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El Gobierno, a través de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), emplea tecnología satelital y herramientas de análisis geoespacial para identificar actividades vinculadas con la minería ilegal, incluso en zonas de difícil acceso del territorio nacional.
Esta información permite a las fuerzas del orden planificar con mayor precisión sus operativos de interdicción contra las organizaciones criminales que depredan los recursos naturales. Los informes técnicos elaborados a partir de imágenes satelitales, mapas y análisis especializados constituyen un insumo estratégico para las FF.AA. y la Policía Nacional.
Esta información facilita la identificación de maquinaria, campamentos e instalaciones utilizados en la extracción ilegal de minerales, así como la planificación de intervenciones en el terreno.
Especialistas de la Dirección de Vigilancia Amazónica y Nacional (Divan) de la FAP procesan y analizan imágenes captadas por el satélite PerúSAT-1 y otras fuentes satelitales. Mediante técnicas de teledetección y herramientas de análisis geoespacial, identifican instalaciones, áreas intervenidas y otros indicios de actividad minera ilegal en distintas zonas del país.
“Con el uso de la tecnología, el Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori ratifica su compromiso de combatir a las organizaciones criminales que depredan nuestra Amazonía y dañan el medio ambiente”, señaló el premier Luis Galarreta.
A finales de agosto, el análisis de imágenes satelitales que abarcaron más de 33,000 hectáreas en los distritos de Inambari y Laberinto, provincia de Tambopata, en Madre de Dios, permitió identificar 236 dragas utilizadas para la extracción ilegal de oro, 118 canaletas de lavado de mineral, 242 instalaciones operativas y 5 campamentos clandestinos en la Reserva Nacional de Tambopata.
Producto de este hallazgo, agentes de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra y de la Dirección de Medio Ambiente de la Policía Nacional, junto con representantes de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental del Ministerio Público, se desplazaron a los puntos identificados para intervenir los campamentos, las maquinarias y los insumos vinculados a la minería ilegal.
La evaluación también evidenció la degradación de más de 4,000 hectáreas de bosque amazónico en la zona como consecuencia de las actividades de extracción ilegal de minerales.
El uso de información satelital especializada, articulado con las acciones de las fuerzas del orden en el territorio, se enmarca en la Estrategia Nacional para la Reducción e Interdicción de la Minería Ilegal al 2030, impulsada por la Presidencia del Consejo de Ministros.
Impacto ambiental
La minería ilegal genera graves consecuencias ambientales, económicas y sociales en el Perú.
Según el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan), esta actividad provocó la deforestación de 6,020 hectáreas en 2024.
Además, indica que la pérdida acumulada desde 2018 superó las 141,000 hectáreas.
A su vez, el Ministerio Público informó en julio de 2025 que las pérdidas económicas asociadas a esta actividad superan los 22,000 millones de soles anuales, equivalentes al 2.5% del producto bruto interno (PBI).
Además, la extracción ilegal de oro contamina los ecosistemas con mercurio y afecta la salud de las poblaciones expuestas.
La Fiscalía también advierte sobre sus vínculos con el crimen organizado, la trata de personas, la corrupción y el lavado de activos.
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