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Puntos clave
- Regulación: Minem presentará propuesta de Ley MAPE el 15 de octubre con extensión de formalización hasta finales de 2028
- Impacto Perú: Redefiniría reglas para ~30,000 operadores atrapados en limbo regulatorio desde creación de Reinfo en 2016
- Perspectiva Latam: Primer régimen permanente para minería artesanal; intento más ambicioso en años para resolver problema estructural de informalidad
- Implicación: Creación del Fondo Formape y transición desde mecanismo temporal (Reinfo) a marco regulatorio sostenido
| Tipo de regulación | Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) |
| Entidad | Ministerio de Energía y Minas de Perú (Minem) |
| Vigencia | 15 octubre 2024 (presentación); extensión formalización has… |
El Ministerio de Energía y Minas de Perú tiene fecha en el calendario: el 15 de octubre es el plazo que el Minem se fijó para presentar una propuesta de Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) que, si prospera, redefiniría las reglas del juego para cerca de 30,000 operadores que llevan años atrapados en un limbo regulatorio. La iniciativa contempla extender el proceso de formalización hasta finales de 2028, crear el Fondo de Apoyo para la Minería en Proceso de Formalización (Formape) y establecer, por primera vez, un régimen permanente para este segmento. No es un ajuste menor. Es el intento más ambicioso en años por resolver uno de los problemas estructurales más persistentes de la minería peruana.
Treinta años de reformas inconclusas: lo que la nueva ley intenta corregir
Perú lleva décadas intentando formalizar a sus mineros artesanales y de pequeña escala sin lograrlo de manera sostenida. El Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), creado en 2016, fue concebido como una ventana temporal para que los operadores irregulares regularizaran su situación. Esa ventana se extendió múltiples veces. Lo que nació como un mecanismo de transición se convirtió, en la práctica, en un instrumento de permanencia que no exigía resultados concretos de formalización.
El problema de fondo no es burocrático. Es estructural. La minería artesanal y de pequeña escala en Perú opera en un espacio donde convergen la informalidad económica, la ausencia del Estado en zonas remotas, los conflictos con comunidades y la presencia de redes de minería ilegal que se mezclan con operadores que sí quieren formalizarse. Separarlos, registrarlos y conducirlos por un camino regulatorio coherente ha resultado más difícil de lo que cualquier gobierno anticipó.
El Minem ahora propone una salida diferente: un régimen permanente que no dependa de prórrogas sucesivas, con un fondo específico de apoyo y un horizonte de tiempo definido hasta 2028 para completar el proceso. La lógica es que si el Estado establece condiciones estables y herramientas concretas de apoyo, los operadores tendrán menos excusas para mantenerse fuera del sistema.
Qué propone el Formape y por qué el financiamiento es la clave
La creación del Formape es quizás el elemento más novedoso de la propuesta. Los procesos de formalización en Perú han fallado históricamente no solo por falta de voluntad de los operadores, sino por la incapacidad real de cumplir con requisitos que implican costos que muchos mineros artesanales no pueden asumir solos. Elaborar un estudio de impacto ambiental, obtener una concesión de beneficio, cumplir con normas laborales básicas — cada paso tiene un precio que supera los recursos disponibles de un minero individual en Madre de Dios o en Puno.
Si el Formape funciona como un mecanismo de financiamiento accesible y con criterios claros de elegibilidad, podría romper ese cuello de botella. El detalle es que la propuesta aún no está pública — el Minem fijó el 15 de octubre como fecha de presentación, lo que significa que el diseño del fondo todavía puede cambiar. Los analistas del sector estarán atentos a quién administra el Formape, bajo qué condiciones se accede y si existen mecanismos de seguimiento para verificar que el financiamiento efectivamente conduce a formalización y no a otro ciclo de aplazamientos.
La experiencia regional no es alentadora. Colombia ha intentado esquemas similares de apoyo financiero a la pequeña minería con resultados mixtos. Bolivia nunca logró construir un instrumento de formalización efectivo para sus cooperativistas. Brasil avanzó más en Pará, pero con conflictos sociales severos. Perú tiene la ventaja de un sector minero formal robusto que genera el canon necesario para financiar instrumentos de este tipo, pero eso también crea tensiones políticas sobre cómo distribuir esos recursos.
Los 30,000 mineros: quiénes son y qué representan
La cifra de 30,000 operadores en proceso de formalización no es homogénea. Incluye desde lavadores de oro en Madre de Dios hasta pequeños productores de minerales no metálicos en la sierra, pasando por operadores de mediana escala que quedaron clasificados incorrectamente en categorías de pequeña minería. Cada segmento tiene necesidades regulatorias distintas.
Madre de Dios concentra la mayor urgencia política. La minería ilegal de oro en esa región ha generado destrucción ambiental masiva, conflictos con comunidades indígenas y presencia del crimen organizado. El desafío ahí no es solo formalizar a quienes quieren serlo — es separar con precisión a los operadores legítimos de las redes ilegales que usan el paraguas de la formalización como escudo. Si la nueva ley no resuelve esa distinción con mecanismos verificables, corre el riesgo de legitimar operaciones que no deberían existir.
En la sierra sur y centro, el perfil es diferente. Muchos pequeños mineros operan en zonas donde la gran minería formal tiene presencia limitada, y sus operaciones son la base económica de comunidades enteras. Para ellos, la formalización no es solo un requisito legal — es el acceso a crédito, a mercados internacionales de minerales responsables y a esquemas de seguridad social que hoy no tienen. Un régimen permanente bien diseñado podría transformar esa realidad.
Régimen permanente: el debate de fondo que la propuesta tendrá que resolver
Establecer un régimen permanente para la pequeña minería y la minería artesanal es una decisión de política pública con consecuencias que van más allá de la regulación sectorial. Implica reconocer que este segmento no desaparecerá y que el Estado debe crear condiciones de largo plazo para su operación legal, en lugar de gestionarlo con prórrogas indefinidas.
El riesgo es que un régimen permanente mal diseñado se convierta en una puerta trasera para la minería ilegal. Si los requisitos de ingreso son demasiado laxos o si la fiscalización es débil, el régimen puede generar el efecto contrario: más informalidad disfrazada de legalidad. La Contraloría General de la República y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) tendrán que estar en el centro de cualquier esquema de control creíble.
Hay otro frente político que el Minem no puede ignorar: las comunidades indígenas y campesinas que conviven con la pequeña minería en sus territorios. La consulta previa establecida por el Convenio 169 de la OIT obliga al Estado a consultar con estas comunidades antes de adoptar medidas legislativas que les afecten directamente. Si la nueva ley MAPE no incorpora ese proceso de manera genuina, enfrenta un riesgo jurídico real que podría derivar en impugnaciones ante el Tribunal Constitucional.
Plazos y riesgos: lo que octubre no resuelve
Presentar una propuesta el 15 de octubre es solo el primer paso. El proceso legislativo peruano — con un Congreso fragmentado y una agenda política que cambia de semana a semana — puede estirar ese calendario de maneras imprevisibles. En los últimos seis años, Perú ha tenido seis presidentes. Cada cambio de gobierno ha significado, en mayor o menor medida, una interrupción o redefinición de las prioridades mineras.
Para los inversionistas en minería formal, la MAPE es un termómetro de la capacidad del Estado peruano para gestionar su sector extractivo en toda su complejidad. Un Perú que resuelve su problema de formalización artesanal con un marco coherente y sostenible es un Perú que da señales de madurez institucional. Uno que vuelve a prorrogar el Reinfo por quinta vez sería una señal en sentido contrario.
La propuesta del Minem para el 15 de octubre llega en un momento en que Perú necesita recuperar confianza inversionista. La cartera de proyectos mineros pendientes supera los US$53,000 millones, pero los conflictos sociales y la inestabilidad regulatoria frenan su desarrollo. Resolver el flanco de la minería artesanal no desbloquea automáticamente esa cartera, pero elimina una fuente persistente de tensión que complica el entorno. El diseño de la ley, los recursos del Formape y la capacidad de fiscalización del Estado determinarán si este intento es diferente a los anteriores — o si dentro de dos años estaremos reportando la próxima prórroga.