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El Gobierno nacional presentó dos estudios que permitirán ampliar la información pública sobre las empresas mineras y petroleras, sus obligaciones económicas y los ingresos que reciben los Estados. San Juan participa de un proceso que busca transparentar también la actividad provincial y fortalecer el seguimiento de los recursos naturales.
martes 27 de octubre de 2026 | 0:00hs.
Los nuevos informes EITI buscan transparentar los pagos de las empresas mineras, los ingresos que reciben los gobiernos y el cumplimiento de las obligaciones económicas vinculadas con la explotación de los recursos naturales.
La Argentina avanza hacia un sistema de información que permitirá conocer con mayor precisión cuánto pagan las empresas por explotar los recursos minerales, qué ingresos reciben los gobiernos y cómo se administra una actividad que enfrenta crecientes exigencias de transparencia por parte de inversores, organismos internacionales y comunidades.
El Ministerio de Economía presentó el 26 de octubre dos nuevos informes de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI), elaborados con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que establecen las bases para mejorar los controles sobre los sectores minero, petrolero y gasífero.
La novedad más importante es la incorporación de información de las siete provincias adheridas: San Juan, Catamarca, Jujuy, Salta, Santa Cruz, Mendoza y Río Negro, que tendrán participación en el quinto informe nacional correspondiente a los ejercicios fiscales 2024 y 2025.
El trabajo involucró a más de 60 entidades y permitió identificar preliminarmente a 19 empresas mineras y 17 hidrocarburíferas para integrar el proceso de recopilación de datos, con criterios que buscan concentrar el análisis en aquellas actividades y pagos más relevantes.
Qué deben informar
EITI es una iniciativa internacional a la que Argentina pertenece desde 2019 y que promueve la publicación y verificación de información sobre concesiones, contratos, impuestos, regalías, producción y titulares de las empresas que desarrollan actividades extractivas.
Su funcionamiento reúne a representantes de los gobiernos, las empresas y organizaciones de la sociedad civil, con el propósito de que la información pueda ser examinada y contrastada entre quienes realizan los pagos y los organismos que los reciben.
Los dos documentos presentados cumplen funciones diferentes: uno identifica qué información ya es pública y cuáles son las obligaciones pendientes, mientras que el otro establece qué empresas, conceptos económicos y organismos deben formar parte de los próximos reportes.
Por primera vez también se realizó un ejercicio de materialidad provincial, que busca determinar cuáles son los pagos relevantes en cada jurisdicción y evitar que el seguimiento de la actividad se limite a los impuestos nacionales.
La importancia provincial
Para San Juan, donde se encuentran operaciones de oro y proyectos de cobre que demandarán inversiones de gran magnitud, el avance representa una oportunidad para mejorar la información disponible sobre regalías, concesiones, obligaciones fiscales y contribuciones económicas de la actividad.
La incorporación de datos provinciales resulta especialmente relevante porque las provincias son las titulares del dominio originario de los recursos naturales y tienen responsabilidades directas sobre el otorgamiento y la administración de los derechos mineros.
El nuevo enfoque también permitirá ampliar la discusión sobre los proyectos que todavía no producen minerales, pero realizan inversiones, contratan trabajadores, pagan impuestos y compran bienes y servicios durante sus etapas de exploración y construcción.
La Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) destacó recientemente esta incorporación metodológica, porque permitirá reflejar contribuciones económicas de proyectos de cobre y litio que no necesariamente aparecen en las estadísticas vinculadas con la producción o las exportaciones.
Los controles pendientes
El avance argentino tiene un antecedente relevante: en marzo de 2026, el organismo internacional EITI otorgó al país una calificación de 80 puntos sobre 100, considerada muy buena, por los progresos alcanzados en la aplicación de sus estándares.
Sin embargo, aquella evaluación también identificó dificultades para publicar contratos, conocer a los beneficiarios finales de determinadas empresas y disponer de información comparable sobre gastos ambientales y sociales en las provincias.
El informe internacional advirtió además que la participación provincial todavía debe fortalecerse y que existen diferencias importantes en la calidad y disponibilidad de la información entre las jurisdicciones y los distintos sectores extractivos.
Estos aspectos tienen una importancia que excede los controles administrativos, porque conocer quién está detrás de las sociedades titulares de derechos mineros, qué compromisos asumieron y qué pagos realizaron constituye una herramienta para prevenir conflictos de intereses, mejorar la fiscalización y generar confianza.
La publicación de información tampoco sustituye las facultades de control de las autoridades mineras ni las obligaciones empresariales, pero permite que los organismos de fiscalización y la ciudadanía dispongan de mejores elementos para evaluar el cumplimiento de los compromisos.
El próximo paso será la publicación del quinto informe EITI Argentina, que incorporará los ejercicios 2024 y 2025 y permitirá comprobar hasta dónde se traduce esta ampliación institucional en datos públicos, verificables y accesibles.
Para una industria que necesita atraer capitales durante décadas y demostrar sus contribuciones económicas y sociales, la transparencia deja de ser únicamente una obligación de cumplimiento y se convierte en una condición para fortalecer la seguridad jurídica y la confianza pública.
Minería & Desarrollo