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La provincia pasó de gestionar alrededor del 20% de las solicitudes a tener movimiento administrativo en nueve de cada diez. El Gobierno atribuye la mejora al nuevo Código de Procedimientos Mineros y a la digitalización, mientras busca sumar controles ambientales, proveedores y empleo local.
Catamarca exhibió uno de los resultados de la reforma de su administración minera: actualmente el 90% de los pedimentos registra algún avance en su tramitación, frente al 20% que se gestionaba antes de la modificación del sistema.
El dato fue presentado por la ministra de Minería, Teresita Regalado, durante la Primera Jornada Interdisciplinaria de Gestión y Derecho Minero, organizada por el Colegio de Abogados de Catamarca.
La cifra no implica que nueve de cada diez solicitudes ya hayan sido aprobadas o que tengan derechos mineros concedidos.
Significa que actualmente existe algún grado de procesamiento administrativo sobre aproximadamente el 90% de los expedientes, un indicador que el Gobierno provincial utiliza para mostrar la reducción del atraso que existía antes de la reforma.
De 20% a 90% de expedientes con movimiento
Un pedimento minero es la solicitud mediante la cual una persona o empresa inicia el procedimiento para obtener derechos sobre un área determinada.
Su presentación puede derivar posteriormente en permisos de exploración, concesiones u otras figuras previstas por la legislación, pero para eso debe atravesar distintos controles técnicos, legales y administrativos.
Según Regalado, antes de la reorganización provincial únicamente alrededor del 20% de los pedimentos tenía avances efectivos dentro del circuito administrativo.
Hoy esa proporción llega al 90%.
El cambio busca atacar uno de los problemas históricos de la actividad: expedientes inmovilizados durante años que dificultaban saber qué áreas tenían actividad real y cuáles permanecían solamente reservadas administrativamente.
La reforma que concentró los trámites en Minería
Una parte central del cambio llegó con la Ley 5682, sancionada en diciembre de 2020, que aprobó el nuevo Código de Procedimientos Mineros de Catamarca.
La norma estableció que el Ministerio de Minería es la autoridad encargada de atender y resolver en primera y única instancia administrativa las cuestiones vinculadas con derechos mineros dentro del territorio provincial.
La reorganización concentró funciones que anteriormente estaban distribuidas y, según la provincia, permitió aumentar la capacidad para procesar solicitudes.
Regalado sostuvo que ese cambio, acompañado por la digitalización del padrón, mejoró la previsibilidad para quienes buscan invertir en exploración y desarrollo.
Expedientes que dejan atrás el papel
La segunda transformación ocurre en la gestión documental.
Catamarca avanza con la digitalización progresiva de expedientes y del padrón minero, con el objetivo de reducir trámites en papel, mejorar el seguimiento de cada actuación y facilitar el acceso a la información.
La digitalización también puede permitir identificar con mayor rapidez expedientes paralizados, vencimientos y situaciones donde existen derechos solicitados pero escasa actividad efectiva.
Para una provincia que concentra una cartera creciente de litio, cobre, oro y plata, disponer de información actualizada sobre la situación legal de cada área se vuelve parte de la competencia por atraer inversiones.
Catamarca también quiere evitar áreas inmovilizadas
La discusión administrativa no termina con la reforma de 2020.
Durante 2026, el Gobierno provincial comenzó a analizar nuevos cambios destinados a reducir la especulación con derechos mineros y exigir mayor capacidad efectiva para mantener pedimentos.
La intención es evitar que áreas con potencial geológico permanezcan durante períodos prolongados en manos de actores que no realizan trabajos ni poseen capacidad para desarrollarlas.
Ese criterio alcanzaría tanto a titulares privados como a áreas vinculadas con la empresa estatal CAMYEN.
El objetivo declarado es que la tenencia de derechos esté asociada con actividad, inversión y capacidad real de ejecución.
Seguridad jurídica para atraer inversiones
Durante la jornada, Regalado presentó la seguridad jurídica y la promoción de inversiones como uno de los cinco pilares de la política minera provincial.
Catamarca tiene actualmente proyectos de gran escala vinculados con litio y cobre y mantiene interés de compañías provenientes de Australia, Reino Unido, China, Corea del Sur y Suiza.
En ese contexto, la velocidad administrativa es uno de los factores que observan las empresas.
Un proyecto de exploración puede necesitar años para definir recursos y estudios económicos. Si además los permisos y derechos mineros permanecen largos períodos sin resolución, los plazos se extienden todavía más.
La inversión tiene que dejar capacidades locales
La ministra planteó además que la llegada de capital no debería medirse únicamente por el monto invertido.
La provincia busca que los proyectos generen empleo local, capacitación de jóvenes, proveedores catamarqueños e infraestructura que permanezca después de la vida útil de las minas.
El desafío es especialmente relevante para operaciones de gran escala.
Durante las etapas de construcción, una mina puede demandar miles de trabajadores y una amplia red de servicios, pero esa demanda disminuye cuando comienza la producción.
Por eso, el Gobierno busca que parte de ese ciclo de inversión se transforme en capacidades productivas que puedan utilizarse posteriormente en otros proyectos y sectores.
Ambiente y agua forman parte del nuevo esquema
La política presentada ante el Colegio de Abogados también incluyó un capítulo ambiental.
Catamarca trabaja en una Plataforma Ambiental y Social para centralizar información y mejorar el seguimiento de los proyectos.
También avanza con un Estudio de Impactos Acumulativos en la cuenca del río Los Patos, una herramienta que busca analizar no solamente el efecto individual de cada emprendimiento, sino la interacción de varias operaciones sobre un mismo sistema hídrico y territorial.
La provincia plantea además reforzar los monitoreos participativos y la evaluación técnica independiente de los estudios ambientales.
Cinco ejes para la política minera
Regalado resumió la estrategia provincial sobre cinco frentes:
seguridad jurídica e inversiones; controles ambientales y monitoreo hídrico; evaluación independiente de impactos; participación ciudadana y relación con las comunidades; y generación de empleo, capacitación y proveedores locales.
El planteo intenta vincular dos discusiones que muchas veces avanzan por separado: acelerar los procedimientos para que los proyectos puedan desarrollarse y, al mismo tiempo, aumentar los controles sobre el modo en que lo hacen.
De administrar expedientes a administrar una cartera minera
El salto del 20% al 90% tiene así una lectura que va más allá de la burocracia.
En una provincia donde avanzan inversiones multimillonarias en litio y cobre, saber quién tiene cada derecho, en qué estado se encuentra y qué actividad realiza sobre el área se vuelve parte de la política minera.
“Nuestro desafío es transformar el potencial geológico de Catamarca en desarrollo sostenible”, sostuvo Regalado durante la jornada.
La mejora del procesamiento administrativo es una de las piezas de esa estrategia.
El próximo desafío será comprobar cuánto de esa mayor velocidad se traduce finalmente en más exploración efectiva, proyectos que avanzan, inversiones concretas y áreas que dejan de permanecer inmovilizadas durante años.