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Las comisiones de Minería y Ambiente analizarán tres proyectos que buscan regular qué deben hacer las compañías antes, durante y después del cierre de una mina. Los textos proponen planes desde etapas tempranas, fondos de garantía, monitoreo posterior y mecanismos de participación ciudadana.
El Senado de la Nación abrirá este miércoles un debate que puede modificar uno de los capítulos menos desarrollados de la legislación minera argentina: qué ocurre cuando una mina llega al final de su vida útil y quién garantiza los recursos necesarios para cerrar, remediar y monitorear el sitio durante los años posteriores.
A las 15 está previsto un plenario de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Ambiente y Desarrollo Sustentable para analizar tres iniciativas legislativas sobre cierre de minas.
Los expedientes corresponden al S-285/25, presentado por el fallecido senador Antonio Rodas; al S-257/26, impulsado por Flavio Fama y Edith Terenzi; y al S-525/26, promovido por Lucía Corpacci.
Las propuestas tienen diferencias de diseño, pero comparten una idea central: el cierre no debe empezar a pensarse cuando la mina deja de producir, sino desde las primeras etapas del proyecto.
Argentina ya exige obligaciones ambientales, pero no tiene un régimen nacional uniforme
La discusión necesita una precisión.
Actualmente, las compañías mineras ya deben incorporar aspectos vinculados con cierre y recomposición ambiental dentro de sus evaluaciones y compromisos, conforme al Código de Minería y a las normas que aplica cada provincia.
Lo que Argentina no tiene es una legislación nacional específica que ordene de manera uniforme planes de cierre, actualizaciones, garantías económicas, responsabilidades durante el post cierre y mecanismos permanentes de control.
Por eso, el debate no consiste en crear por primera vez obligaciones ambientales al terminar una mina.
Busca darles un marco más detallado y homogéneo.
Rodas propone una ley de presupuestos mínimos
El proyecto S-285/25, de Antonio Rodas, sigue un camino diferente al de las otras dos iniciativas.
No modifica directamente el Código de Minería.
Propone establecer presupuestos mínimos de protección ambiental para el cierre de minas, es decir, un piso de exigencias que debería regir en todo el país. El expediente reproduce una iniciativa presentada originalmente en 2023.
El texto define al Plan de Cierre como un instrumento destinado a rehabilitar las zonas afectadas por la actividad minera.
También plantea que las compañías deban presentar ese plan desde etapas tempranas y constituir garantías financieras para asegurar su cumplimiento.
La lógica es evitar que una empresa llegue al final de la explotación sin haber previsto técnica y económicamente cómo dejará el área intervenida.
Fama y Terenzi quieren incorporar el régimen al Código de Minería
El proyecto de Flavio Fama y Edith Terenzi, identificado como S-257/26, reproduce una iniciativa presentada en 2024.
En este caso, la propuesta es modificar el Código de Minería e incorporar un nuevo título denominado “Régimen de Cierre de Minas”.
El plan debería acompañar al Informe de Impacto Ambiental y actualizarse a medida que avance el proyecto.
Esto responde a una característica básica de una mina: el diseño inicial puede modificarse durante décadas de operación.
Pueden cambiar reservas.
Métodos de explotación.
Instalaciones.
Depósitos de residuos.
Plantas.
Y también los costos necesarios para cerrar cada componente.
Por eso, un plan realizado veinte años antes no necesariamente sigue siendo válido cuando llega el momento de ejecutarlo.
Participación ciudadana antes de aprobar el cierre
La iniciativa de Fama y Terenzi incorpora además mecanismos de participación ciudadana y acceso a la información.
La autoridad de aplicación debería establecer procedimientos participativos antes de aprobar los planes.
Eso llevaría el cierre a una instancia de discusión pública similar a la que ya existe en muchos procesos de evaluación ambiental.
Las comunidades podrían conocer qué infraestructura se retirará, qué instalaciones permanecerán, cómo se manejarán aguas y residuos y cuánto tiempo continuará el monitoreo después del cese productivo.
Corpacci propone garantías y vigilancia post cierre
El tercer expediente, S-525/26, es impulsado por Lucía Corpacci y también propone incorporar al Código de Minería un régimen específico de cierre. La iniciativa cuenta además con las firmas de Alicia Kirchner y Jorge Capitanich.
Uno de sus ejes es que las empresas constituyan una garantía económica capaz de respaldar el costo previsto para ejecutar el cierre.
También propone mecanismos de vigilancia durante el período posterior al final de la explotación.
El principio es que el cumplimiento no dependa exclusivamente de la situación financiera que tenga la empresa cuando la mina deje de producir.
El dinero necesario debería estar respaldado con anticipación.
Qué pasa con las minas que ya están operando
Uno de los desafíos más difíciles es cómo aplicar una futura ley a operaciones existentes.
El proyecto de Corpacci establece períodos de adecuación diferenciados.
Las minas con menos de cinco años de vida útil remanente tendrían un plazo más breve para adaptarse.
Las operaciones con horizontes más extensos contarían con mayor tiempo.
El objetivo es incorporar al nuevo régimen tanto los futuros proyectos como las minas que ya se encuentran en funcionamiento.
Ese punto probablemente sea uno de los temas técnicos más relevantes del debate, porque una operación construida hace décadas no tiene las mismas posibilidades de planificación financiera que un proyecto que recién inicia.
El corazón de la discusión está en las garantías
Los tres proyectos coinciden, con distintos mecanismos, en una cuestión central: el cierre debe tener respaldo económico real.
Cerrar una mina puede demandar inversiones considerables.
Hay que desmantelar plantas.
Estabilizar taludes.
Cerrar accesos.
Tratar aguas.
Asegurar depósitos de residuos.
Revegetar cuando sea posible.
Y mantener monitoreos ambientales durante años.
Si esos costos no están financiados, existe el riesgo de que una empresa en dificultades económicas abandone la operación y deje el problema en manos del Estado.
El costo del cierre se construye durante toda la vida de la mina
La lógica de las garantías apunta precisamente a evitar ese escenario.
En lugar de esperar hasta los últimos años, las compañías deberían constituir progresivamente instrumentos financieros vinculados con el costo estimado del cierre.
Esos cálculos también tendrían que actualizarse.
Una mina puede ampliar su planta o aumentar el volumen de residuos durante la operación.
Eso aumenta la obligación futura.
Por lo tanto, también debería modificarse la garantía.
No se trata solamente de “tapar un pozo”
El cierre moderno de una mina es mucho más complejo que detener la extracción.
Una operación puede dejar tajos abiertos, galerías subterráneas, depósitos de estériles, diques de colas, plantas de procesamiento, ductos y caminos.
Algunos componentes pueden requerir mantenimiento o vigilancia durante décadas.
Por eso la regulación distingue normalmente entre cierre progresivo, cierre final y post cierre.
El cierre progresivo permite rehabilitar sectores mientras la mina todavía produce.
El cierre final ocurre cuando termina la actividad.
Y el post cierre abarca el monitoreo y mantenimiento posterior.
Chile planifica el cierre durante toda la vida útil
Argentina tiene referencias cercanas.
Chile cuenta con la Ley 20.551, que regula específicamente el cierre de faenas e instalaciones mineras.
La norma establece que el plan debe formar parte de todo el ciclo de vida de la mina y ejecutarse progresivamente durante sus distintas etapas.
El objetivo es asegurar la estabilidad física y química de las instalaciones y evitar riesgos para personas y ambiente después del término de las operaciones.
El sistema chileno incluye además garantías financieras para determinadas faenas.
Perú también exige planes y garantías ambientales
Perú cuenta con la Ley 28.090, específica para cierre de minas, y su correspondiente reglamentación.
La norma regula la elaboración, presentación e implementación de los planes y exige garantías ambientales destinadas a cubrir las inversiones comprometidas para el cierre.
El país actualizó nuevamente su marco regulatorio durante 2025 y 2026, reforzando exigencias sobre actualizaciones, garantías para cierres progresivos y seguimiento periódico.
Estas experiencias aparecen frecuentemente como referencia para el debate argentino.
La discusión lleva años en el Congreso
No es la primera vez que el Senado intenta avanzar con este tema.
En abril de 2025 ya se había convocado un plenario de las mismas comisiones para analizar proyectos de Corpacci, Sergio Uñac, Fama, Terenzi y Rodas. La agenda oficial del Senado incluía entonces cuatro iniciativas.
Aquella reunión no logró avanzar por falta de quórum.
El debate actual retoma parte de esos antecedentes mediante nuevos expedientes o reproducciones de propuestas anteriores.
Una futura ley también impactaría sobre los proyectos nuevos
El tema adquiere especial importancia por la nueva escala de inversión minera que proyecta Argentina.
Los grandes desarrollos de cobre previstos para San Juan y Catamarca podrían operar durante varias décadas.
Los proyectos de litio también incorporan plantas, pozos, piletas, ductos e infraestructura que deberán tener un destino definido cuando termine la explotación.
Si una futura norma exige planificar y financiar el cierre desde el comienzo, esos costos pasarán a formar parte de las decisiones económicas iniciales.
No serán un gasto a resolver al final.
Para las empresas también puede significar mayor previsibilidad
Las garantías implican costos financieros.
Pero una normativa nacional más precisa también puede reducir incertidumbre.
Una empresa puede conocer desde el diseño del proyecto qué debe presentar, cómo se calcula la garantía, con qué frecuencia debe actualizarla y durante cuánto tiempo tendrá responsabilidades posteriores.
Esa previsibilidad es especialmente relevante para proyectos financiados internacionalmente.
Bancos y organismos multilaterales ya suelen exigir planes de cierre y provisiones específicas dentro de sus estándares ambientales.
Veladero muestra por qué el tema empieza a ganar urgencia
San Juan aparece particularmente atento a la discusión por la madurez de algunas de sus operaciones.
Veladero lleva más de dos décadas de actividad y, aunque su horizonte productivo puede seguir modificándose mediante exploración y nuevas inversiones, eventualmente deberá atravesar una etapa de cierre.
Lo mismo ocurrirá con todas las minas que hoy producen.
Una legislación nacional buscaría definir con anticipación quién financia cada tarea y quién mantiene la responsabilidad durante los años posteriores.
El cierre empieza el día que se diseña la mina
Ésa es probablemente la principal transformación conceptual detrás de los proyectos.
Durante mucho tiempo, el cierre podía verse como la última etapa de una operación.
La regulación moderna lo considera parte del proyecto desde su nacimiento.
La ubicación de instalaciones.
El diseño de escombreras.
El manejo del agua.
La disposición de residuos.
Y hasta la forma en que se construye una planta pueden modificar cuánto costará rehabilitar el sitio décadas después.
Planificar temprano permite reducir esos costos y riesgos.
Una discusión que excede al ambiente
El cierre también tiene una dimensión económica y social.
Cuando una gran mina termina, pueden desaparecer cientos o miles de empleos directos e indirectos.
Proveedores pierden contratos.
Municipios reducen actividad económica.
Por eso algunos modelos modernos de cierre incorporan además estrategias de reconversión laboral y planificación territorial.
El desafío es evitar que el final geológico de un yacimiento se convierta en una crisis económica para la comunidad que creció alrededor.
Del proyecto a una política nacional
El plenario de este miércoles no significa que Argentina vaya a tener inmediatamente una nueva ley.
Los senadores deberán comparar los tres textos, acordar un criterio común y eventualmente emitir un dictamen antes de que alguna propuesta pueda llegar al recinto.
Luego debería atravesar también la Cámara de Diputados.
Pero la discusión vuelve a poner sobre la mesa una cuestión que crecerá junto con la minería argentina.
Si el país quiere construir minas capaces de operar durante treinta o cuarenta años, también necesita definir desde ahora cómo terminarán. El verdadero cierre responsable no comienza cuando sale la última tonelada de mineral: comienza cuando se diseña la primera.