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Mientras el Gobierno destacó la reducción de costos y la ampliación de beneficios para pequeños y medianos productores, Agrumin rechazó el resultado legislativo y cuestionó a Sonami. Esta última valoró los avances, pero advirtió que la reforma mantiene mecanismos administrativos que podrían poner en riesgo la propiedad minera.
Por Constanza Schaub
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Con posiciones contrapuestas sobre sus efectos para la pequeña y mediana minería, la Cámara de Diputadas y Diputados despachó este miércoles 28 de octubre el proyecto que modifica el régimen de patentes mineras, convirtiéndose en la primera iniciativa legislativa del sector que completa su tramitación durante el Gobierno del Presidente José Antonio Kast.
Mientras el Ejecutivo destacó que la reforma permitirá reducir costos, simplificar procedimientos y otorgar mayor certeza jurídica a los productores, la Agrupación Nacional de la Pequeña y Mediana Minería y de Dueños de Concesiones Mineras (Agrumin) cuestionó duramente su aprobación, advirtiendo que las disposiciones podrían comprometer la continuidad de pequeños productores y la conservación de sus concesiones.
La controversia se produjo luego de que la Cámara aprobara las modificaciones provenientes del Senado, sin acoger la solicitud de Agrumin de rechazarlas para abrir una comisión mixta que permitiera revisar los aspectos objetados por el gremio.
Gobierno destaca reducción de costos y nuevas facilidades
Desde el Ministerio de Economía y Minería calificaron la aprobación como un avance para superar las dificultades generadas por el régimen de patentes establecido mediante la Ley N°21.420, de 2022.
¡Buena noticia! Cumplimos con la pequeña y mediana minería de Chile 🇨🇱
Escuchamos a los mineros de todo el país, recogimos una demanda que llevaba años esperando respuesta y hoy entregamos una solución concreta: el Congreso Nacional despachó a ley el primer proyecto minero del Gobierno del @PresidenteKast, que elimina las patentes progresivas, amplía las rebajas y posterga su pago.
Menos burocracia, menores costos y mayor certeza jurídica para quienes trabajan, invierten y generan empleo en Chile. ¡Ese es nuestro compromiso: escuchar, actuar y cumplir! #ChilePuedeMás
— Daniel Mas Valdés (@DanielMasValdes) October 28, 2026
Entre los principales cambios, la iniciativa elimina el cobro progresivo, que podía alcanzar hasta 12 UTM por hectárea, y lo reemplaza por una tasa general fija de 0,4 UTM por hectárea.
Asimismo, amplía las causales para acceder a una patente rebajada de 0,1 UTM por hectárea, incorpora nuevas facilidades para productores de menor escala y extiende determinados beneficios a arrendatarios y personas que exploten legítimamente una concesión.
El texto también establece un régimen especial para titulares de hasta 500 hectáreas que desarrollen trabajos mineros y se encuentren empadronados en Enami u otro poder de compra reconocido, permitiéndoles mantener una patente rebajada durante cinco años.
Otra de las medidas relevantes es la postergación hasta el 28 de febrero de 2027 del pago de las patentes correspondientes a 2026, junto con el aplazamiento de los procedimientos de remate asociados, una vez que la normativa entre en vigencia.
El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, destacó el respaldo parlamentario obtenido por la iniciativa. “Esto refleja que existe un diagnóstico compartido: Chile necesita una pequeña y mediana minería vigorosa para desplegar todo su potencial minero”, afirmó.
La autoridad sostuvo, además, que el proyecto busca recuperar los incentivos para explorar, invertir y producir, eliminando regulaciones que, a juicio del Ejecutivo, dificultaban el desarrollo de la actividad.
Agrumin acusa falta de diálogo y advierte riesgos para pequeños productores
查看配图La evaluación del gremio Agrumin fue diametralmente opuesta. Su presidente, Patricio Gatica, manifestó su decepción por la aprobación del proyecto sin introducir las modificaciones solicitadas por la organización.
“Es profundamente decepcionante que los diputados no hayan acogido nuestras propuestas y hayan aprobado un proyecto de ley que afecta fundamentalmente a la pequeña y mediana minería”, sostuvo.
El dirigente cuestionó directamente la actuación del Ejecutivo y atribuyó el resultado a su interés por concretar el primer proyecto minero de la actual administración. “Aquí no hubo por parte del Biministro Mas y el subsecretario González ninguna intención de escucharnos y atender nuestras demandas, sino solo el objetivo de anotarse un punto”, afirmó.
Entre los principales reparos del gremio figuran los criterios para acceder a las patentes rebajadas y la ausencia, según su interpretación, de procedimientos administrativos y recursos legales suficientemente claros para impugnar decisiones sobre estos beneficios.
Agrumin también cuestionó la exigencia de presentar antecedentes que, a su juicio, ya se encuentran en poder de Sernageomin, argumentando que ello genera nuevas cargas para los productores y distrae recursos del organismo fiscalizador.
Estas críticas contrastan con la posición del Gobierno, que sostiene que la reforma precisamente simplifica los requisitos y amplía las posibilidades de acogerse a tarifas preferenciales.
Sonami valora avances, pero advierte que persisten riesgos para las concesiones
La controversia adquirió una nueva dimensión luego de que la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) se pronunciara sobre el despacho de la iniciativa, reconociendo los avances introducidos, pero advirtiendo que el nuevo régimen todavía requiere modificaciones para garantizar la certeza jurídica de los concesionarios.
A diferencia del rechazo expresado por Agrumin, Sonami valoró la pronta aprobación de las mejoras legales, especialmente la eliminación del cobro progresivo, la ampliación de las causales para acceder a patentes rebajadas y la postergación del pago correspondiente a 2026 y de los remates hasta febrero de 2027, medida que, según indicó, había solicitado previamente al Ejecutivo.
Sin embargo, la organización advirtió que la reforma mantiene la intervención administrativa en el sistema de amparo de la propiedad minera, situación que, a su juicio, genera incertidumbre y afecta particularmente a los pequeños y medianos productores.
“Esta ley alivia la urgencia, pero se debe ir más allá para entregar la certeza jurídica que el sector necesita. Mientras el amparo de la propiedad minera siga sujeto a la discrecionalidad administrativa, y no exclusivamente al pago de una patente de monto cierto, aunque diferenciado, los pequeños y medianos mineros seguirán expuestos a la posibilidad de perder sus concesiones”, afirmó su presidente, Jorge Riesco.
El gremio también alertó sobre la presión adicional que este sistema representa para Sernageomin, considerando las responsabilidades del organismo en materia de seguridad minera.
Otro aspecto pendiente, según Sonami, es restablecer los montos diferenciados para las concesiones y operaciones de minería no metálica, distinción que considera relevante para el desarrollo de ese segmento productivo.
La declaración se produjo después de que Agrumin cuestionara públicamente la actuación de Sonami durante la tramitación legislativa, acusándola de no haber realizado gestiones suficientes para obtener un resultado diferente.
Aunque ambas organizaciones coinciden en advertir riesgos asociados a la intervención administrativa y la protección de las concesiones, difieren en su evaluación del proyecto aprobado. Mientras Agrumin considera que debió abrirse una comisión mixta para revisar las disposiciones cuestionadas, Sonami reconoce las mejoras alcanzadas y anuncia que continuará promoviendo cambios ante el Ejecutivo y el Congreso.
De esta manera, el despacho de la primera iniciativa minera del actual Gobierno deja un escenario de avances reconocidos, pero también de demandas pendientes y diferencias sobre la forma de abordar la protección de la propiedad minera.