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Puntos clave
- Resolución clave: Tribunal suspendió (no anuló) la Licencia Preliminar del proyecto Castelo de Sonhos; diferencia crítica que mantiene el proyecto vivo legalmente
- Requisito principal: TriStar Gold y SEMAS/PA deben demostrar cumplimiento del Estudio de Componente Indígena (ECI) y Consulta Libre, Previa e Informada (CLPI) antes de emitir permisos de instalación u operación
- Contexto legal: Fiscalía Federal brasileña demandó anulación por omisión de consulta a comunidades indígenas del área de influencia en Pará (agosto 2025)
- Implicación regional: Sentencia refuerza estándar de cumplimiento de derechos indígenas en proyectos mineros de Latinoamérica; establece precedente para operadores
| Tipo de regulación | Suspensión cautelar de Licencia Preliminar (LP); exigencia… |
| Entidad | Tribunal Federal de Pará; Fiscalía Federal de Brasil (MPF);… |
| Vigencia | 4 de noviembre de 2026 (resolución provisional); proceso fo… |
Un tribunal federal de Pará emitió el 4 de noviembre de 2026 una resolución provisional que redefine el camino legal del proyecto aurífero Castelo de Sonhos: en lugar de anular la licencia ambiental preliminar obtenida por TriStar Gold, el juzgado la suspendió cautelarmente y abrió un proceso formal para que tanto la Secretaría de Estado de Medio Ambiente (SEMAS/PA) como la subsidiaria brasileña de la compañía —Mineração Castelo dos Sonhos S.A.— demuestren la suficiencia del licenciamiento y la realización del Estudio de Componente Indígena (ECI) y la consulta libre, previa e informada (CLPI) antes de que se emitan permisos de instalación o de operación. La diferencia entre suspensión y cancelación no es semántica: es la frontera entre un proyecto que sigue vivo y uno que muere en los juzgados.
Qué ocurrió y por qué importa la distinción legal
El origen del conflicto es el expediente que la Fiscalía Federal de Brasil (MPF) abrió mediante una Acción Civil Pública presentada ante el Tribunal Federal de Pará en agosto de 2025. El MPF demandó la anulación de la Licencia Preliminar (LP) del proyecto, argumentando que el proceso de licenciamiento ambiental había omitido el ECI y la CLPI con las comunidades indígenas del área de influencia en el estado de Pará. La petición original del Ministerio Público era maximalista: borrar la licencia y empezar desde cero.
El tribunal no concedió eso. En cambio, estableció una suspensión provisional con efectos acotados: la LP no puede servir de base para otorgar autorizaciones de instalación u operación mientras no se resuelva el fondo del asunto. Pero la licencia existe. No fue revocada. Y el juzgado fue explícito en un punto que TriStar subrayó en su comunicado: los estudios técnicos, el trabajo ambiental y las actividades administrativas asociadas al avance del proyecto pueden continuar sin restricción.
Para los inversionistas que seguían este proceso desde Toronto, la resolución elimina el peor escenario. Para la ANM —la Agência Nacional de Mineração, regulador federal del sector— y para SEMAS/PA, abre un expediente que deberán atender con documentación técnica ante el juzgado. El proceso judicial no desapareció; se estructuró.
El peso del marco post-Brumadinho sobre cualquier proyecto en Pará
Castelo de Sonhos opera en un entorno regulatorio que cambió de manera permanente tras los desastres de Mariana (2015) y Brumadinho (2019). Brasil construyó después de esos eventos el marco de regulación de presas de jales más exigente del mundo, y la ANM amplió sus atribuciones fiscalizadoras de forma sustancial. Pero el peso regulatorio más difícil para proyectos en regiones con presencia indígena no viene de la ANM sino del marco constitucional de 1988 y de la jurisprudencia del Supremo Tribunal Federal (STF), que ha reforzado consistentemente el derecho a la CLPI de los pueblos originarios.
El estado de Pará concentra una proporción significativa de los territorios indígenas demarcados de Brasil. Cualquier proyecto minero en esa geografía que no integre la consulta indígena desde el diseño del licenciamiento —no como trámite posterior— enfrenta exactamente el tipo de impugnación que el MPF presentó contra Castelo de Sonhos. No es una anomalía regulatoria: es el estándar operativo del estado brasileño en materia extractiva desde hace al menos una década.
La Acción Civil Pública del MPF no fue una sorpresa para quienes conocen el marco legal. Lo relevante es que TriStar ahora tiene un proceso judicial definido para atenderla —con plazos, contraparte institucional y un juzgado que no cerró la puerta— en lugar de un fallo adverso que hubiera obligado a reiniciar el licenciamiento desde cero.
Estudio de factibilidad y consulta indígena: la apuesta por los procesos paralelos
La estrategia que TriStar declaró públicamente es correr en paralelo el Estudio de Factibilidad —que la compañía estima en aproximadamente dos años de trabajo, sujeto a financiamiento— y el proceso de ECI y CLPI ordenado por el tribunal. Nick Appleyard, presidente y CEO de la empresa, lo planteó en términos de oportunidad: si ambos procesos tienen horizontes similares, el avance en ingeniería no tiene por qué esperar la resolución judicial definitiva.
La lógica operativa tiene sentido. El estudio de factibilidad requiere cálculos actualizados de recursos y reservas, ingeniería de proyecto, investigaciones metalúrgicas y geotécnicas, estudios ambientales adicionales y la documentación técnica necesaria para soportar el desarrollo futuro. Nada de eso depende de que la LP esté plenamente vigente, porque la resolución del tribunal no lo prohíbe. Lo que sí queda bloqueado es la emisión de autorizaciones de instalación u operación —el paso que convierte un proyecto en construcción— hasta que el juzgado resuelva el fondo.
El riesgo real de la estrategia paralela es el de sincronización. Si el ECI y la CLPI enfrentan obstáculos —comunidades que impugnan el proceso, desacuerdos sobre el alcance del estudio, recursos adicionales del MPF— el horizonte de dos años puede estirarse. Y si el estudio de factibilidad concluye antes de que el juzgado emita resolución definitiva, la compañía tendrá un proyecto técnicamente listo para construir pero legalmente suspendido. Ese escenario no es el peor posible, pero tiene costo: en deuda con acreedores, en paciencia de accionistas y en dilución potencial si se necesita capital puente.
ANM, SEMAS/PA y el reparto de responsabilidades institucionales
La resolución del tribunal pone a SEMAS/PA en una posición delicada. La secretaría estatal de medio ambiente fue codemandada por el MPF junto con MCDS, la subsidiaria de TriStar. El juzgado requirió que ambas partes presenten argumentos sobre la suficiencia del licenciamiento. Para SEMAS/PA, esto implica defender ante un tribunal federal la solidez de un proceso de licenciamiento que el Ministerio Público federal cuestionó explícitamente.
Esa tensión institucional —entre el regulador ambiental estatal y la fiscalía federal— no es exclusiva de este caso. En proyectos de gran escala en la Amazonia brasileña, el conflicto de competencias entre autoridades estaduales y federales es una constante que ralentiza decisiones y multiplica los frentes legales que las empresas deben atender. Para TriStar, navegar esa dinámica requiere equipos legales y de relaciones institucionales operando simultáneamente en dos niveles de gobierno.
La ANM, como regulador federal de la actividad minera, no aparece como parte en esta Acción Civil Pública —el conflicto se centra en el licenciamiento ambiental, competencia de SEMAS/PA— pero cualquier modificación sustancial al alcance del proyecto o a los términos del licenciamiento tendrá consecuencias sobre los derechos mineros que administra la agencia.
Castelo de Sonhos en el contexto del sector aurífero brasileño
Brasil produjo aproximadamente 100 toneladas de oro en 2024, con una tendencia de crecimiento sostenida en años recientes. Kinross opera en Paracatu, Minas Gerais, una de las minas de oro más grandes del mundo por volumen de producción, aunque de baja ley. El espacio para nuevos proyectos de mayor ley existe, y Castelo de Sonhos —ubicado en Pará, en la región amazónica— forma parte de esa siguiente generación de activos auríferos brasileños que apuntan a llenar ese espacio.
El problema estructural del sector aurífero en Pará es el garimpo ilegal, que distorsiona datos de producción, daña ecosistemas y complica las relaciones con comunidades indígenas precisamente en las regiones donde proyectos formales como Castelo de Sonhos buscan operar. La minería ilegal no consulta, no licencia y no paga CFEM —la compensación financiera por explotación mineral que sí deben pagar las empresas formales. Esa asimetría hace más difícil, no más fácil, que comunidades indígenas distingan entre la minería formal regulada y la depredación informal.
Para TriStar, construir una CLPI creíble implica no solo cumplir el estándar legal mínimo sino diferenciarse activamente de esa realidad paralela. Es una tarea política y social, no solo regulatoria.
Lo que la resolución confirma para inversionistas del sector junior
TriStar cotiza en el TSXV bajo el símbolo TSG. Para los inversionistas en mineras junior —con horizontes de riesgo específicos y alta sensibilidad a eventos regulatorios— la resolución del 4 de noviembre entrega algo concreto: un proceso con reglas definidas en lugar de incertidumbre abierta. El tribunal no dejó el caso en el limbo; estableció qué deben demostrar las partes y bajo qué condiciones se puede avanzar.
La licencia preliminar suspendida pero no cancelada preserva valor legal que una anulación habría destruido. Esa distinción vale en términos de valoración del activo. Un proyecto con LP suspendida pero con proceso judicial activo y definido es distinto a un proyecto sin licencia y sin camino claro. El mercado lo lee así.
Lo que la resolución no resuelve es el financiamiento. El estudio de factibilidad de dos años tiene un costo que la compañía deberá capitalizar en un entorno de mercado de capital para juniors que sigue siendo exigente. La claridad regulatoria ayuda a levantar ese capital. No lo garantiza.
Castelo de Sonhos tiene ahora un tribunal que no cerró la puerta, un regulador ambiental codemandado que debe responder y un proceso de consulta indígena que la empresa debe liderar con credibilidad. Dos años de estudio de factibilidad y dos años de proceso judicial y de consulta corren desde ya. Que converjan —o no— definirá si este proyecto pasa de los libros técnicos a la construcción.