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Puntos clave
- Aprobación comisión: Ley MAPE recibió dictamen favorable con 10 votos en comisión especializada en inclusión social
- Alcance sector: Regulación afecta a más de 500,000 personas vinculadas a pequeña minería y minería artesanal en Perú
- Enfoque innovador: Primera ley que prioriza protección de pueblos indígenas, patrimonio cultural y vulnerables, no solo registro técnico
- Próximo paso: Proyecto avanza al pleno del Congreso donde debate será más polarizado por fragmentación política
| Tipo de regulación | Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE) |
| Entidad | Comisión de Inclusión Social, Familia y Personas con Discap… |
| Vigencia | En debate pleno |
La Comisión de Inclusión Social, Familia y Personas con Discapacidad de la Cámara de Diputados emitió esta semana una opinión favorable al proyecto de Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal —conocida como Ley MAPE— con 10 votos a favor. El dictamen avanza sobre un sector que mueve a más de 500,000 personas en Perú y que lleva más de una década operando bajo un régimen de formalización que, en la práctica, formalizó muy poco.
Qué dice la comisión y qué evalúa realmente
El informe favorable no es un trámite menor. La Comisión de Inclusión Social revisó el proyecto del Ejecutivo desde un ángulo que las comisiones de Energía y Minas raramente priorizan: la protección de pueblos indígenas, el patrimonio cultural, las mujeres y los menores de edad vinculados a zonas de pequeña minería y minería artesanal. Eso implica que la Ley MAPE, en su versión actual, incorpora obligaciones de salvaguarda que van más allá del registro de operadores.
El dictamen favorable con 10 votos es políticamente relevante en un Congreso fragmentado donde construir mayorías temáticas cuesta semanas de negociación. Que una comisión de perfil social —no técnico-extractivo— valide el proyecto sugiere que el Ejecutivo logró equilibrar el texto lo suficiente como para que los congresistas más sensibles a temas comunitarios no lo bloquearan en este primer filtro. El siguiente paso es el pleno, donde el debate será más rugoso.
El problema histórico que la Ley MAPE intenta resolver
Perú tiene el expediente más extenso de la región en intentos fallidos de formalizar la pequeña minería y la minería artesanal. El Proceso de Formalización Minera Integral (REINFO) —vigente desde 2017— fue prorrogado múltiples veces sin producir resultados estructurales. Según el Ministerio de Energía y Minas, al cierre de 2024 menos del 15% de los mineros inscritos en el REINFO completaron el proceso de formalización. El resto opera en un limbo legal que no es ilegal en sentido estricto, pero tampoco cumple con estándares ambientales, laborales ni fiscales.
La Ley MAPE no es una prórroga más del REINFO. Propone un marco permanente, diferenciado por escala operativa, que reemplaza la lógica de “ventana de oportunidad” con un sistema de registro, cumplimiento gradual y acceso a servicios del Estado. La diferencia conceptual es importante: donde el REINFO pedía formalizar para después operar, la Ley MAPE busca operar dentro de un marco que va endureciendo sus exigencias con el tiempo.
Por qué la Comisión de Inclusión Social importa en esta ecuación
La minería artesanal en Perú no es un fenómeno homogéneo. En Madre de Dios, es predominantemente aurífera, con alto impacto ambiental y presencia de trabajo forzado documentada por la Defensoría del Pueblo. En Puno, convive con territorios de comunidades aymaras. En Ica y Arequipa, opera en zonas áridas donde el conflicto por agua es endémico. En todas esas geografías, las mujeres y los menores participan de la cadena productiva —lavado de mineral, amalgamación con mercurio, transporte— sin ninguna protección formal.
Que la comisión haya evaluado explícitamente estos grupos no es retórica de inclusión. Es un indicador de que el texto del proyecto reconoce esa complejidad y, presumiblemente, contiene mecanismos específicos para atenderla. Si esos mecanismos son vinculantes o aspiracionales es lo que el debate en el pleno deberá aclarar. La diferencia entre una obligación con consecuencia jurídica y una declaración de principios puede costar años de implementación.
El peso del mercado informal que la ley busca absorber
La pequeña minería y minería artesanal genera aproximadamente el 2% del valor de producción minera formal de Perú, pero concentra una proporción desproporcionada del empleo rural en zonas sin alternativas económicas. En Madre de Dios, el oro artesanal representa más del 70% de la actividad económica local. En La Libertad —segundo productor de oro del país—, la minería artesanal coexiste, con tensión creciente, con operaciones industriales como las de Barrick Gold en Lagunas Norte.
Esa coexistencia es fuente permanente de conflicto por concesiones superpuestas, desvío de mineral y presión sobre recursos hídricos compartidos. Una ley que formalice al operador artesanal también delimita su espacio de acción frente al titular de la concesión grande. Para las empresas medianas y grandes, una Ley MAPE bien implementada podría ser aliada —no adversaria— porque reduce la invasión de sus perímetros de concesión.
Consulta previa: el nudo que el pleno deberá desatar
El elemento más delicado del proyecto es su relación con la consulta previa. La Ley 29785 —que implementa en Perú el Convenio 169 de la OIT— exige consulta a pueblos indígenas antes de medidas legislativas que los afecten directamente. La pequeña minería y minería artesanal opera en proporciones significativas dentro o en la periferia de territorios de comunidades campesinas y nativas.
Si el proyecto de Ley MAPE no fue sometido a un proceso de consulta previa completo antes de su presentación al Congreso, existe riesgo de impugnación constitucional posterior. El Tribunal Constitucional peruano tiene jurisprudencia en la materia —Caso Tres Islas, entre otros— y no ha dudado en anular normas aprobadas sin el proceso correspondiente. El dictamen favorable de la Comisión de Inclusión Social sugiere que este punto fue evaluado, pero no garantiza que el proceso haya sido suficiente a ojos de las organizaciones indígenas o del propio Tribunal.
El mercado del oro artesanal y su conexión con cadenas internacionales
La formalización del sector MAPE tiene implicaciones que trascienden el mercado interno. El oro artesanal peruano encuentra destino en fundidores regionales e internacionales que, bajo presión creciente de la debida diligencia —OCDE, regulación europea de minerales de conflicto— exigen trazabilidad desde el origen. Una Ley MAPE que genere registros confiables, certificación de origen y estándares laborales mínimos abriría al operador formalizado el acceso a cadenas de compra responsable que hoy están vedadas para el productor artesanal peruano.
El precio del oro superó los 3,300 dólares la onza en 2025. A ese nivel, incluso un pequeño productor artesanal con diez trabajadores maneja ingresos mensuales que justifican la inversión en formalización si el Estado ofrece un camino creíble. El problema histórico del Perú es que ese camino nunca fue creíble: cambió de reglas cada dos años, agregó requisitos sin reducir burocracia y nunca aseguró que la formalización otorgara derechos reales sobre el mineral extraído.
Lo que viene antes del pleno
El proyecto aún debe pasar por la Comisión de Energía y Minas, que es la instancia técnica sustantiva, y por la Comisión de Presupuesto si el texto implica transferencias o mecanismos de financiamiento para el proceso de formalización. El dictamen favorable de Inclusión Social suma políticamente, pero el debate técnico —concesiones, cánones, estándares ambientales, régimen tributario diferenciado— ocurrirá en otra mesa.
En el pleno, el texto enfrentará la presión de dos fuerzas opuestas: los congresistas de regiones mineras que querrán flexibilizar requisitos para facilitar la formalización rápida, y los legisladores urbanos y ambientalistas que querrán endurecer estándares aunque eso reduzca la cantidad de operadores que ingresan al sistema formal. Encontrar ese equilibrio legislativo —sin que el proyecto termine siendo tan laxo que no cambie nada o tan exigente que nadie lo cumpla— es el verdadero desafío político que viene.
Un Perú que formalice efectivamente su sector MAPE no solo recauda más impuestos y reduce la minería ilegal. Mejora su posición frente a compradores internacionales que exigen cadenas de suministro documentadas, reduce la presión sobre zonas protegidas y da al Estado información real sobre lo que se extrae en sus territorios más remotos. El dictamen de esta semana es un paso. Lo que ocurra en el pleno determinará si es el primero de muchos o uno más en una secuencia que nunca llega a destino.