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Por Agustín de Vicente , 4 de noviembre de 2026 | 13:27
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Juan Carlos Ortiz, presidente del IIMP, advierte sobre necesidad de presencia estatal permanente para proteger 66 proyectos mineros valorizados en US$ 64.000 millones frente al avance de actividades ilícitas.
El Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) planteó una advertencia crítica sobre la necesidad de que el Estado garantice simultáneamente el cumplimiento de la ley y la generación de condiciones para la inversión minera formal frente al avance de la minería ilegal en territorios peruanos.
Juan Carlos Ortiz, presidente del IIMP, señaló que el país enfrenta un desafío dual: proteger 66 proyectos mineros en cartera valorizados en más de US$ 64.000 millones mientras contiene el expansionismo de economías ilícitas en zonas como Tambopata.
Inversión formal requiere predictibilidad y Estado facilitador
En su columna "La ilegalidad no puede ganarle terreno a la inversión" del Semáforo Minero, Ortiz explicó que "la inversión formal necesita reglas claras y un Estado que cumpla su papel de facilitador y garante del cumplimiento de la ley".
Según el dirigente gremial, cada proyecto que logra avanzar genera oportunidades de empleo, desarrollo de proveedores locales, mayores ingresos fiscales y dinamismo económico territorial. Por ello, enfatizó la importancia de que Perú transforme su potencial minero en inversiones efectivas mediante decisiones oportunas y predecibles.
Operativos no son suficientes: se requiere estrategia permanente
Ortiz reconoció la importancia de intervenciones puntuales como la destrucción de más de 30 campamentos en la zona de amortiguamiento de Tambopata, que permitieron proteger patrimonio natural y recuperar control territorial. Sin embargo, advirtió que los operativos deben complementarse con una estrategia de largo plazo.
"Necesitamos presencia permanente, inteligencia y coordinación para impedir que estas estructuras vuelvan a instalarse", enfatizó el presidente del IIMP.
Diferenciación entre formalización e ilegalidad
Ortiz planteó que la respuesta estatal debe diferenciar claramente entre operadores con intención de formalizarse y aquellos que actúan deliberadamente al margen de la ley. "La formalización debe tener una ruta viable y plazos definidos; la ilegalidad, consecuencias efectivas", precisó.
El dirigente minero concluyó que Perú no puede permitir que proyectos formales permanezcan a la espera de decisiones administrativas mientras las economías ilícitas amplían su alcance sin control territorial efectivo. Su llamado enfatiza la necesidad de abordar ambos desafíos de manera articulada y coordinada para proteger la industria minera formal y la inversión en el país.
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