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La minería ilegal se ha convertido en una amenaza para la estabilidad del Estado peruano, debido a su expansión, sus impactos ambientales y su vinculación con la violencia, advirtió Gustavo De Vinatea Bellatin, gerente general del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), durante una mesa técnica organizada en el Congreso de la República para analizar medidas frente a esta actividad ilícita.
El representante del IIMP señaló que la producción ilegal de oro se estima en 110 toneladas anuales, una cifra que supera lo exportado por la minería formal. Advirtió, además, que la expansión de esta actividad pone en riesgo el desarrollo de la minería formal.
De Vinatea también alertó sobre las consecuencias de la minería ilegal para el ambiente y la sociedad, entre ellas la contaminación por mercurio de las fuentes de agua y de las personas, así como las vulneraciones de derechos humanos. Asimismo, señaló que en los distritos con mayor presencia de esta actividad los homicidios por cada 100.000 habitantes pueden superar hasta en 45 veces el promedio nacional.
Frente a este escenario, destacó la importancia de aprovechar el potencial minero del Perú dentro de un marco de legalidad. Recordó que la minería formal representa alrededor del 10 % del PBI, aporta más del 66 % de las exportaciones y genera 290.000 empleos directos formales, además de más de un millón y medio de empleos indirectos.
Como parte de las medidas para enfrentar esta problemática, el gerente general del IIMP planteó que, ante el próximo vencimiento del Reinfo, previsto para fines de 2026, se avance hacia el cumplimiento de la Ley General de Minería y del marco legal aplicable a la pequeña minería y minería artesanal, sin prolongar mecanismos que permitan mantener indefinidamente actividades sin formalizar.
También propuso fortalecer la formalización mediante las plantas de procesamiento de minerales, como parte de una estrategia que contribuya a verificar el origen del oro y asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
La mesa técnica, denominada “Minería ilegal: Trazabilidad de oro, control de explosivos, Reinfo”, fue organizada por el Grupo de Trabajo sobre Economías Ilícitas, constituido por la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera y coordinado por el congresista Jaime Abensur Pinasco, de Fuerza Popular. El encuentro tuvo como objetivo identificar soluciones viables e inmediatas para combatir este delito.
Durante la sesión, Wilfredo Albarracín, funcionario de la Sunat, abordó la importancia de la trazabilidad en las operaciones de exportación, mientras que Daniel Castillo, analista legal de la Dirección General de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas, explicó los procedimientos de formalización vigentes y las acciones de depuración del Reinfo.
Asimismo, representantes de la Sucamec y del Comité de Fabricantes de Explosivos expusieron medidas para reforzar el control y seguimiento de estos insumos. Por su parte, representantes de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) presentaron propuestas con énfasis en la trazabilidad del oro.
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