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El Consejo Económico Social respaldó el pedido para que la recuperación de ambos corredores quede asegurada dentro de la privatización del Belgrano Cargas. Advirtió que dejarlos sujetos a inversiones optativas compromete objetivos del Plan Salta 2030.
El reclamo para garantizar inversiones en los ramales C14 y C15 sumó un nuevo respaldo institucional en Salta y aumenta la presión para que los compromisos asumidos por Nación se traduzcan finalmente en modificaciones concretas dentro del proceso de privatización del Belgrano Cargas.
La Comisión de Control y Seguimiento del Consejo Económico Social de Salta emitió un pronunciamiento en el que acompañó el planteo del Gobierno provincial y de las cámaras empresarias para que las obras necesarias en ambos corredores no queden libradas únicamente a la decisión de los futuros concesionarios.
La entidad fue más allá y vinculó directamente el futuro ferroviario con la planificación provincial: advirtió que la actual situación “afecta la consecución de los objetivos y metas del Plan de Desarrollo Estratégico Salta 2030”.
Un reclamo que suma sectores
El documento fue fechado el 5 de noviembre y lleva el respaldo de representantes de instituciones empresariales, académicas, profesionales y productivas.
Su incorporación amplía una lista de sectores que durante las últimas semanas reclamaron garantías sobre ambos corredores.
Además del Gobierno salteño y la Mesa Empresaria y Productiva, también respaldaron el planteo el Foro de Ingeniería del NOA y representantes del Norte Grande, que consideran al C14 y C15 infraestructura estratégica para integrar la región con Chile y Bolivia.
El problema sigue estando en los pliegos
El punto de conflicto está en cómo quedaron clasificadas las inversiones ferroviarias.
Cuando Nación lanzó el proceso de concesión por 50 años de las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza, estableció un esquema con obras obligatorias durante los primeros cinco años y otras inversiones optativas, que pueden ser propuestas por los oferentes.
Salta sostiene que la recuperación de los ramales C14 y C15 no puede quedar dentro de esa segunda categoría.
El temor es que, si no existe una obligación contractual explícita, su rehabilitación dependa exclusivamente de la rentabilidad que evalúe el futuro concesionario.
El C14, clave para la minería
Para la minería salteña, el C14 tiene una importancia particular.
El ramal atraviesa la Puna y forma parte del corredor ferroviario que permite proyectar una salida hacia Chile y los puertos del Pacífico.
Con proyectos de litio en producción y desarrollos de cobre de gran escala como Taca Taca, la provincia considera que la recuperación ferroviaria será necesaria para mover mayores volúmenes de insumos y producción.
Por eso, el reclamo dejó de ser exclusivamente ferroviario.
También se convirtió en una discusión sobre costos logísticos, competitividad minera y capacidad exportadora del NOA.
El C15 conecta hacia Bolivia
El C15 cumple otra función estratégica.
Su recuperación permitiría fortalecer la conexión ferroviaria hacia Bolivia y articular el norte argentino con corredores internacionales que continúan hacia otros mercados sudamericanos.
El Foro de Ingeniería del NOA señaló que la integración con las redes de Brasil, Bolivia y Chile resulta clave para consolidar un sistema logístico intermodal y mejorar la competitividad regional.
Nación asumió compromisos, pero falta formalizarlos
El reclamo tuvo una respuesta política el 21 de octubre.
Después de una reunión entre el gobernador Gustavo Sáenz y el jefe de Gabinete nacional, Diego Santilli, Nación informó que se avanzaría con una adenda para establecer la obligatoriedad de las obras del C14.
Para el C15, en cambio, el compromiso fue buscar financiamiento internacional a través del Ministerio de Economía.
El Gobierno salteño presentó entonces el acuerdo como una garantía para ambos ramales.
Sin embargo, hasta el momento esos compromisos no quedaron reflejados de forma definitiva en la documentación licitatoria vigente, razón por la cual los sectores productivos mantienen activo el reclamo.
La licitación fue modificada en noviembre
El Ministerio de Economía introdujo cambios en el proceso mediante la Resolución 1914/2026, publicada el 4 de noviembre.
La norma incorporó una nueva circular modificatoria al procedimiento de concesión de las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza.
Sin embargo, el Consejo Económico Social y los sectores salteños que siguen el expediente sostienen que las modificaciones conocidas no resolvieron todavía el punto central: convertir las inversiones reclamadas para los ramales en obligaciones explícitas.
Salta busca aprovechar la nueva ventana
La postergación del proceso abrió una ventana adicional para que la provincia continúe negociando.
El planteo es que los cambios se incorporen antes de que quede definida la concesión por los próximos 50 años.
Para los sectores que impulsan el reclamo, esa extensión temporal vuelve especialmente importante la discusión: una definición adoptada hoy puede condicionar la infraestructura ferroviaria del norte durante varias décadas.
Del Plan Salta 2030 a la minería
La incorporación del Consejo Económico Social agrega además otro argumento.
El organismo no presenta la recuperación del C14 y C15 únicamente como una demanda sectorial de la minería, el comercio o el agro.
La vincula directamente con los objetivos de largo plazo definidos por el Plan de Desarrollo Estratégico Salta 2030.
Eso amplía el debate hacia desarrollo territorial, integración regional, empleo, exportaciones e infraestructura.
Una promesa que Salta quiere ver escrita
El reclamo salteño llegó así a una instancia diferente.
Ya existe un compromiso político de Nación para avanzar sobre ambos ramales. También existe una licitación ferroviaria en curso.
Lo que todavía falta, según las entidades que acompañan el planteo, es que esa promesa quede traducida en obligaciones formales, obras identificadas y mecanismos concretos de financiamiento.
Para Salta, la diferencia es decisiva.
No se discute solamente si el C14 y el C15 son importantes. Sobre eso ya existe un consenso cada vez más amplio.
La discusión ahora es quién tendrá la obligación de recuperarlos, con qué recursos y en qué plazo.