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El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) impuso multas por un total de 101,52 UIT, equivalentes a S/558.360, a la exliquidadora de Doe Run Perú, Consultores A-1, y a su representante legal, Héctor Iriarte Tejada. Tras la revisión de un recurso de reconsideración, quedaron sin acreditar US$8,13 millones y S/2,94 millones en gastos reportados durante la liquidación.
Las observaciones iniciales fueron recogidas en la Resolución N.° 8853-2026/CCO-INDECOPI y corresponden a desembolsos incluidos en informes trimestrales entre marzo de 2022 y diciembre de 2023. Según la entidad, los documentos presentados no permitieron sustentar suficientemente diversos pagos ni identificar con claridad algunos proveedores o los servicios vinculados con esos gastos.
Los conceptos observados incluyen consultorías, combustible, pagos a comunidades, servicios básicos, comedor, insumos y asesorías legales. También se cuestionaron desembolsos que excedían los límites presupuestarios o que no estaban contemplados en el presupuesto aprobado.
La liquidación de Doe Run Perú se prolonga desde hace aproximadamente 14 años, en un proceso que aún enfrenta cuestionamientos sobre la gestión de los recursos y la documentación de los gastos. En ese contexto, las sanciones impuestas a la anterior liquidadora se centran en desembolsos que no pudieron ser acreditados ante la autoridad concursal.
Gastos fuera del presupuesto superaron los US$5 millones
Entre los principales cuestionamientos figuran gastos no presupuestados por S/2,82 millones y US$5,09 millones, que, según el procedimiento, se habrían realizado sin la aprobación de la junta de acreedores. Estos representaban el 64,27% del total de gastos observados.
Dentro de ese grupo se encuentran pagos atribuidos a comunidades campesinas por S/1,8 millones y más de US$1,6 millones que no contaban con sustento formal suficiente.
También se observaron cerca de US$1,14 millones por consultorías relacionadas con el procedimiento concursal y con autorizaciones, licencias y permisos para operaciones mineras. A ello se sumaron US$141.600 por servicios informáticos y custodia de archivos digitales, así como US$148.680 por archivo físico e inventario.
Otro desembolso cuestionado fue el de US$734.299 por asesoría contable para Representaciones Milán S.A.C. La documentación presentada no permitió sustentar suficientemente ese gasto ante la autoridad concursal.
Las observaciones también alcanzaron los pagos por alquiler de oficinas. Aunque el presupuesto establecía un máximo de US$4.000 mensuales, se reportaron desembolsos de US$12.000 al mes, el triple del límite previsto.
En asesoría legal se registraron gastos por S/30.000 y US$531.857. Según las observaciones del procedimiento, cerca del 80% del monto en dólares habría correspondido al Estudio Almerco y excedido lo presupuestado. Asimismo, se cuestionó un desembolso de US$1.506.392 registrado bajo el concepto de honorarios.
Consultores A-1 solo acreditó el 10% y entregó documentación incompleta
La Resolución N.° 10853-2026/CCO-INDECOPI determinó que Consultores A-1 había sustentado US$921.919,84 de los gastos observados en esa moneda, alrededor del 10%. Tras la revisión, permanecieron sin acreditar US$8.133.660,16 y S/2.947.347,32.
Consultores A-1 cuestionó las observaciones de Indecopi y sostuvo que la mayoría de los gastos no reconocidos correspondían al mantenimiento de la unidad minera Cobriza y del Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO). En una carta del 22 de octubre dirigida al presidente encargado de la Junta de Acreedores de Doe Run Perú, la empresa afirmó que los desembolsos fueron informados a la Comisión de Procedimientos Concursales en coordinación con el supervisor concursal, quien, según su versión, no formuló objeciones, lo que a su juicio evidenciaría una aprobación tácita. También cuestionó que se exigiera un visto previo del supervisor sin que el convenio de liquidación hubiera detallado el procedimiento para obtenerlo.
La revisión también comprendió la documentación entregada a los liquidadores posteriores, Alva Legal y Marco Eusebio Chávez Magán. Parte de los documentos solicitados para sustentar los gastos observados no figuraba entre los registros transferidos, según los antecedentes del procedimiento.
La falta de esos documentos dificultó contrastar determinados desembolsos de la gestión anterior. Consultores A-1 señaló, en una carta del 22 de octubre, que aún se encontraba dentro del plazo para apelar la decisión de Indecopi. La empresa dispone de 15 días hábiles desde la notificación correspondiente para presentar ese recurso.
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