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La delegación nacional, encabezada por la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, centrará su participación en el acceso a recursos para implementar los compromisos climáticos, la adaptación y la transparencia. En paralelo, el país anfitrión anunció un acuerdo con el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura para impulsar reformas e inversiones vinculadas a la descarbonización y las energías renovables.
Por Constanza Schaub
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La movilización de financiamiento para transformar los compromisos climáticos en acciones concretas se posiciona como uno de los principales ejes de la 31ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31), que se desarrolla entre el 9 y el 20 de noviembre en Antalya, Turquía. En este escenario, Chile buscará ampliar el acceso a recursos internacionales para implementar su agenda climática, mientras el país anfitrión acaba de suscribir un acuerdo por US$1.600 millones destinado a acelerar reformas e inversiones asociadas a la transición hacia una economía de menores emisiones.
La conferencia reúne a delegaciones de alrededor de 200 países bajo un esquema de conducción compartida, en el que Turquía lidera la agenda de acción climática y Australia encabeza las negociaciones. El encuentro busca avanzar en la implementación del Acuerdo de París, con especial atención a las necesidades de financiamiento, adaptación, electrificación y descarbonización de las actividades productivas.
Chile apunta a convertir sus compromisos en proyectos concretos
La representación chilena estará encabezada por la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, quien participará en el segmento ministerial previsto entre el 16 y el 18 de noviembre. La delegación contempla alrededor de 120 integrantes, entre autoridades, parlamentarios, especialistas de organismos públicos, representantes del sector privado, académicos y organizaciones de la sociedad civil.
El equipo técnico de negociación estará compuesto por diez especialistas, encargados de abordar más de 50 materias durante la conferencia. La agenda nacional se concentrará en tres ámbitos: financiamiento climático, adaptación y transparencia, con especial énfasis en los mecanismos necesarios para ejecutar los compromisos establecidos en la Ley Marco de Cambio Climático.
Esta legislación fija el objetivo de alcanzar la carbono neutralidad en 2050 y contempla instrumentos de planificación, entre ellos las contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC), estrategias climáticas y planes sectoriales de mitigación y adaptación.
El desafío, según ha planteado el Ministerio del Medio Ambiente, consiste ahora en articular estos instrumentos con fuentes de financiamiento públicas, privadas y multilaterales que permitan materializar las iniciativas comprometidas.
En este contexto, Chile buscará fortalecer los mecanismos de acceso a recursos internacionales, promover soluciones de adaptación frente a los efectos del cambio climático y mejorar sus sistemas de seguimiento y reporte de emisiones.
La agenda también contempla la vinculación de la acción climática con la economía circular y el desarrollo de tecnologías que contribuyan a la reducción de emisiones, aspectos relevantes para sectores productivos como la minería y la energía.
Otro de los objetivos de la representación nacional será promover la candidatura de Valparaíso para albergar la secretaría del Acuerdo sobre la Conservación y Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina de las Zonas Situadas Fuera de la Jurisdicción Nacional (BBNJ), conocido como Tratado de Alta Mar. La postulación forma parte de una iniciativa conjunta con Bélgica y constituye una de las prioridades de la agenda ambiental internacional de Chile.
Turquía concreta financiamiento climático por US$1.600 millones
En paralelo al desarrollo de las negociaciones, Turquía y el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (AIIB, por sus siglas en inglés) anunciaron este jueves 12 de noviembre un acuerdo de financiamiento climático por US$1.600 millones, destinado a respaldar reformas regulatorias e institucionales que faciliten el cumplimiento de los compromisos ambientales del país anfitrión.
Se trata del mayor paquete de financiamiento basado en políticas climáticas aprobado hasta ahora por el organismo multilateral, que busca apoyar la implementación de la legislación climática turca y su segunda contribución determinada a nivel nacional, en el marco del objetivo de alcanzar emisiones netas cero en 2053.
El programa contempla tres ámbitos principales: financiamiento sostenible, descarbonización sectorial y resiliencia climática.
Entre las medidas consideradas figura el fortalecimiento del sistema de comercio de emisiones de Turquía, junto con el desarrollo de instrumentos de financiamiento verde y la actualización de estrategias para reducir emisiones en sectores productivos.
Según los antecedentes difundidos por Reuters y el AIIB, las reformas contemplan que al menos 180 instalaciones industriales reporten sus emisiones de referencia a abril de 2027. Asimismo, el programa considera avanzar en la obtención de licencias para 1.800 MW de capacidad de generación eólica y solar a comienzos de ese mismo año.
El financiamiento también respaldará medidas relacionadas con la gestión del agua, la adaptación territorial y el fortalecimiento de la capacidad institucional para enfrentar riesgos climáticos.
De acuerdo con las estimaciones del organismo multilateral, Turquía necesitará aproximadamente US$68.000 millones adicionales en inversiones climáticas hacia 2030, de los cuales cerca de la mitad debería provenir de fuentes privadas.
El acuerdo busca, precisamente, establecer condiciones regulatorias y financieras que permitan atraer capital hacia proyectos e iniciativas vinculadas con la transición energética y la resiliencia climática.
Financiamiento y transición energética: desafíos para la implementación
Aunque las condiciones económicas y regulatorias de Chile y Turquía son diferentes, el acuerdo anunciado en Antalya refleja uno de los principales desafíos que aborda la COP31: cómo transformar los compromisos internacionales de reducción de emisiones y adaptación en inversiones efectivas.
Para Chile, esta discusión adquiere especial relevancia frente a las necesidades de infraestructura y tecnología asociadas a la transición energética, entre ellas la expansión de la generación renovable, el almacenamiento, la transmisión eléctrica y la electrificación de procesos industriales.
En el ámbito minero, la reducción de emisiones operacionales también requiere inversiones en equipamiento, tecnologías y suministro energético, junto con condiciones que permitan avanzar hacia procesos productivos de menor intensidad de carbono.
Sin embargo, el acuerdo suscrito entre Turquía y el AIIB corresponde a un instrumento específico para ese país y no implica la disponibilidad de recursos equivalentes para Chile.
Con las negociaciones internacionales previstas hasta el 20 de noviembre, uno de los aspectos centrales será determinar si la conferencia consigue avances que faciliten el acceso a financiamiento y cooperación internacional para implementar los compromisos climáticos.
En el caso chileno, el resultado de estas gestiones será especialmente relevante para evaluar las posibilidades de articular recursos públicos, privados y multilaterales con las inversiones que demanda la transformación de sus sectores productivos.