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El 13 de octubre Sernageomin informó que tres trabajadores habían muerto en 48 horas, dos en El Teniente y uno en Coquimbo. Con eso, 2026 ya suma 12 víctimas fatales. Seis son de la gran minería, cinco de la artesanal y una de la pequeña.
Frente a esa seguidilla, la pregunta urgente no es solo qué hizo cada trabajador. Es ¿por qué la organización permitió que quedara expuesto a un peligro capaz de matarlo? Mi hipótesis es que el denominador común no está necesariamente en la conducta insegura, sino en la falla de los sistemas de gestión para identificar, controlar y verificar los riesgos críticos.
Es distinto identificar el mecanismo inmediato de un accidente que explicar por qué ese peligro siguió existiendo en la faena. Distingo tres brechas que deben ponerse a prueba. La primera es la falla de los controles críticos. En minería los peligros que matan son conocidos: derrumbes, caída de roca, aludes, atrapamientos, liberación de energía, interacción persona-equipo. La pregunta no es si estaban en una matriz, sino si había barreras reales y eficaces. En un alud, por ejemplo, ¿había criterios objetivos para detener la operación?, ¿se monitoreaba geotecnia y meteorología?, ¿existían zonas de exclusión verificadas?, ¿quién tenía la autoridad para retirar a la gente cuando cambió la condición? Si el control estaba solo en el papel, no era control.
La segunda brecha es entre la seguridad declarada y la operacional. Muchas faenas tienen sistemas certificados, procedimientos, auditorías y comités. Eso no garantiza que el riesgo esté controlado en terreno. Tener un procedimiento no es lo mismo que verificar que se cumple, que controla el riesgo y que la operación se detiene cuando deja de ser segura. Se puede tener buenos indicadores de accidentabilidad general y, al mismo tiempo, fallar en lo que más importa: impedir eventos de baja frecuencia y consecuencia catastrófica.
La tercera brecha es la responsabilidad de la línea de mando. La seguridad no puede descansar solo en el trabajador ni en el prevencionista. Directorio, gerencia general, operaciones, superintendencias, supervisión y empresas contratistas deben responder una pregunta clara: ¿tienen autoridad, recursos e incentivos para parar cuando el riesgo es intolerable? Si la presión por producción y programa pesa más que la seguridad, se normaliza lo peligroso. Este punto es clave porque se repiten mecanismos conocidos.
Según el Anuario de la Minería 2023 de Sernageomin, de 54 accidentes fatales analizados entre 2019 y 2023, el acto más frecuente fue “no asegurar ni advertir el peligro”, con 34,3%. Esa cifra no explica por sí sola la falla. Si alguien entra a una zona peligrosa, hay que preguntar por qué podía acceder, si había barreras físicas, si la señalización era clara, si la supervisión lo sabía y si ya había habido incidentes similares sin corrección efectiva.
No se trata de anticipar juicios sobre Sernageomin ni sobre empresas específicas. Pero sí de preguntar si la fiscalización y la gestión permiten anticiparse o si la intervención más dura llega solo después de la muerte.
La minería chilena no es una sola. Gran, mediana, pequeña y artesanal enfrentan realidades distintas y requieren estándares rigurosos pero adecuados a su contexto. Lo que no puede variar es el principio.
No basta con demostrar que existe un sistema de seguridad. Hay que demostrar que ese sistema impide que un trabajador quede expuesto a un riesgo que puede matarlo. Mientras sigamos preguntando solo qué hizo mal la persona, seguiremos llegando tarde. La pregunta que salva vidas es otra: ¿qué barrera debía impedir esta muerte, por qué no funcionó y quién debía garantizar que funcionara?
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