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Por Miguel Rifo , 9 de noviembre de 2026 | 11:26
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La Corte de Apelaciones de Antofagasta anuló el decreto municipal que buscaba reforzar la conservación del histórico campamento minero. Eliecer Chamorro anunció que continuará con acciones judiciales hasta las máximas instancias.
La disputa judicial entre Codelco y la Municipalidad de Calama por la protección patrimonial del histórico campamento de Chuquicamata llegará a las máximas instancias del sistema judicial chileno. Tras el fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta que acogió el reclamo de ilegalidad de la minera estatal, el alcalde Eliecer Chamorro confirmó que su administración presentará recursos ante la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional.
El tribunal de apelaciones anuló el Decreto Alcaldicio N° 923, dictado en mayo de 2024, mediante el cual el municipio buscaba reforzar la protección patrimonial del campamento y garantizar su acceso público permanente. La corte determinó que la administración comunal excedió sus atribuciones al establecer obligaciones sobre instalaciones que pertenecen principalmente a Codelco, particularmente en lo referido al ingreso de visitantes y las condiciones de funcionamiento del recinto.
Amenaza de los botaderos mineros
Uno de los principales puntos de conflicto entre el municipio y Codelco es el avance de los botaderos de material minero hacia sectores del antiguo campamento. Chamorro sostuvo que el asentamiento ha perdido cerca de la mitad de su superficie original debido a los movimientos de tierra realizados por las operaciones mineras de la estatal.
"No podemos dejar que Chuquicamata sea enterrado con las tortas de tierra que hay en este momento", afirmó el alcalde, quien insistió en la necesidad de proteger las calles, pasillos e instalaciones que aún permanecen en pie y forman parte de la historia de las familias que habitaron el antiguo campamento minero.
Dependencia del acceso a voluntad de Codelco
Otro punto de fricción es el acceso al campamento. Si bien Codelco ha realizado trabajos de conservación patrimonial y visitas programadas en fechas especiales, Chamorro cuestionó que el ingreso dependa exclusivamente de las autorizaciones de la empresa. "Dependemos de la voluntad de los ejecutivos de Codelco. Eso es lo que queremos cambiar", señaló.
El alcalde cuestionó el conocimiento de los ejecutivos de Santiago sobre el valor histórico del campamento y manifestó la intención del municipio de garantizar un acceso permanente de carácter público, abierto y sin restricciones administrativas. También apuntó a que la actividad minera debería traducirse en mayores inversiones para la comuna.
Protecciones patrimoniales vigentes
A pesar de la anulación del decreto municipal, el campamento de Chuquicamata mantiene su condición de Zona Típica y las declaratorias de Monumento Histórico establecidas desde 2015. Estas categorías fueron fijadas mediante el Decreto N° 176 del Ministerio de Educación, que reconoce distintos inmuebles representativos de la antigua ciudad minera, entre ellos el Centro Cívico, la Casa 2000, edificaciones del Campamento Americano y el Cementerio de Chuquicamata.
El recinto funcionó como asentamiento minero desde 1915 y durante más de nueve décadas albergó a trabajadores del cobre y sus familias. Su cierre oficial se concretó el 31 de agosto de 2007, como parte del traslado de sus habitantes a Calama, asociado a la expansión de las operaciones mineras y las condiciones ambientales del sector. "Es una batalla judicial que recién comienza", afirmó Chamorro, comprometido a llevar la controversia "hasta la última instancia".
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