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La liquidación de Doe Run Perú arrastra una deuda pendiente con miles de trabajadores y ahora enfrenta una controversia por el cobro de una acreencia comercial. Depósitos Químicos Mineros S.A. (DQM) reclama US$14,54 millones por tarifas de almacenamiento y busca concretar un laudo arbitral, una pretensión que ha generado cuestionamientos por sus posibles efectos sobre los recursos disponibles para atender las obligaciones laborales.
El conflicto gira alrededor de los US$19,41 millones del Fideicomiso Pama. Su liberación es uno de los asuntos pendientes del proceso concursal, que comenzó en 2010 y todavía no consigue resolver el pago de las acreencias de aproximadamente 3.500 trabajadores.
Consultores A-1, que administró la liquidación entre enero de 2022 y diciembre de 2024, advierte que las acciones de DQM podrían comprometer la disponibilidad de ese dinero. Según la información de la anterior liquidadora, la compañía representa solo el 0,495355% de los créditos reconocidos por Indecopi.
DQM busca cobrar US$14,5 millones mientras siguen pendientes las deudas laborales de Doe Run
La pretensión de DQM proviene de un arbitraje iniciado en 2015. La empresa busca cobrar US$14.543.544,12 por servicios de almacenamiento, amparada en un laudo emitido hace aproximadamente dos años. Adicionalmente, Indecopi le reconoció una acreencia concursal cercana a US$2,6 millones.
El reclamo ha generado reparos entre la representación de los trabajadores, debido a que todavía existen beneficios y obligaciones laborales pendientes de pago. El artículo 24 de la Constitución establece que las remuneraciones y los beneficios sociales tienen prioridad sobre otras obligaciones del empleador. Esta preferencia también está contemplada en el orden de prelación de créditos de la Ley General del Sistema Concursal.
Las observaciones de Indecopi también entraron en la disputa
Otro punto de fricción son los cuestionamientos a los gastos realizados durante la administración de Consultores A-1. DQM solicitó al Ministerio de Energía y Minas (Minem) adoptar acciones relacionadas con la resolución sancionadora que Indecopi emitió contra la anterior liquidadora.
Por su parte, Consultores A-1 presentó un recurso de reconsideración, que fue declarado fundado en parte el 12 de octubre de 2026. La empresa sostiene que aún puede apelar los extremos de la decisión con los que no está de acuerdo y cuestiona que estas observaciones se vinculen con la liberación del fideicomiso.
Luis Cuadrado, representante de los créditos laborales y presidente encargado de la Junta de Acreedores, también comunicó al Minem que el procedimiento administrativo sigue pendiente de una decisión definitiva. Su posición es que los cuestionamientos a los gastos deben resolverse por la vía correspondiente, sin trasladar sus efectos a la disponibilidad de los fondos.
Asimismo, Consultores A-1 advierte que DQM podría promover una medida cautelar para inmovilizar los US$19,41 millones. Por ahora, no se ha acreditado que exista una orden judicial de ese tipo. De concretarse, sin embargo, la medida podría impedir temporalmente el uso de los recursos.
Doe Run: anterior liquidadora reporta venta de Cobriza y entrega de La Oroya a trabajadores
Consultores A-1 estuvo a cargo de la liquidación hasta diciembre de 2024. Durante su gestión, la Unidad Minera Cobriza fue adjudicada al Grupo Dyer Coriat por US$19,70 millones más IGV. También se entregó el Complejo Metalúrgico de La Oroya a 1.245 trabajadores como parte de pago de sus acreencias. El activo fue valorizado en S/124 millones.
A-1 reporta, además, la regularización registral de 1.045 viviendas que anteriores gestiones habían entregado a trabajadores para saldar parte de sus deudas laborales. Según su último balance, cerca de la mitad de los títulos ya estaba inscrita.
Desde que dejó la liquidación, en diciembre de 2024, A-1 ya no participa en las decisiones del proceso. Esa responsabilidad recae ahora en el liquidador vigente, la Junta de Acreedores y las autoridades competentes. A la fecha, siguen pendientes tanto la controversia por el cobro de DQM como las observaciones administrativas a la gestión de la anterior liquidadora. También continúa sin liberarse el Fideicomiso Pama, que reúne US$19,41 millones.
La liquidación de Doe Run comenzó en 2010 y, más de 15 años después, alrededor de 3.500 trabajadores todavía esperan el pago de sus acreencias. La controversia por los US$14,54 millones que reclama DQM podría retrasar aún más la disponibilidad de los fondos y, con ello, la posibilidad de avanzar en el cumplimiento de esas obligaciones laborales.
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