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Puntos clave
- Hito regulatorio: REINFO vence el 31 de diciembre de 2025 sin prórroga, eliminando protección legal para mineros informales
- Tecnología clave: EEUU, Canadá y otros países ofrecerán asistencia técnica en trazabilidad mineral como alternativa a regulación tradicional
- Impacto legal: A partir del 1 enero 2026, operadores sin concesión válida quedarán expuestos a persecución penal total
- Perspectiva Latinoamérica: Modelo peruano de trazabilidad puede replicarse en otros países de la región como herramienta contra ilegalidad
| Tipo de regulación | Cierre del Registro Integral de Formalización Minera (REINF… |
| Entidad | Ministerio de Energía y Minas de Perú; gobiernos de EEUU y… |
| Vigencia | 31 de diciembre de 2025 (fin sin prórroga); vigencia nueva:… |
Perú cierra una ventana que ha estado abierta demasiado tiempo. El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno Huamaní, confirmó que el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) termina su vigencia el 31 de diciembre de 2025 — sin prórroga, sin ambigüedad. Lo que durante años funcionó como paraguas legal para operadores que se movían en la frontera difusa entre la minería informal y la ilegal, desaparece. Y en ese momento, tanto el gobierno peruano como sus contrapartes en Washington y Ottawa están apostando a que la trazabilidad mineral puede hacer lo que la regulación tradicional no logró.
El fin del REINFO: lo que cambia y lo que sigue igual
El REINFO nació como mecanismo de transición: una figura temporal para que los mineros artesanales e informales pudieran regularizar su situación y eventualmente ingresar al circuito formal. En la práctica, se convirtió en algo distinto. Durante años, el registro sirvió como escudo jurídico que dificultaba la persecución penal de operadores que no avanzaban hacia la formalización pero sí acumulaban protección legal. Shinno fue directo al respecto: el REINFO tenía “todo el paraguas de protección legal a los mineros ilegales”.
Su cierre elimina ese escudo. Pero la minería ilegal no desaparece porque vence un registro. Lo que cambia es el marco legal que la contenía: a partir del 1 de enero de 2026, quienes operen sin concesión válida y sin proceso de formalización activo quedan expuestos a la totalidad del aparato sancionatorio peruano, sin el amparo que les daba la inscripción en el REINFO. Eso es un cambio real de terreno, aunque la efectividad de su aplicación dependerá de factores que el Ministerio de Energía y Minas no controla solo.
Perú produce alrededor del 10% del cobre mundial, es el tercer productor global de plata y el segundo de zinc. Su sector de minería artesanal y pequeña minería representa una porción significativa de la producción nacional de oro, con estimaciones que sitúan entre 30% y 40% de la producción aurífera peruana en circuitos informales o ilegales. El cierre del REINFO sin una oferta concreta de formalización acelerada tiene el potencial de empujar a esos operadores más hacia la clandestinidad, no menos.
La apuesta tecnológica: dónde entra Canadá y Estados Unidos
Aquí es donde la declaración de Shinno toma una dimensión que trasciende la política interna peruana. El ministro reveló que Estados Unidos, Canadá y otros países han expresado disposición a apoyar a Perú con tecnología para la trazabilidad mineral. No es un anuncio de acuerdo firmado — es una señal de negociación activa en un momento en que las cadenas de suministro de minerales críticos están bajo escrutinio geopolítico como nunca antes.
Para Canadá, el interés no es altruista ni accidental. Toronto es la capital financiera de la minería global: el TSX y el TSX-V albergan aproximadamente el 40% de las empresas mineras públicas del mundo. Empresas como Barrick Gold, Pan American Silver y Lundin Mining tienen operaciones directas en Perú o exposición significativa a la región andina. Cuando el oro o la plata peruana se mueve por circuitos opacos, el riesgo no queda contenido en Lima — sube por la cadena hasta afectar la reputación y el cumplimiento de los compradores institucionales que cotizan en Toronto.
La trazabilidad mineral — sistemas que permiten verificar el origen, la cadena de custodia y las condiciones de extracción de un mineral desde la mina hasta el punto de venta — se ha convertido en un requisito de facto en los mercados más exigentes. La Unión Europea avanza con su reglamento de diligencia debida en cadenas de suministro. Estados Unidos aplica el Uyghur Forced Labor Prevention Act como modelo que podría extenderse a otros contextos. Los compradores institucionales de metales preciosos exigen cada vez más certificación de origen limpio. Perú, como productor de primer nivel, tiene un problema de credibilidad mientras una fracción relevante de su producción circula sin trazabilidad verificable.
El modelo canadiense como referencia — y sus límites
Canadá ha desarrollado estándares como el Towards Sustainable Mining (TSM), adoptado por CAMIMEX en México y replicado en múltiples jurisdicciones de América Latina. Tiene experiencia en sistemas de cadena de custodia para minerales, particularmente en el sector de diamantes tras el escándalo de las “piedras de sangre” de los años noventa. Esa historia dejó a la industria canadiense con un conjunto de herramientas técnicas y regulatorias que hoy resultan exportables.
Pero trasladar ese modelo al contexto peruano implica desafíos que la tecnología por sí sola no resuelve. La minería artesanal en regiones como Madre de Dios o Puno opera en zonas remotas, con acceso difícil, presencia estatal limitada y, en muchos casos, vinculaciones con economías ilícitas que van más allá del oro. Un sistema de trazabilidad requiere puntos de entrada formal al circuito — comercializadores, fundidoras, exportadores — dispuestos a operar con registros verificables. Si esos puntos de entrada no existen o están cooptados por redes informales, la tecnología queda sin anclaje operativo.
El antecedente del Kimberley Process para diamantes es ilustrativo: fue efectivo para reducir el flujo de piedras de zonas de conflicto armado abierto, pero mostró limitaciones importantes cuando las cadenas de abuso eran más difusas o cuando los Estados de origen tenían capacidad institucional débil. Perú no está en la misma situación que los países africanos del conflicto diamantífero, pero sí enfrenta una captura parcial del Estado en algunas regiones productoras que complica la implementación de cualquier sistema de verificación.
Implicaciones regulatorias para el sector formal
El anuncio de Shinno tiene una lectura secundaria que los operadores formales en Perú deberían procesar con atención. Si el gobierno peruano avanza hacia un sistema de trazabilidad apoyado por socios internacionales, el cumplimiento dejará de ser una exigencia opcional para convertirse en condición de acceso a mercados. Las empresas que ya operan bajo estándares internacionales — Newmont en Yanacocha, Glencore en Antapaccay, Freeport-McMoRan en Cerro Verde — están razonablemente bien posicionadas. El riesgo mayor es para los operadores medianos que no han invertido en sistemas de documentación y trazabilidad de sus cadenas de insumos y producción.
Hay además una dimensión fiscal. La formalización efectiva de un segmento de la producción que hoy circula al margen ampliaría la base imponible del sector minero peruano en un momento en que el gobierno necesita ingresos para sostener programas sociales y proyectos de infraestructura. El canon minero — mecanismo de distribución de regalías a regiones productoras — se vería potencialmente incrementado si una fracción mayor de la producción aurífera pasara a tributar. Eso convierte el cierre del REINFO y la apuesta por la trazabilidad en una decisión con implicaciones fiscales que van más allá del ordenamiento del sector.
El calendario político y los riesgos de ejecución
Perú celebra elecciones generales en abril de 2026. El cierre del REINFO a fin de 2025 pone la fase más conflictiva de la transición — la persecución de los operadores que no se formalizaron — exactamente en el período preelectoral. Eso crea un incentivo político para que la siguiente administración module la aplicación, postergue plazos o reinstale algún mecanismo de protección temporal. No sería la primera vez: el REINFO en sí mismo fue prorrogado en múltiples ocasiones por gobiernos que anunciaron su cierre definitivo y luego cedieron ante presiones de los gremios de minería artesanal.
La credibilidad del anuncio de Shinno depende, en última instancia, de que el gobierno actual construya un aparato de cumplimiento que resulte difícil de desmantelar por la siguiente administración. Los acuerdos de cooperación técnica con Canadá y Estados Unidos — si materializan — podrían actuar como ancla: compromisos internacionales que elevan el costo político de dar marcha atrás. Pero eso requiere que las negociaciones avancen hacia acuerdos concretos, con recursos comprometidos y plazos definidos, no solo declaraciones de intención ministerial.
La cooperación tecnológica que Shinno describe puede ser el marco correcto. O puede ser otro anuncio que no sobrevive al cambio de gobierno. La diferencia la hará la velocidad con que Perú construya infraestructura institucional — no solo digital — para hacer funcionar la trazabilidad antes de que el próximo ciclo político redibuje las prioridades.