En este sentido, la norma introduce adecuaciones orientadas a actualizar la aplicación del régimen vigente a las nuevas realidades productivas, tecnológicas y administrativas, para modernizar y simplificar los procedimientos administrativos mediante la incorporación de herramientas digitales y la reducción de cargas burocráticas.
Entre los principales cambios se destacan: la agilización del sistema de importaciones, reemplazando el esquema previo de autorizaciones y certificaciones manuales por un sistema más dinámico e interoperable con Aduana; la optimización del mecanismo de devolución del IVA; y una mayor precisión en el alcance de la estabilidad fiscal. Se establece, por primera vez en la Ley, la definición de “proyecto minero” y, en función de ello, se dispone la presentación de declaraciones juradas a nivel de proyecto.
Asimismo, se incorpora la constitución del domicilio electrónico y la figura formal de los bienes reacondicionados; se amplía el radio de integración regional fomentando los proveedores locales y la competitividad logística; y se establecen requisitos específicos para los prestadores de servicios mineros.
Por otra parte, se introduce la opción de un seguro ambiental obligatorio como mecanismo de garantía real externa que traslada el riesgo a un tercero solvente y regulado, en línea con la armonización del artículo 23 de la Ley de Inversiones Mineras con la Ley General del Ambiente (Ley N° 25.675). De esta manera, el seguro se incorpora como un mecanismo alternativo de cumplimiento de las obligaciones de prevención ambiental previstas en la Ley de Inversiones Mineras, evitando la duplicación de exigencias y la superposición de esfuerzos por parte de las empresas.
Estas modificaciones son el resultado de un trabajo articulado entre distintas áreas del Ministerio de Economía, el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, Jefatura de Gabinete de Ministros, Legal y Técnica de Presidencia de la Nación.
En definitiva, la reforma se enmarca en la política de desburocratización y simplificación impulsada por el Estado Nacional, con el objetivo de optimizar la relación entre el Estado, los ciudadanos y el sector productivo.