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El Poder Ejecutivo presentó hoy formalmente a la Cámara de Diputados el proyecto que crea la nueva Ley MAPE, que tiene por objeto establecer el marco jurídico especial para la autorización, regulación, supervisión, fiscalización, trazabilidad y promoción de las actividades de pequeña minería y minería artesanal en el territorio nacional.
Según el documento aprobado en sesión del Consejo de Ministros el martes 13 de octubre, la iniciativa del Ministerio de Energía y Minas (Minem) contempla un régimen de transición de dos años: desde el 1 de enero de 2027 hasta el 31 de diciembre de 2028, dirigido exclusivamente a los 31.563 operadores inscritos en el REINFO que logren acreditar el cumplimiento de requisitos.
La estructura de la nueva Ley MAPE se organiza en dos vías: un régimen ordinario permanente, para nuevos operadores y quienes ya cuenten con autorización definitiva; y un régimen de consolidación excepcional, para quienes están inscritos en el REINFO y necesitan completar trámites pendientes relacionados con derechos de concesión, instrumentos ambientales y autorización de actividades.
La propuesta señala inequívocamente que no habrá incorporación automática pues cada interesado deberá demostrar su situación legal, ambiental y administrativa para acceder al régimen de consolidación. Quienes no completen el proceso durante ese plazo, quedarán fuera del sistema.
El objetivo es evitar nuevas prórrogas generales y avanzar hacia una formalización real, no solo administrativa.
Uno de los cambios más destacados es la creación del Organismo Nacional para el Fortalecimiento de la Minería Artesanal y Pequeña Minería (Formape), ente bajo el paraguas del Minem y que concentrará funciones como la evaluación de impacto ambiental, otorgamiento de acreditaciones, autorización de operaciones, supervisión de seguridad laboral, promoción de tecnologías limpias y sistemas de trazabilidad del mineral.
La trazabilidad del oro es otro de los ejes centrales. La norma propone seguir la cadena desde la extracción hasta la comercialización final, incluyendo a transportistas, acopiadores, procesadores y compradores. Se implementarán sistemas digitales y una Casilla Electrónica Única para registrar cada movimiento.
La medida contempla medidas de inclusión económica y autoriza al Banco de la Nación a ofrecer servicios financieros a pequeños mineros y artesanales. El proyecto aún debe ser debatido y aprobado por el Congreso antes de fin de año.
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