauces.
Rubilar sostuvo que se necesita mayor enrocado y más espigones, estructuras que permiten orientar la corriente y reducir la erosión sobre las márgenes, y recordó que algunas defensas realizadas en Barreal durante 1987 utilizaron piedras de dimensiones superiores a las incorporadas en intervenciones actuales.
La comparación adquiere importancia porque no se trata solamente de construir terraplenes o desplazar material con maquinaria pesada, sino de ejecutar obras capaces de resistir la velocidad y la fuerza del agua durante los momentos de mayor caudal.
El presidente de la Junta de Riego también reclamó que técnicos de Hidráulica recorran diariamente los sectores comprometidos y propuso incorporar a la Universidad Nacional de San Juan para evaluar las cuencas, el comportamiento de los ríos y la seguridad de las defensas.
El director de Hidráulica, José María Ginestar, reconoció que las defensas existentes no garantizan evitar inundaciones ante crecientes extraordinarias y señaló que los caudales habían alcanzado picos cercanos a los 200 metros cúbicos por segundo.
La discusión, por lo tanto, no se reduce a determinar si se hicieron trabajos, porque también corresponde establecer si fueron suficientes, si respondieron a estudios técnicos adecuados y si contemplaron las advertencias realizadas antes de que comenzaran las crecientes.
Villa Nueva amenazada
La preocupación se extiende a Villa Nueva, donde los vecinos advierten que el río Castaño continúa creciendo y amenaza con socavar las antiguas defensas próximas al puente, construidas hace décadas y que, según sus testimonios, no fueron reforzadas suficientemente.
La situación afecta especialmente al barrio Río Castaño, ubicado a escasos metros del cauce, donde los habitantes observan el avance del agua hacia la margen norte y temen por las consecuencias de una eventual erosión sobre las defensas.
En ese sector también se encuentran un puesto sanitario y un Centro Integrador Comunitario, instalaciones esenciales cuya proximidad al río aumenta la preocupación por la seguridad de la población.
Las crecientes ya ocasionaron cortes en el Paso de los Pioneros, dificultades de circulación en Las Caletas y problemas de acceso al proyecto minero El Pachón, donde fue necesario organizar el traslado aéreo de trabajadores ante las dificultades para garantizar una salida terrestre segura.
El secretario de Obras municipal, Diego Ossa, informó que algunas defensas funcionan correctamente y que en otros sectores el volumen de agua superó las previsiones, aunque hasta la mañana del viernes no se registraban evacuados de viviendas en el departamento.
Fondos bajo cuestionamiento
La emergencia municipal incorpora otra discusión sensible que comienza a instalarse entre vecinos y sectores productivos: cuánto dinero se destinó a las defensas, cuáles fueron las empresas responsables de los trabajos y qué resultados concretos tuvieron las inversiones realizadas.
Los cuestionamientos comunitarios sobre la utilización de fondos públicos requieren conocer los presupuestos aprobados, las contrataciones efectuadas, los organismos que administraron los recursos y las condiciones técnicas establecidas para ejecutar cada obra.
La documentación disponible no permite identificar todas las empresas contratadas ni precisar los montos efectivamente pagados por las intervenciones cuestionadas, por lo que los reclamos deben diferenciarse de cualquier afirmación sobre posibles irregularidades administrativas.
La declaración de emergencia podría otorgar al Ejecutivo municipal herramientas para acelerar contrataciones, reasignar partidas o ejecutar gastos extraordinarios, pero esas atribuciones dependerán del texto definitivo de la ordenanza y deberán mantenerse dentro de los controles establecidos por la legislación.
La Provincia ya cuenta con un antecedente relevante porque las leyes 2470-L y 2714-L establecen un régimen de emergencia hídrica, con herramientas excepcionales para que el Departamento de Hidráulica adopte medidas destinadas a garantizar el funcionamiento del sistema hídrico.
La existencia de esas herramientas vuelve necesario conocer cómo fueron utilizadas durante los meses anteriores, qué partidas se destinaron específicamente a Calingasta y cuáles fueron los resultados de las obras que la comunidad considera insuficientes.
Una emergencia administrativa puede simplificar procedimientos previos de contratación, pero no significa que desaparezcan las obligaciones de justificar los gastos, rendir cuentas y responder ante los organismos de control.
Responsabilidades compartidas
Durante la reunión multisectorial realizada el 10 de noviembre en el Centro Cultural de Barreal, representantes de los regantes, productores, prestadores turísticos, vecinos y autoridades municipales analizaron la posibilidad de impulsar una acción de amparo para exigir las intervenciones provinciales que consideran necesarias.
El reclamo estuvo dirigido también al intendente Sebastián Carbajal, a quien solicitaron que, junto con el equipo jurídico municipal, evalúe medidas judiciales para obtener respuestas del Departamento de Hidráulica sobre los estudios y trabajos pendientes.
Los participantes reclamaron además una estructura departamental de Defensa Civil, estudios técnicos sobre las cuencas y quebradas y la participación de la Universidad Nacional de San Juan para determinar qué sectores presentan mayores riesgos.
La próxima reunión quedó prevista para el miércoles 18 de noviembre, a las 18, nuevamente en el Centro Cultural de Barreal, donde esperan recibir respuestas concretas sobre las gestiones realizadas y las obras solicitadas.
Estas demandas involucran tanto al Gobierno provincial, que tiene competencias específicas sobre los cauces y la administración del agua, como al municipio, que debe intervenir en la protección de las poblaciones y la respuesta ante emergencias dentro de sus atribuciones.
Un verano difícil
Las advertencias de los regantes se proyectan sobre diciembre, enero y febrero, meses durante los cuales las temperaturas elevadas, el deshielo y las posibles tormentas estivales podrían aumentar nuevamente la presión sobre las defensas hidráulicas.
La Junta de Riego sostiene que las intervenciones existentes deben reacondicionarse antes de que se produzcan nuevas crecientes y que la presencia diaria de técnicos permitiría identificar sectores comprometidos antes de que los daños se agraven.
El Gobierno provincial reconoce la magnitud de las crecientes y mantiene trabajos sobre distintos cauces, aunque la existencia de esas intervenciones no resuelve los cuestionamientos sobre su alcance, oportunidad y capacidad para proteger las poblaciones.
El debate que ahora se abre en Calingasta excede la declaración de emergencia, porque también será necesario determinar qué pedidos preventivos fueron atendidos, cuáles quedaron pendientes, cuánto dinero público se utilizó, qué empresas realizaron las obras y quiénes deben responder por las defensas que todavía no ofrecen suficiente seguridad.
Minería & Desarrollo