La liquidación de Doe Run Perú vuelve a enfrentar un nuevo frente de controversia. Esta vez, la disputa gira en torno a los US$ 19.41 millones del fideicomiso ambiental PAMA y las garantías del Plan de Cierre de Minas, recursos cuyo destino sigue sin definirse.
El episodio ocurre semanas después de que informáramos que Indecopi mantuvo una multa contra Consultores A-1, anterior liquidador de la empresa, por gastos que no fueron reconocidos.
Ahora, la designación de Marco Eusebio Chávez Magán como nuevo liquidador vuelve a poner bajo discusión la situación de estos fondos. Según la defensa de Depósitos Químicos Mineros (DQM), acreedor de Doe Run, el nuevo representante solicitó al Ministerio de Energía y Minas (Minem) una reunión para coordinar las acciones orientadas a su liberación.
Los recursos permanecen bajo administración de Scotiabank. Sin embargo, existe una orden de retención dictada por el Tribunal Arbitral de la Cámara de Comercio de Lima a favor de DQM, que condiciona cualquier actuación sobre el dinero.
Doe Run: ¿qué resoluciones mantienen retenidos los fondos del PAMA?
El origen de la controversia se remonta a marzo de 2023. En ese momento, el Tribunal Arbitral de la Cámara de Comercio de Lima ordenó retener los recursos, decisión que luego fue confirmada mediante un laudo final en julio del mismo año.
Un año después, en julio de 2024, la Primera Sala Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima ratificó la validez de las decisiones arbitrales. También estableció que el Minem debía retener y entregar a DQM los fondos del fideicomiso.
En consecuencia, la designación de un nuevo liquidador no elimina los efectos de estas disposiciones. Cualquier gestión para liberar el dinero deberá tomar en cuenta los mandatos arbitrales y judiciales vigentes.
Para la defensa de DQM, la solicitud de coordinación presentada por Chávez Magán ante el Minem representa un nuevo punto de tensión en el proceso. El desafío será determinar qué acciones pueden impulsarse sin contravenir las decisiones que mantienen los recursos bajo retención.
¿Qué cambia con la llegada del nuevo liquidador?
La gestión de Consultores A-1 permite entender por qué la liberación de los fondos continúa pendiente.
La firma asumió la liquidación en enero de 2022, después de que Indecopi retirara el registro de Alta Sierra Asesores y Consultores. Durante su administración concretó dos operaciones relevantes: la venta de la Unidad Minera Cobriza y la dación en pago del Complejo Metalúrgico de La Oroya a favor de los trabajadores.
Sin embargo, la liberación del fideicomiso PAMA quedó pendiente.
En paralelo, DQM solicitó al Minem apoyo para incorporar su pedido de auditoría en la agenda de la Junta de Acreedores. La propuesta contemplaba una coordinación entre el liquidador, el ministerio y los acreedores para remitir una comunicación a Scotiabank y solicitar la liberación de los recursos.
Las gestiones no llegaron a concretarse. Indecopi retiró a Consultores A-1 del proceso y la falta de aprobación del Convenio de Liquidación terminó por frenar las acciones previstas.
Posteriormente, el organismo designó a Alva Legal mediante una bolsa de liquidadores. No obstante, Chávez Magán impugnó el nombramiento y consiguió revertirlo ante la Sala Especializada en Procedimientos Concursales.
Su designación introduce un elemento distinto: no necesita contar con un nuevo Convenio de Liquidación aprobado para continuar al frente del proceso. Esta condición elimina uno de los obstáculos que enfrentó Consultores A-1 durante su gestión.
Pero hay una diferencia clave. La posibilidad de continuar con la liquidación no significa que Chávez Magán pueda disponer directamente de los US$ 19.41 millones.
Para gestionar la liberación, todavía debe coordinar con la Junta de Acreedores y el Minem el envío de una comunicación a Scotiabank. Además, cualquier decisión deberá considerar las resoluciones arbitrales y judiciales que pesan sobre los recursos.
Doe Run: DQM reclama US$ 14.54 millones mientras trabajadores esperan pagos
El conflicto por el fideicomiso también tiene una dimensión económica. DQM busca cobrar US$ 14.54 millones por servicios de almacenamiento, mientras cerca de 3,500 trabajadores de Doe Run Perú mantienen acreencias laborales pendientes.
De acuerdo con información proporcionada por Consultores A-1, la acreencia de DQM representa el 0.495355% del total reconocido en el procedimiento concursal.
Pese a esa participación, la anterior liquidadora sostiene que los cuestionamientos y actuaciones de la empresa acreedora podrían retrasar la disponibilidad de los fondos del fideicomiso, uno de los asuntos pendientes para avanzar hacia el cierre de la liquidación.
Consultores A-1 también advierte sobre la intención de DQM de ejecutar un laudo arbitral para cobrar su deuda comercial. Desde la posición de la firma, esta pretensión podría entrar en conflicto con la atención prioritaria de las obligaciones laborales, reconocida en el artículo 24 de la Constitución y en la legislación concursal.
La anterior liquidadora agrega que una eventual medida cautelar de DQM para inmovilizar los US$ 19.41 millones podría comprometer la disponibilidad de estos recursos.
Por ahora, el cambio de liquidador no despeja el escenario. La disputa por el fideicomiso continúa y se suma a las obligaciones laborales pendientes de una empresa cuya liquidación todavía no consigue llegar a su etapa final.
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