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La compañía que primero anunció su interés por el cobre mendocino presentó en Calmuco y Valenciana la información de campo que la autoridad ambiental le reclamaba desde enero de 2025.
lunes 09 de noviembre de 2026 | 0:00hs.
Hanaq Argentina S.A. presentó el 2 de noviembre una ampliación de la línea de base ambiental en Calmuco y Valenciana, dos de sus tres proyectos de exploración de cobre en Malargüe Distrito Minero Occidental, en el sur de Mendoza. En los dos expedientes la compañía incorporó el mismo tipo de documento: una actualización del diagnóstico ambiental de sus áreas, construida esta vez con muestras, recorridos y observaciones tomadas en el terreno.
Esa información de primera mano es la que la autoridad le exigía desde enero de 2025 como condición previa a cualquier intervención en el terreno. En Calmuco, la campaña que sustenta el documento se realizó en febrero de 2026.
La presentación llegó nueve meses más tarde y diez días después de que la Dirección de Minería revocara, el 22 y el 23 de octubre, los primeros permisos de exploración del distrito. El Montón, el tercer proyecto de la compañía, no formó parte del movimiento.
La secuencia admite dos lecturas. Puede tratarse de la coincidencia entre un trabajo técnico que llegaba a su fin y una decisión administrativa ajena a la compañía. También puede ser la respuesta de un titular que vio en las revocaciones de octubre el costo concreto de seguir sin moverse. En cualquiera de los dos casos, el dato pesa por quién lo protagoniza.
Hanaq fue la primera compañía que anunció públicamente en Mendoza su intención de explorar cobre, y dos años después de la aprobación ambiental de sus proyectos todavía no tiene habilitada ninguna intervención en el terreno.
De la foto del anuncio a tres expedientes en la primera tanda
El desembarco de Hanaq se produjo en 2024. Tras la participación de funcionarios mendocinos en el PDAC de ese año, la compañía informó la presentación de 20 permisos de exploración en Malargüe y fue la primera en llegar a la Casa de Gobierno con un proyecto de cobre.
Esas propiedades quedaron agrupadas en tres proyectos de la primera tanda de Malargüe Distrito Minero Occidental. Calmuco reúne nueve cateos, Valenciana ocho propiedades y El Montón completa la cartera.
La primera tanda recibió la ratificación legislativa de sus declaraciones de impacto ambiental en noviembre de 2024, por la Ley 9.588. En Mendoza ese paso es obligatorio para la minería metalífera desde la Ley 7.722, sancionada en 2007, que exige que cada DIA pase por la Legislatura.
El esquema de distrito resolvió ese filtro en bloque, pero dejó para cada titular un recorrido individual. Primero, el registro de las actividades previstas en el sitio y un plan de contingencia. Después, la actualización de la línea de base con información primaria. Recién entonces, la solicitud para abrir caminos y perforar.
La aprobación en bloque llegó con una primera obligación concreta para cada proyecto, que figuraba en la propia DIA. En el caso de Hanaq, el plazo para cumplirla empezó a correr dos meses después de la ratificación.
Veintidós meses para cumplir una exigencia de la propia DIA
El 27 de enero de 2025, la Dirección de Minería emplazó a Hanaq a presentar en cinco días el formulario de registro de actividades en sitio de sus tres proyectos. Ese formulario incluía la ampliación de la línea de base ambiental prevista en el Plan de Manejo N° 1 de la DIA, junto con la planificación de tareas, el personal afectado, el seguro ambiental y el estado de los acuerdos con superficiarios y ocupantes de las áreas.
La compañía pidió una prórroga y en febrero del año pasado entregó un cronograma: un año de prospección geológica con inicio programado para mayo de 2025 y el poblado de El Manzano como base logística de Calmuco.
El 18 de febrero de 2025, el Área Técnica Ambiental evaluó esas presentaciones y calificó la ampliación de la línea de base con un “no cumplen”. La misma observación alcanzó la ubicación geográfica de los proyectos y la póliza de seguro, que la empresa había reemplazado por una nota en la que explicaba la imposibilidad de contratarla para esa etapa.
En junio, en lugar de iniciar la prospección prevista para mayo, Hanaq pidió la suspensión de todos los plazos. Argumentó que las nevadas en la cordillera hacían inviables las tareas y proyectó el inicio para la temporada estival.
Durante el invierno, la evaluación siguió su curso. En julio, el Área Técnica repitió el “no cumplen” sobre la línea de base, y la Policía Ambiental Minera, el área que fiscaliza la seguridad de las campañas, observó los planes de contingencia. Entre agosto y septiembre del año pasado, la Dirección de Minería corrió vista a la compañía de esos informes por 30 días.
Adjuntó el modelo para presentar la línea de base y advirtió que el silencio sería considerado una conducta dilatoria, con posible archivo de las actuaciones y sanciones previstas en el Código de Procedimiento Minero. En Valenciana, ese plazo venció el 3 de octubre sin respuesta.
La reacción llegó entre octubre y diciembre de 2025. Hanaq presentó una primera ampliación de la línea de base y avisó visitas de reconocimiento a sus áreas, con un equipo de tres personas en un solo vehículo. Incorporó además pólizas de caución ambiental y entregó los resultados de esas visitas: verificación de accesos y muestras de agua.
En enero de 2026, la autoridad minera en los informes técnicos de los tres proyectos concluyó que la descripción ambiental se apoyaba en información secundaria y en el informe de impacto original, sin datos nuevos tomados en campo.
También señalaron que la propuesta de monitoreo carecía de cronograma y de metodología, y que el plan de contingencia seguía sin adecuarse al formato exigido. La conclusión fue que, antes de cualquier intervención, Hanaq debía presentar una nueva línea de base ajustada a la guía que la autoridad ambiental había publicado en mayo de 2025.
El 10 de marzo, la Dirección de Minería notificó esos informes con un nuevo plazo de 30 días hábiles y la misma advertencia de archivo. Los plazos vencieron el 29 de marzo en Valenciana, el 28 de abril en El Montón y el 29 de abril en Calmuco. A comienzos de mayo, los tres expedientes pasaron al área legal de la Dirección de Minería.
Desde mayo, los tres expedientes de Hanaq permanecieron en esa instancia. El movimiento siguiente en el distrito se produjo en otra cartera y tomó la forma de la primera sanción efectiva del esquema.
Las revocaciones de octubre le pusieron fecha a la inactividad
Las Resoluciones 672/26 y 674/26 de la Dirección de Minería, del 22 y el 23 de octubre, revocaron los permisos de exploración de Mercedes North y Mercedes Mariano. Eran dos proyectos de la segunda tanda del distrito a nombre de Newera Hydrogen SAS, que sumaban 5.920 hectáreas y tenían su DIA ratificada por la Legislatura desde diciembre de 2025.
El fundamento fue el artículo 41, inciso a), del Código de Minería, que obliga a revocar el permiso cuando el titular no instala los trabajos de exploración dentro del plazo legal.
Son las primeras áreas que el esquema de distritos pierde después de la aprobación ambiental. Una vez firmes, activan el derecho de preferencia de Impulsa Mendoza Sostenible, la empresa minera estatal de la provincia.
Las revocaciones se fundaron en una obligación del Código de Minería, la de instalar los trabajos en término, y no en el trámite ambiental donde se acumulaban los emplazamientos a Hanaq. Las dos vías, sin embargo, conducen al mismo lugar: un permiso que no muestra actividad puede volver a manos del Estado.
Hasta octubre, la advertencia de archivo que acompañaba cada notificación del distrito podía leerse como parte del lenguaje habitual de los expedientes. Desde las resoluciones contra Newera, esa advertencia tiene un antecedente concreto, y cada titular con plazos vencidos la lee con otra atención.
Diez días después de esas resoluciones, Hanaq presentó en dos de sus tres expedientes una nueva ampliación de la línea de base ambiental, esta vez con la información de campo que la autoridad le reclamaba desde el primer emplazamiento.
Lo que Hanaq relevó en febrero y presentó en noviembre
Las presentaciones ingresaron el lunes 2 de noviembre y el 6 pasaron al Área Técnica Ambiental. El documento de Calmuco lleva fecha de octubre de 2026 y se identifica como una revisión de la línea de base original. Describe una campaña de campo realizada en febrero de 2026 sobre los cateos 20, 18, 16 y 12.
La base consolidada reúne 95 muestras georreferenciadas, 32 de roca y 63 de suelo o sedimento superficial, además de 33 vértices materializados, con puntos relevados entre 1.360 y 3.090 metros sobre el nivel del mar.
En geología, el informe reconoce areniscas, conglomerados, rocas volcánicas y brechas, con sectores de silicificación, argilización y oxidación, y evidencias de mineralización superficial.
El documento de Valenciana resume trabajos de campo de 2026 que incluyeron reconocimiento logístico, coordinación de accesos, prospección geológica, estaqueo y muestreo. La base suma 55 muestras, 29 de roca y 26 de suelo, y 56 vértices distribuidos en las ocho propiedades del bloque, entre 1.595 y 3.211 metros.
El dato geológico de mayor interés está en el Cateo 2. Allí se documentó una zona de alteración argílica de intensidad moderada a fuerte sobre una andesita porfídica, con óxidos de hierro, jarosita y presencia local de sulfuros finamente diseminados.
El informe describe además un terreno exigente: buena parte de los vértices requirió vehículos 4x4, desplazamientos a pie o el uso de caballos, con la localidad de Las Loicas como punto de apoyo. También mantiene la sensibilidad arqueológica del estudio original, con nueve hallazgos dentro del área y doce en un radio de cinco kilómetros.
Ambos documentos aclaran su alcance. Los resultados geoquímicos tienen finalidad prospectiva y complementan la caracterización geológica. La campaña no incluyó aforos, estudios hidrogeológicos ni relevamientos específicos de fauna o arqueología, por lo que en esos componentes se mantienen los antecedentes del informe original.
La documentación incorpora información relevada en campo, el componente que los informes técnicos de enero de 2026 señalaban como ausente en las presentaciones anteriores.
La campaña de Calmuco se realizó en febrero de 2026, durante la temporada estival que la propia compañía había fijado como horizonte cuando pidió la suspensión de plazos en junio de 2025.
Un mes después de esa campaña, en marzo, la Dirección de Minería notificó los informes de enero con un nuevo plazo de 30 días hábiles. Los términos vencieron en marzo y abril, y la ampliación con datos de campo ingresó al expediente el 2 de noviembre, nueve meses después del relevamiento y diez días después de las resoluciones contra Newera.
Las presentaciones de noviembre alcanzaron a dos de los tres proyectos de la compañía. El tercero sigue en la misma instancia en la que quedó en mayo.
El Montón, fuera de la presentación de noviembre
El Montón recorrió el mismo camino que Calmuco y Valenciana durante 2025. Recibió el emplazamiento de enero, pidió la suspensión de plazos por las nevadas en junio y presentó en octubre una primera ampliación de la línea de base. En enero de 2026 entregó una nueva versión, que el Área Técnica Ambiental observó por las mismas razones que las de los otros dos proyectos.
El plazo de la notificación de marzo venció el 28 de abril de 2026 y el 4 de mayo el expediente pasó al área legal de la Dirección de Minería, donde registró su último movimiento.
Lo que queda pendiente en los expedientes
Entre el primer emplazamiento, en enero de 2025, y la presentación de información de campo propia pasaron veintidós meses. En ese lapso, los expedientes de Hanaq acumularon una prórroga, un pedido de suspensión de plazos, dos rondas de observaciones técnicas y dos notificaciones bajo apercibimiento de archivo.
Según los expedientes públicos de la Dirección de Minería, además, las pólizas de caución ambiental de los proyectos vencían en octubre de 2026 y, por ahora, en los expedientes no se ha cargado ninguna renovación.
La próxima instancia corresponde al Área Técnica Ambiental, que deberá evaluar si las ampliaciones de Calmuco y Valenciana cumplen con la guía de línea de base que la autoridad exige antes de cualquier intervención en el terreno. Siguen abiertos, a la vez, el requerimiento de adecuar los planes de contingencia, formulado en 2025, y la situación de El Montón en el área legal.
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