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Julia Torreblanca, presidenta del gremio minero energético, manifestó que la proliferación de mineros ilegales no solo pone en riesgo la seguridad de la población, sino que frena directamente el desarrollo de proyectos mineros formales que actualmente se encuentran a la espera de autorizaciones corporativas y de la consecución de sus permisos ambientales y operativos.
Frente a este escenario, Torreblanca enfatizó que el combate a este flagelo requiere la presencia integral, permanente y efectiva de las instituciones del Estado.
En esa línea, insistió en que las autoridades deben erradicar decididamente a quienes operan sin contar con el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Precisó además que el gremio no se opone a la actividad minera en ninguna de sus escalas, siempre que se desarrolle bajo el cumplimiento de la ley, altos estándares de seguridad y la protección de la vida de los trabajadores, dada la naturaleza de alto riesgo que caracteriza a la industria.
Como pilar estratégico para cortar el circuito económico de la minería ilegal y proteger regiones como Cajamarca, planteó que el sistema de trazabilidad del oro debe enfocarse de manera prioritaria en el control y la fiscalización estricta de las plantas de beneficio a nivel nacional.
Indicó que estas instalaciones son el punto crítico del problema, ya que actualmente reciben y procesan mineral proveniente de múltiples orígenes —incluso de zonas prohibidas o patrimonios arqueológicos—, facilitando el «lavado» del metal para su posterior venta formal.
“Esta falta de control, advirtió, explica por qué hoy el Perú exporta volúmenes de oro ilegal casi equivalentes a los de la minería formal, según estimaciones del Instituto Peruano de Economía (IPE)”, indicó a Red de Comunicación Regional (RCR).
Finalmente, la titular de la SNMPE subrayó que la futura Ley MAPE debe establecer mecanismos transparentes e ineludibles para auditar tanto el origen del mineral como la cuota de insumos sensibles requeridos para su procesamiento, como explosivos e insumos químicos.
Al respecto, instó a replicar los estrictos controles que ejerce Sucamec sobre la minería formal regulada, donde se exige justificar al detalle la cantidad empleada de cada insumo. Definir a la entidad rectora, establecer plazos claros y perfeccionar esta fiscalización resulta indispensable para garantizar la seguridad en Cajamarca y salvaguardar el futuro de la minería legal en el país.
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