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Una vista aérea de la mina de oro Eagle, en el centro de Yukón (Créditos: Gobierno de Yukón)
La mina de oro Eagle, en el centro de Yukón (Canadá), tiene por fin un comprador. Después de más de dos años de incertidumbre, la empresa singapurense Boroo Pte. Ltd. firmó un acuerdo con el receptor judicial, PwC, para adquirir el yacimiento por 140 millones de dólares canadienses (Aprox. US$100 millones). La operación, que aún necesita el visto bueno de la Corte, se presenta como el desenlace más favorable para un sitio que quedó marcado por uno de los derrames de cianuro más graves de la historia reciente de la minería canadiense.
El anuncio lo hizo el gobierno territorial el jueves 22 de octubre. La ministra de Desarrollo Económico, Jen Gehmair, no ocultó su satisfacción. “Este es el resultado ideal”, declaró en una conferencia de prensa, y subrayó que, una vez cerrado el trato, Boroo asumirá la responsabilidad total de las operaciones y de las tareas de remediación en el sitio. Para Yukón, el alivio es doble. Por un lado, deja de financiar una limpieza que consumía más de 11 millones de dólares al mes. Por otro, el gobierno espera recuperar íntegramente el dinero que adelantó para la emergencia a través de un préstamo de 220 millones de dólares otorgado en marzo de 2025.
El desastre que lo cambió todo
Para entender la magnitud de la venta, conviene recordar qué pasó. El 24 de junio de 2024, la instalación de lixiviación en pilas de Eagle, operada entonces por Victoria Gold Corp., colapsó. El fallo liberó cerca de 2,000,000 de toneladas de mineral y agua contaminados con cianuro, que se deslizaron por la ladera y afectaron el entorno. La mina cerró de inmediato y, en agosto de ese año, un tribunal la puso bajo administración judicial, con PwC a cargo. Desde entonces, la prioridad ha sido contener y tratar el agua contaminada, estabilizar la pila de lixiviación y evitar que la contaminación se propague.
Los costos de esa operación no son menores. Solo entre abril y septiembre de 2026, PwC proyectó un gasto de 76.5 millones de dólares en labores de limpieza, manejo de agua y estabilización del terreno. A eso se suman los gastos de equipo, personal, servicios y gestión técnica, que elevan la factura anual a decenas de millones más. El gobierno de Yukón ha estado cubriendo esos costos con el préstamo mencionado, mientras el receptor intentaba vender los activos de Victoria Gold para generar algo de liquidez.
Un comprador con experiencia en operaciones complejas
Boroo no es un desconocido en el sector. La empresa, con sede en Singapur, tiene operaciones mineras en Mongolia y Perú, y su nombre ya había sonado en el mercado canadiense por su interés en activos en dificultades. Su CEO, Dulguun Erdenebaatar, describió la operación como “un punto de inflexión para este activo fundacional de Yukón” y aseguró que sus equipos técnicos y ambientales han pasado “innumerables horas” en el terreno realizando la debida diligencia.
La estructura del pago refleja la cautela de ambas partes. De los 140 millones, 40 millones se pagarán por adelantado: 20 millones tras la aprobación judicial y otros 20 millones al cierre, previsto para antes del 31 de diciembre de 2026. Los 100 millones restantes están atados a hitos. Cincuenta millones se desembolsarán cuando Boroo obtenga los permisos necesarios para reiniciar las operaciones, y los otros cincuenta cuando la mina alcance la producción comercial de oro.
La promesa de una inversión millonaria
El monto de la compra es solo una parte de la historia. Boroo se comprometió a invertir alrededor de 1,500 millones de dólares canadienses en el sitio. De esa cifra, unos 800 millones se destinarán entre 2027 y 2029 a la rehabilitación ambiental, la infraestructura de tratamiento de agua, la estabilización geotécnica y las actividades de reinicio gradual. Los más de 600 millones restantes se invertirán a lo largo de la vida inicial de la mina para sostener y extender las operaciones.
Para la ministra Gehmair, esa inversión no solo representa una oportunidad de empleo —habló de “cientos” de puestos de trabajo para los yukoneses—, sino también una señal de confianza para los inversionistas extranjeros. “Esta transacción envía un mensaje más amplio sobre Yukón como un lugar para invertir”, afirmó.
La seguridad ambiental como condición
El acuerdo no deja el futuro ambiental del sitio al azar. Boroo deberá entregar 104 millones de dólares canadienses en garantías de seguridad al gobierno de Yukón. Esa suma quedará en custodia como respaldo para cubrir los costos de cierre y remediación en caso de que la empresa no pueda completar el proyecto. Es un mecanismo que protege a los contribuyentes y que responde a una de las críticas más recurrentes tras el desastre de 2024: la insuficiencia de las fianzas ambientales para cubrir una emergencia de esa escala.
El acuerdo también contempla una cláusula de salida. Si Boroo no logra obtener los permisos necesarios para reiniciar la mina en un plazo de cuatro años, podrá abandonar el proyecto pagando hasta 55 millones de dólares canadienses, en reconocimiento a las inversiones realizadas en cuidado, mantenimiento y remediación. Es un seguro tanto para la empresa como para el territorio, que evita quedar atrapado en un limbo regulatorio.
El camino por delante
A pesar del optimismo, el proceso no está cerrado. PwC presentará la solicitud de aprobación ante la Corte Superior de Ontario a principios de diciembre, y espera que el cierre se concrete alrededor del 31 de diciembre de 2026. Antes de eso, Boroo debe obtener la autorización de la corte, la aprobación de la Ley de Competencia y el consentimiento del gobierno de Yukón como prestamista de la receptación.
El reinicio de la producción comercial, sin embargo, no será inmediato. Según PwC, la mina necesita pasar por un proceso de re-permisión que podría tomar alrededor de cuatro años. Eso significa que, en el mejor de los casos, el oro volvería a extraerse de Eagle hacia finales de la década. Mientras tanto, la prioridad de Boroo será estabilizar el sitio, completar la remediación ambiental y sentar las bases para una operación segura.
La Primera Nación Na-cho Nyäk Dun, en cuyo territorio tradicional se encuentra la mina, ha estado participando en las negociaciones. Boroo ha declarado su intención de trabajar de cerca con la comunidad y con las empresas locales, aunque hasta el momento no ha habido una respuesta pública de la nación originaria sobre los términos del acuerdo. La relación con la comunidad será un factor determinante para la viabilidad a largo plazo del proyecto.
Boroo tiene ahora la oportunidad de demostrar que un activo golpeado por el desastre puede renacer bajo una gestión distinta. Su promesa de inversión es significativa, su experiencia en operaciones complejas es un aval, y el respaldo financiero del gobierno territorial le da un margen de maniobra. Pero el éxito dependerá de la capacidad de la empresa para reconstruir la confianza de la comunidad, cumplir con los estándares ambientales más exigentes y convertir una mina que alguna vez fue símbolo de fracaso en un ejemplo de recuperación.
Fuente: CBC