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El empresario minero resaltó las medidas que plantea el proyecto de ley para fiscalizar las plantas de procesamiento y regular el uso de explosivos, pero advirtió que se debe reforzar el control sobre la comercialización de minerales y la protección de la Amazonía.
El director de la compañía minera Buenaventura, Raúl Benavides, destacó algunos aspectos del proyecto de Ley de la Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE), que busca establecer nuevas reglas para la formalización minera en el Perú. Sin embargo, advirtió que la nueva normativa debe impedir que este proceso se convierta en un mecanismo de impunidad para quienes cometen delitos ambientales o ponen en riesgo la vida de los trabajadores.
“El famoso Reinfo era una licencia para matar”, afirmó Benavides en Ampliación de Noticias de RPP, al recordar una expresión atribuida a una expresidenta del Tribunal Constitucional sobre el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).
El empresario sostuvo que no se puede eximir de responsabilidad a los mineros inscritos en este registro por los daños al ambiente ni por las muertes que puedan producirse durante sus operaciones.
“Podemos aceptar muchas cosas, pero no podemos aceptar que maten a la gente ni que destruyan el ambiente”, remarcó.
¿Qué aspectos positivos encuentra en la Ley MAPE?
Benavides consideró que la iniciativa legislativa representa un avance luego de varios años de espera por una propuesta del Poder Ejecutivo para regular la minería artesanal y de pequeña escala.
Entre las medidas que destacó figura la implementación de una casilla electrónica para facilitar las comunicaciones entre el Estado y los administrados, así como la fiscalización de las plantas de procesamiento con la participación de distintas entidades públicas.
El director de Buenaventura resaltó la intervención del Ministerio de Energía y Minas, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), Osinergmin y la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), según las competencias de cada institución.
También consideró positivo que se establezca un plazo de 120 días para que el Ministerio del Interior regule el uso de explosivos, debido a los problemas de seguridad que genera su comercialización.
No obstante, advirtió que el proyecto debe prestar mayor atención a la protección de los ecosistemas frágiles, especialmente la Amazonía, donde la minería ilegal provoca daños ambientales.
Propone prohibir los pagos en efectivo por la compra de minerales
Uno de los principales cambios que Benavides considera necesarios está relacionado con la comercialización de minerales. A su juicio, el control debe concentrarse en la primera venta, cuando el mineral ingresa a la cadena comercial y puede ser adquirido por empresas o intermediarios.
“Creo que lo más conveniente es simplemente prohibir las transacciones en efectivo en la comercialización de minerales, porque realmente ahí es donde tenemos el problema”, sostuvo.
El empresario señaló que, si bien el proyecto contempla facilitar la apertura de cuentas bancarias a través del Banco de la Nación, se necesitan mecanismos adicionales para identificar el origen del mineral y verificar la legalidad de las operaciones.
En esa línea, planteó que la responsabilidad por la trazabilidad no recaiga únicamente en el vendedor, sino también en el comprador.
Según explicó, quien adquiere oro u otros minerales debe comprobar si estos provienen de una concesión formal o si fueron extraídos ilegalmente, incluso de las cuencas de los ríos amazónicos.
De esta manera, consideró que se podría fortalecer la fiscalización de las operaciones y dificultar que los minerales de origen ilegal ingresen al mercado formal.
¿Qué plantea sobre el nuevo proceso de formalización minera?
Respecto al régimen de consolidación previsto en el proyecto de Ley MAPE, Benavides sostuvo que el proceso será difícil, pero consideró necesario avanzar hacia un sistema con plazos concretos.
“Va a ser muy difícil hacerlo, pero creo que hay que intentarlo”, señaló al ser consultado sobre el tiempo previsto para que los mineros completen su formalización.
El empresario insistió en que la continuidad de los procesos de formalización no debe significar que se toleren daños a las personas o al ambiente. En particular, advirtió sobre las condiciones laborales de quienes trabajan en operaciones informales y rechazó que se permita desarrollar actividades mineras en parques nacionales o en ríos amazónicos.
“Las condiciones en que trabaja la gente en la informalidad son terribles. Es realmente un abuso contra las personas”, afirmó.
Para Benavides, la nueva normativa debe contribuir a terminar con la impunidad en la minería informal y garantizar que la formalización no funcione como una protección frente a delitos ambientales, explotación de trabajadores, minería ilegal o lavado de activos.
El director de Buenaventura consideró que la Ley MAPE puede ayudar a avanzar en ese objetivo, siempre que las medidas de formalización estén acompañadas de fiscalización efectiva y controles sobre la comercialización de minerales.
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