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La estatal peruana Activos Mineros S.A.C. (AMSAC) adjudicó el reaprovechamiento de los relaves del Proyecto Quiulacocha, en Pasco, a la empresa Cerro de Pasco Resources del Perú S.A.C.
La operación propone que la inversión privada contribuya a la recuperación de un pasivo ambiental minero con más de seis décadas de antigüedad.
La buena pro de la Subasta Pública N.° 001-2026-AMSAC fue otorgada el 12 de octubre, informó AMSAC. Cerro de Pasco Resources también desarrolla también la concesión El Metalurgista en la zona central del país.
El proceso incluye la transferencia de los relaves almacenados en Quiulacocha para su reprocesamiento económico, junto con los derechos de superficie requeridos para las operaciones.
La subasta abarca los relaves y los derechos de superficie en Pasco
Los relaves son residuos que permanecen después de que el mineral es procesado. En el caso de Quiulacocha, contienen un inventario polimetálico que la empresa adjudicataria busca estudiar y aprovechar.
La compañía mencionó entre los metales de interés la plata, el zinc, el plomo, el cobre, el oro y el galio. La adjudicación aún requiere la suscripción de los acuerdos definitivos con AMSAC.
Cerro de Pasco Resources indicó que espera consolidar, tras esa etapa, los derechos minerales y superficiales necesarios para avanzar con el proyecto de reprocesamiento.
El Estado se ahorrará S/ 550 millones de la limpieza de Quiulacocha
AMSAC, especializada en la remediación de pasivos ambientales mineros, sostiene que el saneamiento del depósito bajo un esquema tradicional habría requerido cerca de S/ 550 millones de recursos públicos.
El modelo aprobado plantea que un privado aproveche los minerales remanentes en los relaves y, a la vez, asuma las obligaciones ambientales que correspondan según los contratos y las autorizaciones aplicables. Esas intervenciones incluyen acciones para reducir riesgos ambientales, estabilizar el depósito y contribuir a su recuperación progresiva.
El gerente general de AMSAC, Dante Aguilar, afirmó que el proyecto busca vincular la recuperación ambiental con beneficios para el área de influencia. “Nuestro principal objetivo es que los beneficios de esta transformación lleguen a la población de Quiulacocha y Cerro de Pasco”, señaló.
La entidad estatal calcula que la suma de los beneficios económicos proyectados y del ahorro de recursos públicos superará los S/ 1.000 millones. Esa estimación corresponde a las proyecciones del proyecto y dependerá de su ejecución, de la obtención de permisos y de los resultados técnicos posteriores.
El proyecto prevé pagos, fideicomiso social y actividad económica local
Durante los 21 años estimados de operación, Quiulacocha contempla más de S/ 500 millones en pagos y aportes contractuales, además de los ingresos tributarios que puedan originarse a partir del desarrollo de las actividades.
AMSAC también informó que se proyecta un fideicomiso social por unos S/ 20 millones. El fondo estaría destinado a programas, proyectos y obras de desarrollo sostenible para las comunidades ubicadas en el área de influencia.
La empresa estatal señaló que la iniciativa podría generar empleo, contratación de proveedores locales y otras actividades económicas vinculadas a la ejecución del proyecto. Los alcances concretos dependerán de los planes operativos, ambientales y sociales que se definan en las siguientes etapas.
Aún faltan estudios para establecer los recursos del depósito
Cerro de Pasco Resources informó que continúa con un programa de perforación, análisis, ensayos metalúrgicos y estudios técnicos en Quiulacocha. La compañía precisó que todavía no ha definido una estimación de recursos minerales ni reservas de acuerdo con la norma canadiense NI 43-101.
Esa información será necesaria para determinar la viabilidad técnica y económica. También quedarán pendientes las autorizaciones regulatorias, ambientales y los mecanismos de relacionamiento con las comunidades de la zona.
Para AMSAC, el caso de Quiulacocha resulta icónico, pues puede servir como antecedente para otros pasivos ambientales mineros cuyos residuos conserven valor económico.
La empresa estatal plantea que la articulación entre inversión privada y obligaciones de remediación puede aplicarse en depósitos similares, siempre que las condiciones técnicas, legales y ambientales lo permitan.