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La expansión de la minería ilegal ya no se limita a las zonas auríferas. También está alcanzando territorios vinculados a proyectos de cobre, lo que representa un riesgo creciente para el desarrollo de nuevas inversiones mineras en el país. Así lo advirtió Paola Bustamante, directora de Legado Positivo y vicepresidenta de Hágase Instituto, durante el panel del Jueves Minero del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), en el que se analizó el impacto del Reinfo y los desafíos del nuevo proyecto de Ley MAPE.
La especialista señaló que existen proyectos mineros que, pese a contar con concesiones y permisos ambientales aprobados, enfrentan dificultades para avanzar porque sus territorios han sido ocupados por actividades ilegales. En ese contexto, sostuvo que la simplificación de procedimientos administrativos, por sí sola, no garantizará el desarrollo de la minería formal si no se protege efectivamente el acceso a las concesiones.
“Se están generando invasiones ya no solamente por oro, sino por cobre. Ya hay zonas de proyectos mineros que no están pudiendo avanzar teniendo concesión y permisos ambientales aprobados, porque la minería ilegal ya se asentó en el territorio”, advirtió.
Bustamante remarcó que el desafío exige una respuesta articulada de las autoridades. “Habría que pedir consecuencia del Tribunal Constitucional como garante de derechos y consecuencia del Ejecutivo para que tome medidas”, sostuvo, al señalar que se requiere un pronunciamiento del TC que resguarde el derecho de propiedad de los titulares de concesiones, acompañado de acciones efectivas del Estado para combatir la minería ilegal.
María Cristina Alva, socia de Minería, Recursos Naturales y Sostenibilidad de CMS Grau, alertó sobre las deficiencias en el proceso de formalización minera que han permitido el avance de la ilegalidad. Puso énfasis en los resultados del proceso de formalización y en la necesidad de evaluar el impacto de las sucesivas prórrogas del Reinfo.
La especialista recordó que actualmente existen más de 31.000 registros y que, desde 2014, solo 2.345 mineros han logrado formalizarse. “Es importante mirar una realidad de algo que no funcionó y que además estamos repitiendo en el tiempo por varias razones”, señaló.
Alva también destacó la importancia de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la demanda pendiente y garantice la protección de los derechos, la salud y el medio ambiente.
Eduardo Lanao, CEO y fundador de CrossPartners y presidente ejecutivo de ProMinería, planteó la necesidad de distinguir la pequeña minería y minería artesanal formal de las actividades informales e ilegales. Advirtió que agruparlas bajo una misma categoría puede perjudicar a los productores que sí cumplen con las exigencias legales y cuentan con los títulos habilitantes correspondientes.
“La minería de pequeña escala no es minería informal y es lo primero que yo plantearía en el marco del análisis de una ley MAPE”, señaló.
Lanao recordó que el desarrollo de una actividad minera responsable requiere cumplir condiciones vinculadas con la gestión ambiental, el acceso a la superficie, la protección del patrimonio arqueológico y el respeto a los derechos de los titulares de las concesiones.
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